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VALENCIA. El Consell apartará al actual jefe de seguridad de Presidencia por su actuación en la polémica 'caza del topo' que impulsó el Gobierno autonómico tras la filtración a la prensa de distintos documentos vinculados a los gastos autorizados por la secretaria autonómica de Coordinación, Esther Pastor. El Consell estima que el policía se extralimitó en su actuación y lo hizo sin conocimiento de ningún responsable político. 

El conseller de Gobernación, Luis Santamaría, ha informado este miércoles que de momento el policía que practicó un interrogatorio sin respaldo judicial al jefe de prensa del vicepresidente José Císcar dejará el puesto de jefe de escoltas pero seguirá en su cargo como número 2 de la Policía Autonómica, cuerpo al que está adscrito. 

Santamaría ha señalado que el Consell trasladará los hechos de los que tiene conocimiento a la Fiscalía por si se derivasen actos consecuencias. Hasta que haya una resolución judicial, el policía seguirá en su puesto en el cuerpo autonómico, si bien dejará de ser el responsable de escoltas de Fabra. 

El Consell abrió una investigación sobre el interrogatorio a al menos uno de los asesores directos de Císcar tras publicarse en la prensa que se realizó de forma aparentemente irregular. 

En una rueda de prensa. el conseller Santamaría, ha dado cuenta de las conclusiones de la investigación encargada al instructor de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunitat Valenciana. Tras haber finalizado el expediente abierto el pasado lunes día 6 de octubre, Santamaría ha explicado que se trasladará "mañana mismo a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia toda la documentación obrante en el expediente para que se determine si existe algún tipo de responsabilidad en el orden penal".

El conseller de Gobernación y Justicia ha anunciado, además, el inicio de actuaciones en materia disciplinaria "para depurar las eventuales responsabilidades que pudieran haberse generado por parte del inspector jefe de la Unidad Adscrita".

Del mismo modo, Luis Santamaría ha informado de que a partir de mañana "el inspector jefe de Presidencia dejará de desempeñar sus funciones como jefe de seguridad de los escoltas y que las mismas pasarán a ser desempeñadas con carácter provisional por el subinspector de la Unidad Adscrita, Santiago Álvarez Casas".

Durante su comparecencia, Santamaría ha detallado que el instructor del expediente ha sido el comisario jefe de la Unidad Adscrita, quien acordó la apertura de una información reservada, asistido en calidad de secretario por otro subinspector del cuerpo policial. El conseller ha explicado, además, que el expediente consta de 13 documentos y se ha entrevistado a diez personas.

Asimismo, ha insistido que, en relación con las filtraciones de documentos de la Generalitat, "no existía investigación policial alguna".

Tras la investigación, ha asegurado: "queda constatado que el 22 de julio se produjo una entrevista entre el inspector jefe responsable de seguridad de Presidencia y el asesor de prensa del vicepresidente en las instalaciones de la Comisaría de Pont de Fusta.

También queda constatado que, al día siguiente (el 23 de julio), se produce una segunda entrevista entre ambos en el despacho del asesor. Queda, asimismo, documentalmente constatado que las entrevistas fueron a iniciativa individual dentro del ámbito de lo que él entendía como de propia responsabilidad como jefe de seguridad de Presidencia".

PRIMERA ENTREVISTA

Respecto a la entrevista del día 22, el conseller Santamaría ha apuntado que, tras una reunión de trabajo convocada a las 12 horas por el subsecretario de la Conselleria de Presidencia para abordar asuntos ordinarios, el jefe de seguridad "se interesa por la ubicación del despacho del asesor de prensa con el ánimo de mantener una reunión".

Según el conseller, "el subsecretario le indica dónde se encuentra el despacho y le acompaña para presentárselo. Una vez efectuadas las presentaciones, el jefe de seguridad expresa al asesor su deseo de entrevistarse con él y formularle algunas preguntas a ser posible en las dependencias de Pont de Fusta, a lo que el asesor accede voluntariamente".

Santamaría ha explicado que, de lo instruido y de las declaraciones aportadas, se desprende que "el inspector jefe y el asesor salen del despacho de este último sobre 13 horas. Nuevamente, basándose en las declaraciones, se vuelve a advertir la presencia del asesor en su despacho alrededor de las 14 horas. Por tanto, pasa una hora entre la salida y el regreso a su despacho. En este intervalo de tiempo se incluye el desplazamiento de ida y vuelta, uno de ellos a pie".

Según Luis Santamaría, el informe estima, "basándonos en estos datos, que el tiempo estimado de la entrevista personal pudo oscilar entre los 30 y los 40 minutos".

En este mismo orden, ha señalado que los funcionarios encargados del servicio de seguridad de la Comisaría "no advierten que en esa fecha se produjera una situación anómala en lo que se refiere a entradas y salidas de personas ajenas a las dependencias durante sus turnos de trabajo".

"Tampoco advierten -ha continuado- que hubiera entrado alguien en la Comisaría en contra de su voluntad o en un estado de nerviosismo aparente. Además, en cuanto a la entrevista mantenida en el despacho del inspector jefe y, según las declaraciones que constan en el procedimiento, existen coincidencias y discrepancias respecto a su contenido".

Entre las coincidencias, Santamaría ha detallado que existen similitudes "en cuanto a fecha, tiempo y lugar de la entrevista, además de las que hacen referencia al fondo de la misma, confirmando ambas que su propósito es el aporte de información sobre la persona o personas que pudieran estar tras las filtraciones de documentos que estaban afectando a la seguridad de la Generalitat".

El conseller ha declarado que se coincide también en la existencia de una segunda reunión, el 23 de julio, en el despacho del asesor de prensa en la que se transmite "la imposibilidad del propio asesor para facilitar datos sobre las filtraciones".

Por otro lado, Santamaría ha dado cuenta de las discrepancias, entre las que señala que el inspector jefe asegura que la entrevista "transcurre en condiciones de normalidad y sin presión, mientras que el asesor indica lo contrario, asegurando que se sintió fuertemente presionado por parte del inspector jefe para obtener su colaboración".

Según el titular de Gobernación y Justicia, "ambas versiones no han podido ser contrastadas más allá de las propias declaraciones de los afectados sin que se aporte dato o prueba alguna que pudiera corroborar la situación de presión que cita el asesor de prensa".

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