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VALENCIA. Los consejeros de la Sociedad de Garantías Recíprocas de la Comunitat (SGR) sancionados por el Banco de España se enfrentan a una multa conjunta que supera los 1,37 millones de euros. Se trata de una cantidad sustancialmente inferior (un 54%) respecto a las sanciones que se les impusieron en un primer momento por su responsabilidad en el incumplimiento por parte de la sociedad avalista de los requisitos mínimos de solvencia durante el tiempo en el que estaban en el consejo.
A pesar de estimar parcialmente sus alegaciones y aplicar a todos los consejeros una rebaja, atípica tratándose del Banco de España, los vocales sancionados tienen la intención de agotar todas las vías a su alcance para no tener que pagar nada, ya que no se sienten responsables de la infracción muy grave que se les imputa, la de haber incumplido los requerimientos de recursos propios por debajo del 80% durante los seis meses previos al rescate de la sociedad.
Los 200.000 euros que se le impusieron a la sociedad en un primer momento se han quedado en 130.000, un descuento del 35%. A los consejeros se les han aplicado reducciones mayores que, en algún caso, superan el 80%. La máxima penalización corresponde al expresidente, José Roca, y el exdirector general, Juan Manuel García Puchol, que tendrán que depositar 60.000 euros en lugar de los 100.000 iniciales.
En la propia resolución del Banco de España, el supervisor refleja que su resolución es firme y da treinta días de plazo para presentar un recurso de alzada ante el Ministerio de Economía. La segunda vía es la contencioso administrativa, opción por la que se decantará la mayoría de los afectados.
NO TENDRÁN QUE PAGAR, DE MOMENTO
La decisión de los consejeros de seguir litigando les evita tener que depositar cantidad alguna por el momento. Según explica el Banco de España, el artículo 113.1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, el supervisor solo puede ejecutar las sanciones cuando estas han adquirido firmeza en vía administrativa.
Es decir, si la resolución no es recurrida en alzada ante el Ministerio de Economía y Competitividad en el plazo de un mes o si el expedientado interpone recurso contencioso-administrativo solicitando la suspensión cautelar de la ejecución de la sanción.
En el siguiente cuadro se detalla la sanción original impuesta a cada consejero y la que tendrá que afrontar tras la rebaja, así como el porcentaje en el que se le ha reducido la misma.
Pues ya ves, la broma de su nefasta gestión nos cuesta a los valencianomás de 100 millones de euros y al final la multa a los responsables (que no la pagarán) es de risa. Así, ¿Cómo queremos acabar con este tipo de abusos?.
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