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VALENCIA. La decisión de la Audiencia de Palma hecha pública este lunes de llevar al banquillo al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, considerado número dos de Rita Barberá, deja gravemente 'tocado' al grupo municipal del PP en el ayuntamiento a menos de tres meses de las elecciones locales y autonómicas.
La batalla judicial acontecida en los dos últimos años ha llevado las relaciones entre ‘populares' y socialistas a un clima de alta tensión sin posibilidad de retorno. El pasado mes de diciembre, tras ser exonerado por el juez José Castro, Grau sacaba pecho y exigía la dimisión del portavoz del PSPV y candidato, Joan Calabuig, una andanada que fue refrendada por Rita Barberá con su habitual brío.
El adelanto del auto por parte de la Audiencia de Palma -estaba previsto para el 7 de mayo- pilló este lunes a pie cambiado a Grau, que apenas salió del paso al ser inquirido por los medios de comunicación. "Está estudiando el auto y las posibles actuaciones con su abogado", señalaron ayer fuentes oficiales a este diario. La realidad es que la posición del número dos de Rita Barberá es muy delicada: salvo algún inverosímil subterfugio legal que pueda hallar, el vicealcalde de Valencia se sentará en el banquillo de los acusados por el caso Nóos.
Meses atrás, Grau se defendió con vehemencia ante los medios de comunicación e incluso se permitió el lujo de rechazar de plano la ‘línea roja' del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Una doctrina verbal que obliga a los cargos públicos del PPCV a abandonar su puesto si son llamados al banquillo de los acusados en casos relacionados con corrupción. Atendiendo a ella, Grau tiene a día de hoy un pie fuera del Ayuntamiento de Valencia.
Ahora bien, la toma de esta decisión requiere una disminución de ego por parte de Grau y, más importante aún, de la propia Rita Barberá, que en todo momento ha respaldado a su número dos en este trance. De hecho, y siguiendo la tradición de otros años, nombró al vicealcalde coordinador de la campaña electoral del PP en la ciudad de Valencia. La continuidad de Grau en el puesto hasta las elecciones implicaría un desplante importante al presidente de la Generalitat que además agravaría su relación, poco estrecha de por sí, con Rita Barberá.
LA AUDIENCIA, INFLEXIBLE
El auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca mantiene las mismas tesis que ya apuntó el pasado mes de noviembre cuando ordenó el procesamiento de Grau en contra del criterio del juez instructor, José Castro, y de la Fiscalía. De hecho, el órgano judicial lo recuerda a lo largo de las nueve páginas de su resolución. "No ha cambiado nada respecto a las razones que motivaron la resolución anterior", señala el auto.
En aquella resolución la Audiencia destacaba, como ahora, que la Fundación Valencia Turismo es pública y dependiente del ayuntamiento. Esto implica que debería haber seguido la normativa de contratación pública, que es el eje de la acusación contra Grau. Respecto a su capacidad de decisión en la FVT insiste en que el acuerdo con el entramado de Iñaki Urdangarin fue política y no de los patronos del organismo.
En este sentido, como ya hizo en su día, señala a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de quien lamentó que fuera excluida del proceso judicial, como a Francisco Camps. La participación de Grau en los hechos parte tanto del compromiso económico del Consistorio como del hecho de que, para llevar a cabo la iniciativa, era necesaria la participación del Ayuntamiento y "ésta estaba ya comprometida desde el momento en que [la alcaldesa] Rita Barberá remite" a Iñaki Urdangarin y a su exsocio Diego Torres "a la FTVCB y a Cacsa, y luego el secretario de Eventos pide al señor Grau que se sume al proyecto, cosa que hace".
De acuerdo a un auto anterior de la Audiencia, en el marco de las contrataciones para los Valencia Summit se realizaron se orilló el interés general, se prescindió de los cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado así como tampoco se fiscalizó el desarrollo del convenio ni se pidió al Instituto Nóos que justificara el destino de los fondos recibidos.
La Audiencia exige, por tanto, la inclusión de Grau en el juicio al apreciar "un delito continuado de prevaricación administrativa, otro también continuado de malversación de caudales públicos, otro también continuado de fraude a la Administración, otro también continuado de tráfico de influencias y otro de falsedad en documento oficial".
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