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VALENCIA (EP). La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de siete años y nueve meses de cárcel para los exdirigentes del PPCV y exdiputados en las Corts Vicente Rambla y Ricardo Costa por delito electoral y falsedad documental dentro del 'caso Gürtel' que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Así se desprende de la calificación del ministerio público, que presentó este jueves --un día antes de que finalizara el plazo para hacerlo-- y que se enmarca en las piezas 1, 2 y 6 del 'caso Gürtel', en las que hay procesadas 20 personas por delito electoral, falsedad y delito fiscal.
Las dos primeras piezas del caso Gürtel se refieren a un presunto delito electoral relativo a las elecciones locales y autonómicas celebradas en 2007 en la Comunitat, y a un delito de falsedad en documento mercantil cometido en 2008. Mientras que la pieza 6 se limita a delitos fiscales atribuidos a Orange Market S.L. y a algunas de las sociedades del Grupo Correa.
El ministerio público reclama la misma pena de prisión para el que fuera vicesecretario general del PPCV desde septiembre de 2007 hasta octubre de 2008 y diputado 'popular' David Serra; y para la administradora de la candidatura del PP en las elecciones de 2007 y gerente regional del partido desde 1995 Cristina Ibáñez.
Así se desprende de la calificación fiscal de las piezas 1, 2 y 6 del caso Gürtel, en las que hay procesadas 20 personas por delito electoral, falsedad y delito fiscal. Sin embargo, el ministerio público ha dejado fuera de su escrito al empresario José Enrique Fresquet, de Pavimentos del Suroeste, luego denominada Padelsa Infraestructuras, con lo que acusa a 19 personas.
En total, los procesados del PPCV son cinco: Rambla, Costa --quien fue exvicesecretario general del partido desde 2004 hasta junio de 2007 y después secretario general--, Serra, Ibáñez y Yolanda García. Esta última fue exgerente del partido y para ella el fiscal pide una pena de seis meses de prisión como "cómplice" del delito electoral de las Elecciones Generales de 2008.Los servicios prestados por Orange al PPCV con motivo de las elecciones de 2007 que no fueron objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria son, al menos, 78.878,33 euros en las elecciones municipales y 1.155.231,43 euros en las autonómicas. Así mismo, los servicios prestados por la mercantil en las elecciones de 2008 que no se contabilizaron ni declararon ascienden a 801.810,56 euros.
EMPRESARIOS QUE SALDAN DEUDAS
Por otro lado, el fiscal considera que se infringió la genérica prohibición legal de abono de los gastos de los partidos políticos por terceras personas. De esta forma, algunos grupos empresariales, que tenían contratos con las Administraciones públicas, abonaron determinadas cantidades a Orange en forma de donación al PPCV.
Así, los empresarios realizaron distintos pagos a Orange por trabajos que realmente no se habían producido y que sirvieron para sufragar la deuda que mantenían los 'popular' con esta sociedad mercantil por sus trabajos en Valencia.
Varias de estas empresas declararon ante la Agencia Tributaria los pagos de los supuestos servicios prestados por Orange Market, obteniendo con ello una indebida deducción en el Impuesto sobre Sociedades y repercusión en el IVA que no llegó a generar, aisladamente considerada, una ocultación superior a 120.000 euros anuales.
En concreto, Piaf S.L. entregó al PPCV en 2007 la cantidad de 26.912 euros; y en 2008, 4.400 euros. Facsa y Aguas de Castellón pagó 150.000 euros en 2007 y 200.000 euros en 2008; Grupo Vallalba S.L., CHM Obras e Infraestructuras S.A. y Padelsa Infraestructuras S.A. abonó un total de 199.520 euros; Luis Batalla S.A. y Lubasa Desarrollos Inmobiliarios S.L. pagaron 110.200 euros; Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras S.A., perteneciente al Grupo Ortiz, abonó 348.115 euros para la campaña de las Elecciones Generales de 2008; y Sedesa pagó por este mismo concepto 150.684 euros.
Por otro lado, a lo largo de los años 2007 y 2008, el PPCV encargó igualmente otros servicios a Orange de organización de actos no electorales. Parte de estos servicios se abonaron también fuera del circuito legal del dinero y no se contabilizaron, por importe de 508.051,40 euros en 2007 y 918.012,44 euros en 2008.
Los gestores de Orange decidieron que esta mercantil presentara sus declaraciones por los Impuestos de Sociedades y sobre el Valor Añadido de conformidad con la apariencia creada para cubrir irregularidades. Por ello, omitió en sus declaraciones contables y tributarias los ingresos y gastos que en virtud del acuerdo entre éstos y los acusados vinculados al PPCV habían quedado al margen del circuito financiero legal, e incluyó los derivados de su supuesta relación comercial con las empresas que le habían pagado sin correlativa prestación de servicios.
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