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VALENCIA. Algunos dirigentes 'populares' parecen inmunes a la 'línea roja' contra los casos de corrupción trazada por el presidente de la Generalitat y líder del PPCV, Alberto Fabra. La dirección del partido en Orihuela junto al Centro Liberal Renovador (CLR) presentaron este martes una enmienda a la totalidad de la moción de la concejal no adscrita, Asunción Mayoral, en la que se insta a impedir a los imputados por supuesta corrupción formar parte de las listas electorales.

Aunque la posición marcada por el PP oriolano está llena de matices, la conclusión es que no hay  intención de seguir con rectitud la línea marcada por parte del máximo responsable del partido. Así, el portavoz adjunto del PP de Orihuela, David Costa, explicó ayer en rueda de prensa que populares y liberales están de acuerdo con "cumplir las líneas rojas que sean marcadas", pero, según sus palabras, es importante que previamente éstas "se especifiquen" para que tengan "claras las reglas del juego, siendo las mismas para todos e impidiendo que se vulneren los derechos de algún concejal". Cabe recordar que en el grupo municipal del PP hay varios ediles imputados entre los que se encuentra la exalcaldesa Mónica Lorente además de la presidenta local del partido, Pepa Ferrando.

Así, la enmienda presentada por los 'populares' oriolanos y el CLR se centra en la presunción de inocencia y la protección del sufragio pasivo, para concluir con la solicitud de un pacto de Estado para una "modificación legislativa a fin de establecer los parámetros y procedimientos para que cualquier cargo electo o de designación pueda ser removida del mismo" y otro gran acuerdo por "la estabilidad democrática" dirigido a "garantizar el respeto a la voluntad popular mayoritaria". Unas propuestas que, al margen de que puedan resultar adecuadas o no, no coinciden con la pretendida férrea 'línea roja' que ha marcado el presidente Fabra a lo largo de la legislatura y que consiste en no poder presentarse en una candidatura si se está imputado en un caso de presunta corrupción.

En este sentido, fuentes 'populares' consultadas por este diario comparaban esta situación con la acontecida días atrás con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, cuyo grupo municipal se vio obligado -por orden de Fabra- a apoyar una moción similar presentada por UPyD. Esta decisión implicó la aceptación por parte de Castedo, imputada en dos casos de presunta corrupción, de que no sería candidata en mayo de 2015. En cuanto a los motivos por los que la dirección regional todavía no ha reaccionado, fuentes 'populares' apuntan a la "simpatía" que a lo largo de la legislatura ha mostrado el presidente Fabra hacia los dirigentes próximos al exministro Eduardo Zaplana, quien siempre mantuvo una buena relación con responsables 'populares' oriolanos como Mónica Lorente.

Así pues, cabe recordar que Orihuela es un municipio de más de 20.000 habitantes, por lo que la última palabra respecto a las candidaturas la tiene precisamente la dirección regional del PPCV. En cuanto a la provincial, ya aprobó recientemente en la convención celebrada en Benidorm varias directrices entre las que se encontraban precisamente medidas en esta línea de cara a impedir que hubiera imputados por corrupción en las listas locales.