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VALENCIA. El PP de la Comunitat Valenciana liderado por Alberto Fabra no gana para disgustos. Este lunes sufrió otro sobresalto, en este caso en Orihuela, un municipio controlado en los últimos años por dirigentes afines a Eduardo Zaplana y José Joaquín Ripoll. La tensión entre la dirección local del partido, presidida por la concejal Pepa Ferrando y respaldada por la ex alcaldesa Mónica Lorente, y la cúpula provincial alicantina, liderada por José Císcar, se ha acentuado en la segunda mitad de la legislatura. Ahora bien, este lunes estalló definitivamente la guerra entre ambos bandos.

La chispa que prendió el fuego se produjo en el pleno municipal celebrado ayer en el consistorio, que había venido calentándose previamente. Seis de los 12 ediles del PP, incluida Ferrando, abandonaban la sala para no participar en la votación de una moción de la concejal no adscrita, Asun Mayoral, que pedía el compromiso del Ayuntamiento de Orihuela de no incluir a imputados en las listas electorales. Se da la circunstancia de que precisamente Pepa Ferrando, por el caso Fitur, y otros tres ediles, se hallan en esta condición.

La renuncia a respaldar esta moción por parte de Ferrando y sus afines implica la desobediencia a una orden directa por parte de la dirección provincial del PP, que indicó a los concejales que dieran su voto a favor tal y como se había establecido en los compromisos por la regeneración democrática aprobados en octubre en la convención provincial de Benidorm. Unas medidas que, además, van en la sintonía de la llamada 'línea roja' del líder del PPCV, Alberto Fabra, tal y como reflejaron los 'populares' alicantinos en un comunicado.

En este sentido, cabe recordar que semanas atrás una moción similar en el Ayuntamiento de Alicante fue respaldada por el grupo municipal del PP pese a que la propia alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, se halla imputada, por lo que asumió que no repetiría como candidata en estas circunstancias.

FUEGO CRUZADO DE DECLARACIONES Y COMUNICADOS 

La presidenta local, Pepa Ferrando, estalló en la rueda de prensa posterior al pleno municipal: "Mi puesto en este partido no se lo debo a nadie, no me vendo por nada y si soy presidenta es gracias a los afiliados", señaló la dirigente del PP, quien recalcó que en sus dos años en el cargo "jamás" había tenido "el apoyo ni el respeto de la dirección provincial". No se quedó ahí Ferrando, quien acusó a la citada cúpula de "amenazar, obligar y hacer cuentas para ver quién va en una lista electoral".

Ahora bien, la presidenta local cambió el tono para dirigirse a la dirección regional y al líder del PPCV, Alberto Fabra, si bien sus directrices sobre la casos de presunta corrupción son los mismos que los de Císcar: "No me he saltado las normas del partido", subrayó, para añadir que acataría y respetaría "las líneas establecidas por el presidente regional del PP, Alberto Fabra, a quien apoyo como candidato desde siempre".

La respuesta no tardó en llegar desde la dirección provincial del PP, que emitió un comunicado para anunciar que había solicitado a la cúpula regional que abriera un "expediente disciplinario" a Ferrando y a los otros cinco concejales por "desoír las instrucciones de ambos órganos de dirección". Así, trasladó "la petición de apertura de expediente disciplinario a fin de que sea valorada a través del Comité Regional de Derechos y Garantías" del PPCV.

De esta manera, se escribe un capítulo más de la guerra entre zaplanistas -o antiguos afines al exministro- y ciscaristas -excampistas-. El líder regional, Alberto Fabra, quien a lo largo de su mandato ha mantenido una buena relación con Zaplana, no mencionó el caso ni tomó decisión alguna en la junta directiva celebrada ayer por la tarde.