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VALENCIA. No hay día que pase sin que aparezca algún político en los medios de comunicación afirmando que su objetivo prioritario es crear empleo, o que el fin último de toda su política económica será aumentar el empleo. Incluso, muy frecuentemente, algunos, incluso, prometen crearlo especificando una cifra precisa: dos millones, 800.000 o 650.000. No es que me parezca mal que lo hagan. Simplemente, me resulta fascinante el aplomo con el que lo dicen.

Porque, sin perjuicio de que la capacidad que un gobierno tiene para crear empleo, de manera directa, es bastante reducida, puesto que éste depende, fundamentalmente, de la cantidad, tamaño y "calidad" de las empresas dispersas por el territorio; y sin perjuicio, asimismo, de que los gobiernos sí pueden obstruir, o facilitar, con su comportamiento un clima favorable para aquellas, no soy muy partidario de situar al empleo, así, en general, como el único fin de la política económica.

Entre otras cosas, porque, en rigor, el objetivo último de toda política económica que se precie, no puede ser otro que elevar el nivel de vida de los ciudadanos; de todos los ciudadanos, sin excepción. Lo cual, a su vez, requiere que se cumplan dos condiciones imprescindibles. Primera, que la Renta Per Cápita (RPC) crezca. Y segunda, que su distribución sea lo más equitativa posible. La primera de ellas, la RPC, se obtiene dividiendo el la Renta Nacional entre el número de habitantes de un país. Y la segunda, se mide con algún índice de desigualdad, como el de Gini, por ejemplo, que cuantifica la divergencia entre los grupos de población en función de sus ingresos y el porcentaje de la renta total que éstos obtienen.

En rigor, un país en el que su RPC crece de manera continuada y a tasas razonables (sin incurrir en costes medioambientales elevados o irreversibles), y en el que, además, dicho crecimiento se produce siguiendo una senda equitativa en el reparto de aquella, es un país en el que merece la pena vivir; vigoroso, dinámico, y con altos niveles de cohesión social, sea cual sea su nivel de empleo.

Y bien, aquí es donde comienzan los problemas, porque de inmediato surge la fatídica pregunta: ¿y esto cómo se consigue? La respuesta es que, a corto plazo, y en el caso de que exista algún grado de desempleo, la RPC puede crecer, en efecto, simplemente empleando a más gente. Y suponiendo, además, que los salarios siempre son mayores que los subsidios percibidos por los desempleados, ello puede producir una leve mejoría en los niveles de desigualdad existentes hasta entonces.

Sin embargo este tipo de crecimiento tiene las alas muy cortas, por así decirlo. En cuanto la tasa de desempleo no pueda ya bajar más, la RPC solo puede crecer a través de aumentos en la productividad por trabajador ocupado. Y entonces, la única forma de reducir los niveles de desigualdad es la de garantizar, por una u otra vía, que los frutos de dicho aumento de productividad se repartan equitativamente entre los propietarios del capital y los trabajadores.

Una garantía que puede asumirse por las propias empresas, en el caso de que estas se consideren responsables ante sus trabajadores, y no sólo ante sus accionistas. O la puede proporcionar el Estado a través de gravámenes sobre los ingresos provenientes de los beneficios, superiores a los de las rentas del trabajo; o mediante otro algún tipo de transferencias monetarias (por ejemplo, becas de estudio, ayudas a la compra de vivienda, etc.) o en especie; y que, en todo caso, supongan, directa o indirectamente, una elevación de la renta real de los trabajadores, al margen de su retribución estrictamente salarial. Naturalmente, esta segunda vía, estaría obligada a crecer en intensidad, en la medida que la primera se reduzca.

Uno de los indicadores que habitualmente utilizamos quienes investigamos sobre la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) para medir el compromiso real de éstas con sus trabajadores, es la divergencia interna salarial entre los componentes de la alta dirección y el trabajador medio, expresado dicho indicador como el número de veces que el salario de este último está incluido en el obtenido por aquellos.

Pues bien, en el último informe realizado en la Universitat de València sobre Cultura, Políticas y Prácticas de Responsabilidad en las Empresas del IBEX 35, correspondiente a 2014, nos encontramos con el siguiente abanico de ratios, tan dispersos y variados, como inexplicables.

Fuente: T. García Perdiguero y A. García Reche (directores): Informe 2104. 'Cultura, políticas y Prácticas de responsabilidad en las Empresas del IBEX 35'.

Como puede observarse, desde las 57,8 veces el salario medio (casi un 5.000% más) que cobra un alto directivo del Banco de Santander, o las 39,5 de Inditex, o las 35,5 de Telefónica, hasta las 2,9 de Bankinter (algo menos de un 200%), las 3,8 de Técnicas Reunidas, las 3,9 de Enagas, las 4,6 de Red Electrica, o las 5,4 de Mediaset, existe un arco iris de retribuciones de lo más variopinto y exótico, sin que pueda encontrarse justificación económica posible para tamaña dispersión, utilizando cualquier criterio razonable.

¿Acaso son peores los directivos de estas últimas empresas que los de las primeras? ¿Es que existe una relación directa entre los beneficios obtenidos por cada una de ellas y los respectivos sueldos de sus ejecutivos? ¿Puede, quizá, demostrarse que los avances de productividad obtenida por éstos justifican tales diferencias? La respuesta en todos los casos es no. Lo que ocurre, sencillamente, es que unas empresas son más responsables y equitativas que otras con sus propios trabajadores (al menos, en el aspecto salarial). Lo que viene a indicar, por otra parte, que el mercado de directivos, como sucede con otros muchos mercados, no es, ni de lejos, perfecto.

O sea, que preocupémonos del empleo, sí, pero preocupémonos, sobre todo, por la mejora de las condiciones generales para que el empleo se cree por parte de quienes tienen que hacerlo: las empresas; y, desde luego, por evitar que, con empleo, o sin él, la brecha de la desigualdad siga extendiéndose por todos los rincones de la sociedad, sin que ya nadie pretenda siquiera detenerla. ¿Demasiado trabajo para un político, quizá?