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VALENCIA. No hace mucho un artículo en el Financial Times decía que lo más sorprendente en España es que parece que los votantes no penalizan a los políticos corruptos en las urnas. Ya se ha hablado de corrupción en otras entradas, por ejemplo aquí y aquí, donde se afirma que España es uno de los países en los que se percibe que la corrupción es mayor y se enfatiza la necesidad de aplicar reformas para atacar el problema. Sorprendentemente, España es también el país donde los ciudadanos afirman que la corrupción afecta más a su vida diaria, pero ¿por qué los ciudadanos siguen votando a políticos corruptos?

Si el sistema democrático funciona correctamente, los votantes podrán evaluar las acciones de los políticos y recompensarles (o no) por ellas con su voto en las siguientes elecciones. Pero cuando los votantes no tienen información perfecta sobre el desempeño y las acciones de los políticos que les representan, no pueden penalizarles o recompensarles en las urnas. Una prensa independiente puede dar este tipo de información a los votantes, pero en muchos casos serían necesarias auditorías e investigaciones más detalladas accesibles para los ciudadanos.

Hay muy pocos estudios que analicen el tema para el caso español. Uno de ellos, Costas-Pérez et al (2012) , analiza el efecto de la información sobre escándalos de corrupción en los resultados electorales, utilizando datos de elecciones municipales durante el periodo 1996-2009 y datos sobre cómo la prensa cubrió cada uno de los casos y habló de la intervención judicial en cada uno de ellos. Los resultados  sugieren una pérdida de votos de hasta un 14% en casos de escándalos de corrupción muy comentados en prensa o en los que el político en cuestión ha sido condenado.

En casos en los que no ha habido intervención judicial, o que se han desestimado, el efecto es nulo. En otro artículo, Fernández-Vázquez et al (2015) , utilizan datos de las elecciones municipales de 2011 y de casos de corrupción tratados por la prensa para analizar los efectos electorales de la corrupción. Encuentran que la penalización electoral sólo existe en los casos en los que los ciudadanos no se beneficiaron de los actos de corrupción, en comparación con aquellos casos en los que algunos votantes podrían haberse beneficiado de la existencia de corrupción, al menos en el corto plazo, como los relacionados con el boom inmobiliario.

De todas formas, el hecho de que un caso de corrupción salga a la luz, o sea tratado extensamente por la prensa, no puede considerarse un evento exógeno o aleatorio, ya que puede haber variables que afecten a la probabilidad que el caso se desvele y, por lo tanto, sea conocido por los votantes; y también que influyan en la evaluación que los votantes hacen del político involucrado en las elecciones.  Por ejemplo, no podemos ignorar la influencia de otros partidos políticos o de prensa simpatizante con otros partidos políticos en esta relación, y es fácil pensar que aquellos políticos cuyos casos de corrupción salen a la luz primero podrían ser aquellos que cuentan con menos apoyo dentro de sus partidos.

Si la información puede manipularse políticamente, puede que los votantes no la tengan en cuenta al tomar sus decisiones electorales. Para poder analizar la penalización de los votantes a los políticos corruptos haría falta un "shock" aleatorio y no relacionado con el ciclo político o con características del municipio en cuestión, que afecte la probabilidad de que un caso se conozca, y de que los votantes tengan información sobre dicho caso.

Un "shock" aleatorio de estas características tuvo lugar en el caso de Brasil.  Claudio Ferraz y Federico Finan (2008) analizaron el efecto de dar información a los votantes sobre las actividades de corrupción de los políticos en los resultados electorales de las elecciones municipales de Brasil en 2004. En su estudio utilizaron el hecho que un programa federal anticorrupción dictaminó que algunos municipios, seleccionados aleatoriamente, fueran sometidos a una auditoría, con el fin de encontrar e investigar casos de corrupción. El programa permitió a los autores comparar los resultados electorales de alcaldes sometidos a auditorías antes de las elecciones de 2004 con los de alcaldes que todavía no las habían recibido.

En 2003 el Gobierno de Brasil empezó a implantar este programa anticorrupción, con el objetivo de reducir el mal uso de los fondos públicos e  incentivar la participación ciudadana en el control del gasto público. Para evitar cualquier tipo de polémica en la selección de los municipios que iban a recibir la auditoria cada mes, se realizaron sorteos mensuales que coincidían con el sorteo de la lotería, a los que se invitaba a miembros de partidos políticos, a la prensa y a ciudadanos.

De todas formas, en su artículo, los autores comparan las características de los municipios auditados antes y después de las elecciones, y encuentran que no presentan diferencias significativas ni en características políticas o referentes al alcalde, como el partido político, años en el poder, votos recibidos en elecciones anteriores, etc.,  ni en características del municipio, como población, el grado de urbanización, educación de la ciudadanía... Un resultado importante de esta comprobación es que el número de casos de corrupción encontrados en los dos tipos de municipio es muy similar, y la diferencia no es estadísticamente significativa.

Los resultados de las auditorías se hicieron públicos, tanto en internet como en los medios de comunicación. En la Figura III de su artículo, que reproduzco a continuación, se puede ver que en comparación con los municipios del grupo de control, que recibieron la auditoría después de las elecciones, aquellos municipios en los que la auditoría se llevó a cabo antes de las elecciones y en los que se observaron dos casos de corrupción, la probabilidad de que el alcalde fuera reelegido disminuyó en 7 puntos porcentuales (un 17%). Incluso aquellos que fueron reelegidos lo hicieron con márgenes de victoria más pequeños.

La existencia de medios de comunicación locales aumentó el efecto, probablemente debido a que proporcionaban información a los votantes. La circulación de periódicos en Brasil es baja, pero las emisoras de radio juegan un papel importante en política. En los municipios donde se identificaron 3 casos de corrupción, la probabilidad de reelección del político disminuyó. En concreto, en los que disponían de emisora de radio, bajó un 16.1%, y solo un 3,7% en los que no disponían de ella. En cambio, en municipios en los que no se detectaron casos de corrupción, la existencia de emisoras de radio aumentó las probabilidades de reelección en un 17%.

Ante información creíble sobre casos de corrupción, los votantes pueden decidir penalizar al político en las urnas, pero por otro lado si la corrupción puede beneficiar  a algunos votantes, éstos pueden favorecer a políticos corruptos que utilizan parte de los recursos para, por ejemplo, comprar votos. En un artículo más reciente, Banerjee et al (2014), realizan un experimento en el estado de Uttar Pradesh, en India, donde utilizan viñetas que dan  información a algunos votantes sobre características de los políticos, incluyendo corrupción y actividades criminales dentro de la lista. Hay que tener en cuenta que en Uttar Pradesh el 25% de los políticos tiene antecedentes criminales serios.

Las viñetas describen a 3 candidatos hipotéticos en un distrito hipotético del estado, y suelen ser útiles para descifrar las preferencias de los votantes y ponerlos en una situación cercana a la realidad. Hay que destacar que lo más importante es que les permiten controlar perfectamente la información que reciben los votantes. Los resultados del experimento demuestran que los votantes dan menos apoyo a candidatos corruptos o con antecedentes criminales, lo que les permite concluir que el problema puede ser la falta de información a la que se enfrentan los votantes sobre las actividades de sus posibles representantes.

El sistema electoral en España es diferente, lo que podría dar lugar a resultados un poco distintos debido a la existencia de listas cerradas, y estos experimentos deberían repetirse en otros sitios para comprobar que los resultados se mantienen, pero la importancia de la información cuando hablamos de casos de corrupción y de políticos que se presentan a las elecciones aun habiendo estado involucrados en estos casos sugiere la necesidad de auditorías creíbles organizadas por instituciones fuertes que también puedan actuar como una fuente de información independiente. Guste o no, en las democracias constitucionales, la supuesta economía libre está sujeta a intervenciones estatales más o menos fuertes, mientras que la política y el gobierno están o parecen estar poco sujetos a controles que impidan abusos de poder.

Pero esa no es la imagen que los políticos y sus medios transmitían hasta hace poco. En España, hasta fines de 2011, la lectura de El País insinuaba que cualquier empresario podía abusar de sus clientes, proveedores y trabajadores porque los controles eran pocos, mientras que los partidos políticos y los gobiernos a todos los niveles estaban sujetos a fuertes controles. Luego algo cambió, y ahora que la competencia electoral por acceder y gozar del poder coactivo del gobierno en todos sus niveles se ha puesto muy intensa y tensa, El País se siente burlado por la sorpresa de la corrupción y alega que los controles no eran tan fuertes (excepto en Andalucía). La falsedad de esta sorpresa causa mucha risa.

Sin reconocer las deficiencias de la institucionalidad de la política y el gobierno, se vuelve difícil precisar cuánto contribuyen los incentivos perversos y la corrupción a la mala gestión de gobierno. Peor todavía, si los votantes y los analistas tienen una idea equivocada -a veces grotescamente equivocada- de lo que un buen gobierno puede hacer. Poco, muy poco a pesar de la mucha investigación académica, se refleja en la propuesta del gobierno como recurso de primera (no última) instancia para proteger nuestros derechos e intereses.