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VALENCIA. Lo esperado de la noticia no implicó una mejor digestión. El Comité Electoral Nacional del PP desveló este viernes los nombres de otros cuatro candidatos autonómicos de cara a las elecciones que tendrán lugar el próximo 24 de mayo. Aunque se esperaba que se hiciera pública alguna designación ayer, esto no impide que los nombramientos de cabezas de cartel por fases decidida por Mariano Rajoy estén causando malestar entre los damnificados.
El presidente de la Generalitat y líder del PPCV, Alberto Fabra, es uno de ellos: precisamente un aspirante sobre el que existen dudas tal y como la dirección nacional ha dejado claro en las últimas semanas. Para colmo, ha tenido que ver como entre los seis ya bendecidos está el presidente extremeño, José Antonio Monago, con quien ha sostenido varias batallas dialécticas a lo largo de la legislatura.
El retraso del nombramiento de Alberto Fabra, si es que finalmente se produce como así se opina generalizadamente en el PPCV, está debilitando más si cabe al jefe del Consell. Algunos dirigentes valencianos califican de "humillante" el método de Rajoy e incluso consideran que la táctica orquestada contribuye a empequeñecer las opciones de la formación 'popular' en la Comunitat Valenciana.
La interinidad que implica que Fabra, precisamente uno de los líderes más cuestionados internamente, no sea refrendado como candidato se agrava en días como ayer, cuando figuras que lo han sido prácticamente todo en el Consell y en el PP como José Luis Olivas (expresidente de la Generalitat), Vicente Rambla (exvicepresidente), Ricardo Costa (exnúmero dos del PPCV), David Serra (exvicesecretario general) o Cristina Ibáñez (todavía gerente del PPCV) se ven acorraladas por la justicia por diferentes casos.
Así, la Fiscalía Anticorrupción hizo pública este viernes su solicitud de una pena de siete años y nueve meses de cárcel para Rambla y Costa por delito electoral y falsedad documental dentro del 'caso Gürtel' que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Por su parte, el PSPV pidió tres años y medio de cárcel para los exresponsables del PPCV por financiación ilegal en 2007 y 2008.
Por otro lado, también se conoció este viernes que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto el pago de una fianza en concepto de responsabilidad civil solidaria de 800 millones de euros a Bankia, a su matriz el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), al ex presidente Rodrigo Rato y a los antiguos miembros del consejo de administración José Luis Olivas, Francisco Verdú y José Manuel Fernández Norniella. Según refleja el auto, se da un plazo de un mes a todos ellos para depositar este dinero para asegurar las eventuales responsabilidades que se deriven de la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad.
Si bien estas cuestiones, protagonizadas por dirigentes actualmente alejados de la primera línea de PP y Consell, no atañen directamente a Alberto Fabra, diferentes fuentes 'populares' coinciden en que la marca PP en la Comunitat Valenciana se ve afectada. Precisamente por ello, varios sectores del partido, incluso algunos críticos con el presidente Fabra, lamentaban ayer que el candidato regional siga sin definirse a estas alturas, puesto que no existe un liderazgo fuerte y respaldado por Madrid mientras las noticias sobre tribunales van ocupando las portadas de todos los periódicos.
A favor de esta tesis existen varios argumentos. Que varios asuntos judiciales iban a estallar -Valmor- o a definirse -financiación irregular y Fitur- a las puertas de las elecciones se conocía desde hace tiempo, por lo que algunos dirigentes confiaban en que desde Madrid se hubiera trazado un plan más efectivo para la Comunitat Valenciana.
Si a Fabra puede otorgársele un mérito a lo largo de esta legislatura ese ha sido la lucha por alejar a su partido de la sombra de la corrupción y, aunque con algunos errores de bulto, tratar de distanciarse de la herencia recibida. Sin embargo, y a sabiendas de que el jefe del Consell y líder del PPCV no tiene margen de maniobra ante el bombardeo judicial que se cierne sobre el partido en la Comunitat, desde Madrid no se le da el espaldarazo necesario para, en estos momentos, aparecer como un candidato apoyado y al mismo tiempo alejado de estos procesos.
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