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El ‘circo mediático' que vivimos desde hace algunas semanas a propósito de la posible inhabilitación del juez Baltasar Garzón está provocando que nuestro poco valorado sistema de justicia sufra un nuevo desgaste. Todos los días leemos y escuchamos noticias que se hacen eco de distintas voces, todas opinando -a favor o en contra- acerca de un proceso que debería ser instruido y resuelto por el único órgano competente para ello, el Consejo General del Poder Judicial, sin más presión o injerencia que la exigencia de actuar con equidad, justicia y rigor, tal como exige el imperativo constitucional.

Por el contrario, observamos cómo los magistrados, convertidos ahora en comentaristas de un proceso dilatado donde todos los agentes sociales parecen tener algo que decir, quizá han olvidado que su cargo es público y que deberían hacer más ejercicio de responsabilidad y de humildad, dejando de lado los protagonismos y, sobre todo, los partidismos.

En un sistema democrático sustentado en la división de poderes es intolerable que el poder judicial, concebido como independiente, imparcial y sometido al imperio de la ley, actúe en la práctica como un apéndice del poder ejecutivo, de tal modo que sus magistrados, convertidos en una suerte de marionetas, obedezcan las presiones e injerencias del partido político al cual se encuentran ideológicamente más próximos, o al cual directamente deben su cargo. Son estos magistrados los que vierten sus opiniones en los medios como si de políticos se tratara, manifestándose antes como ciudadanos de a pie que como profesionales implicados en el proceso que se está dirimiendo.

Respecto a la libertad de expresión de los jueces, dice expresamente la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en su artículo 418.3 que es una falta grave "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de Juez o sirviéndose de esta condición".

La interpretación más sencilla de este artículo viene a decir que el juez debe ceñirse al ámbito de sus funciones, también a la hora de opinar, puesto que su independencia, entendida no sólo como derecho sino como deber, le exige responsabilidad y no injerencia en los asuntos que no son de su competencia, especialmente en el terreno político.

También dice la LOPJ en su artículo 401.2, relativo al derecho de asociación profesional de jueces y magistrados, que el único fin de estas asociaciones es "la defensa de los intereses profesionales y la realización de actividades encaminadas al servicio de la justicia en general", señalando explícitamente: "No podrán llevar a cabo actividades políticas ni tener vinculaciones con partidos políticos o sindicatos". A veces no es necesario tener el carné de miembro de un partido o de afiliado a un sindicato para actuar como tal. Considero que, por desgracia, ya hemos visto demasiados ejemplos en la trayectoria del poder judicial en España.

Es de agradecer que exista ahora un movimiento en la judicatura que está denunciando la excesiva politización del poder judicial, con el objetivo de conseguir una renovación de todo el sistema para asegurar un poder independiente y responsable, apolítico, que actúe sin presiones externas de otros poderes públicos y que persiga como fines la mejora del servicio público de justicia. Pero este movimiento olvida que el poder judicial no son sólo los jueces y los magistrados, sino que en la práctica lo integran todos los profesionales que nutren el sistema de prestación de justicia.

Abogados, secretarios judiciales, fiscales, procuradores, todos tenemos algo que decir en esa necesaria renovación para que las consecuencias sean positivas para el ciudadano. Porque un peligro equiparable a la politización dentro del poder judicial podría ser el corporativismo, esto es, la defensa de los intereses de una profesión en detrimento del legítimo interés público. El ciudadano merece un poder judicial independiente y democrático, que garantice con todo el rigor exigible su derecho a recibir justicia reconocido constitucionalmente.

De momento, tan sólo ha habido tímidos pasos en la dirección correcta. Uno de ellos ha sido la reciente firma de un convenio entre el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General del Poder Judicial, según el cual la Abogacía podrá intervenir como asesor en el nombramiento de los presidentes de las Audiencias Provinciales y de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y también podrá emitir informe, a instancia de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, sobre las propuestas para cubrir el servicio de los jueces sustitutos.

Esto es un paso adelante en la mejora del funcionamiento interno del poder judicial, pero será necesaria una renovación mucho más profunda para recuperar el crédito y la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia. Una reforma que deberá afrontar dos importantes procesos: la urgente despolitización y la necesaria democratización profesional de sus estructuras.

(Francisco Real Cuenca es decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV)