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Cuando en el futuro los historiadores de la economía analicen la actual crisis financiera en España, destacarán como rasgo definitorio del comportamiento de las autoridades económicas su magistral uso del principio de la irresponsabilidad. Este principio consiste en que individuos que cuentan con una indiscutida capacidad para definir el conglomerado de incentivos y desincentivos que determina el comportamiento de los agentes (y la percepción del país en los mercados internacionales), actúan o realizan declaraciones pretendiendo contar con la misma capacidad de influencia que un ciudadano medio: es decir, ninguna. El principio alcanzó en España, al menos en mi memoria, su más depurada expresión en 2000 en aquella manifestación contra el terrorismo convocada por el gobierno Aznar con éste, primer responsable de acabar con el mismo, a la cabeza.

José Ramón Quintás
Un excelente ejemplo reciente en el terreno de la economía ha venido siendo el hasta poco director general y presidente de CECA, José Ramón Quintás, hoy dimitido. Tras su sepulcral silencio, e inacción, durante la larga fase en que se gestó la situación actual -lleva en el cargo desde 1994- que obligará a la modificación del estatuto jurídico de las cajas para poder recapitalizarlas, o su no menos atronador mutismo ante declaraciones como las de Hernández Moltó en noviembre de 1999 de que CCLM iba a ser "el brazo armado financiero" de la política económica de José Bono, recuperó la palabra al estallar la crisis.

Pero no para diagnosticar los problemas o para hacerles frente sino para negarlos hasta empeñar su palabra de honor en que ninguna caja iba a ser intervenida y afirmar que "el sistema financiero español era el mejor del mundo". Seis meses después el Banco de España acababa con el reinado de Hernández Moltó. Y su gobernador acaba de anunciar en Valencia que se ha acabado el seguir perdiendo el tiempo. Nadie, sin embargo, le ha exigido al ex presidente de la CECA explicación alguna.

Javier Gómez Navarro
No está sólo. Javier Gómez Navarro, permanente alto cargo (político o empresarial) con el PSOE y hoy presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, ha venido realizando explosivas declaraciones más propias de un tertuliano exaltado que de la presidencia del órgano que agrupa, obligadamente, a todas las empresas del país. Las últimas, las de inicios de este mes. En ellas, cifraba taxativamente en un tercio (más de 100.000 millones) el porcentaje no recuperable del crédito bancario a promotores.

No hace falta ser un experto en banca para saber que esa cifra, al margen de la heterogeneidad de situaciones que existe entre entidades, es inasumible para la actual estructura del sistema financiero español. Pero lo que me interesa destacar es que a pesar de sus implicaciones, Gómez Navarro no consideró conveniente detallar de dónde salía su información. Ni nadie se lo preguntó. Por supuesto menos todavía se sabe de un desmentido, más allá del obligado y tardío de la AEB, de una puntualización o de una llamada al orden a alguien que está obligado a resolver problemas y no a crearlos y, en sus declaraciones, a generar confianza y no a erosionarla.

José María Roldán
Y hasta responsables de la máxima autoridad financiera del país, el Banco de España, aparece también contagiada de este virus de irresponsabilidad y algunos de sus altos cargos hablan de conveniencias y deseabilidades para el sector financiero español como si no fueran ellos los encargados de hacerlas realidad. Lo cual, por otro lado, es incoherente con el sonado aviso del gobernador la semana pasada

En su intervención ante la Junta Directiva de la Asociación Hipotecaria Española, el director general de Regulación del Banco de España, José María Roldán, afirmaba hace pocos días que "parecería deseable que las entidades [financieras] realizaran un esfuerzo de mayor transparencia" e igualmente que "lo que sí parece imprescindible es un esfuerzo mayor por parte de las entidades a la hora de explicar sus fortalezas, debilidades, riesgos y cómo se mitigan y gestionan esos riesgos".

Como cabe observar, el logro de la transparencia no entra, según sus afirmaciones, entre las obligaciones del máximo regulador y supervisor. De lo que se sigue que no podría ser considerado responsable de sus lagunas.

Y aún nos quejamos
Todo ello, en un contexto en donde el comportamiento maximizador de los agentes, y muy especialmente los financieros, no tiene otro límite, como viene demostrando la crisis, que el temor a las pérdidas y la cuantía de la sanción que sean capaces de aprobar y, sobre todo, aplicar los poderes públicos.

Por fortuna, esta presencia del principio de la irresponsabilidad no es exclusivo de España, pero es difícil encontrar otro país próximo (al margen de la desvergüenza de los gobernantes griegos) en dónde alcance tan alto nivel. Mientras se mantenga no cabe esperar que mejore la percepción en los mercados internacionales, interesada o no, de la grave situación económica española y, sobre todo, de la capacidad de sus dirigentes para enderezarla. Y todo ello sin necesidad de tomar en cuenta el circo político que soportamos con la objetora institucional Aguirre como estrella invitada.

(Jordi Palafox es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Valencia)