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VALENCIA. La caza del topo se ha convertido en el último año y medio en un 'deporte' practicado por unos y sufrido por otros en la Generalitat Valenciana. La filtración de distintos documentos que afectaba a altos cargos del Consell o incluso al propio presidente, Alberto Fabra, llevó a tomar diferentes medidas desde Presidencia con el objetivo de atrapar a los responsables de facilitar información bajo el sello oficial a los medios de comunicación.

Una de las soluciones adoptadas para desenmascarar al autor de estas fechorías fue la de abrir una investigación interna en enero del año pasado. Esta medida incluyó el interrogatorio -alguno de ellos grabado en video- a 15 funcionarios de la Administración: el resultado del mismo fue que no existían "pruebas" para determinar al responsable o responsables de las filtraciones.

Así lo indicó este martes el portavoz de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, quien había solicitado en el mes de octubre las conclusiones de esta investigación. Su petición fue denegada pocas semanas después pero, curiosamente, fue aceptada en diciembre después de que EU interpusiera una querella contra varios consellers por no facilitarles documentación solicitada a sus departamentos.

Blanco, quien tuvo la ocasión de ver ayer cuatro folios de las conclusiones -si bien no se le mostró un anexo con 33 documentos-, tomó a mano notas de los mismos dado que no se le permitió hacer copias puesto que el Consell había declarado "no pública" la documentación. Los resultados de la investigación ofrecieron ciertas conclusiones que no hacen sino engrandecer el surrealismo de la leyenda del 'topo', sin duda uno de los protagonistas de esta legislatura.

En el informe se refleja que en la "toma de declaraciones" de los funcionarios se les preguntaba "si tenían o no inconveniente en que se les grabara y de acuerdo a su voluntad, así se hacía". "Asimismo se les informaba de que les asistía el derecho a no declarar y que las manifestaciones que efectuaran, podrían ser utilizadas en su contra". Tranquilizador.

Las conclusiones de los interrogatorios, según el informe mostrado por Blanco, revelan que la documentación pasó por "multitud de manos" y resultaba "casi imposible que ninguno de los funcionarios tuviera acceso a toda" la documentación filtrada y que "solo los que han tenido acceso a toda la documentación pudieron ser el autor o autores de dichas entregas". Un argumento que exculpa a los empleados públicos y que, como indicó Blanco, apunta a la posible "autoría política" de las filtraciones.

Así, la instrucción llevada a cabo señala que la información divulgada "procede de más de un departamento", como son los de servicio de personal, el de gestión económica y contratación, así como en otras unidades como el servicio de soporte administrativo y coordinación e intervención. Asimismo, puede venir a su vez del gabinete del presidente o de sus direcciones generales, Secretaría Autonómica de Comunicación o su dirección general.

NÓMINA Y CAJA FIJA: LA MIRADA PUESTA EN EL ENTONCES SUBSECRETARIO JESÚS MARÍ

Según relata el documento, en relación a las filtraciones de los gastos de caja fija, se indica que durante los años 2012 y 2013 la mayoría de las facturas pagadas por caja fija se depositaron en una mesa ubicada en una antesala del despacho del subsecretario, entonces Jesús Marí, "de fácil acceso y sin puertas", donde había dos secretarias, hasta que se les daba el visto bueno.

Una vez firmada la documentación, el subsecretario "daba instrucciones a la secretaria para que fotocopiara determinada documentación que había seleccionado previamente" y esta se la devolvía para que fuera guardada "en un cajón bajo llave". Sin embargo, la secretaria "destruyó" estos documentos tras el cese del subsecretario, indica la investigación. Marí, que se marchó a Edem en agosto de 2013, era uno de los principales colaboradores del vicepresidente del Consell, José Císcar, y uno de los dirigentes de los que se habría sospechado desde Presidencia. No obstante, tras haberse producido su salida continuaron las filtraciones. 

En cuanto a la publicación de la nómina del presidente Fabra, la instrucción señala que el entonces secretario general administrativo -funcionario- de Presidencia  pidió, "en julio de 2013, sin explicar para qué, fotocopia de la última nómina -de Fabra-" y fue, justamente la nómina de junio la que salió en los medios de comunicación.

Durante el interrogatorio, el funcionario justificó que había solicitado la nómina y el empadronamiento del jefe del Consell "por un problema que había surgido con las nóminas del director territorial" y quería compararlas porque ambos cobraban indemnizaciones por residencia, ha explicado Blanco al respecto.

Pese a las numerossa pesquisas, la instrucción declara que "no hay pruebas para determinar el autor o autores" de las filtraciones. En este sentido, Blanco subrayó que en Presidencia "no lo debieron tener muy claro, cuando enviaron a interrogar al jefe de prensa del vicepresidente del Consell, José Císcar, de una manera muy sui géneris". Una actuación que está actualmente bajo investigación judicial y que ya se cobró la destitución del jefe de seguridad de Fabra.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario 'popular' en Les Corts, Jorge Bellver, consideró que la divulgación de la investigación interna en el Consell para localizar al topo de Presidencia de la Generalitat, es "una más de las perfomances" del EUPV y su síndic, Ignacio Blanco, dentro de una "batalla fraticida electoral" con el resto de formaciones "radicales" de izquierda de la Comunitat.