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GRUPO PLAZA
convoca nueve nuevas plazas

La Universitat de València asegura no poder continuar con 400 puestos vacantes y desafía a Hacienda

E. PASTOR. 15/08/2014 La institución convoca plazas de personal y de promoción interna tras acumular entre 2012 y 2013 más de 400 puestos vacantes por no poder contratar

VALENCIA. Los recortes de personal han llegado al límite en la Universitat de València (UV). Un total de 400 puestos de su plantilla se encuentran vacantes por las restricciones del Ministerio de Hacienda que, en el año 2012, prohibió la incorporación de nuevo personal, una norma que quedó incluida en los Presupuestos Generales del Estado y que se extendió al año 2013. Sin embargo, la universidad dirigida por Esteban Morcillo ha tenido que sacar a oferta pública nueve plazas de técnicos de gestión para el 2014 por la imposibilidad de seguir llevando a cabo actividad diaria y promociones de personal. Esteban Morcillo, rector de la UV

Así lo recoge el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), en una resolución que expone el Acuerdo del Consell de Govern por el que oferta estas plazas. Sin embargo, teniendo en cuenta que cabe recurso por parte del departamento de Montoro, la UV se encarga de exponer el porqué de la necesidad y de la legalidad de cubrir estos propuestos. Además, apunta a algunos datos que demuestran la gravedad, como que 96 de los puestos vacantes tampoco tienen reserva legal.

Y no sólo eso. La Universitat de Valencia, según exponen desde el Consell de Govern, cuenta con una plantilla envejecida de 148 personas que en el periodo comprendido entre 2014 y 2018 cumplirán 65 años o más. A pesar de que recuerdan que la Ley de Presupuestos Generales del Estado, al igual que la del año 2013, sigue manteniendo que no se procederá en el sector público a la incorporación de nuevo personal, recurre a una excepcionalidad que se incluye en la norma.

Esta permite una tasa de reposición del 10% a ciertos sectores y administraciones considerados prioritarios que la UV ha calculado para la escala técnica de gestión y que se traduce en un puesto de trabajo. Junto con este puesto por el turno libre, se publica una oferta de promoción interna de la escala técnica de gestión, un personal que, según apuntan en la resolución, contribuye a la consecución de una mayor eficacia en la prestación de la gestión pública.

Sin embargo, destacan que estas plazas no computan dentro del límite de la tasa de reposición de efectivo, en aplicación de la ley 22/2013. Sino que, la promoción interna, se abrirá en aplicación de la disposición adicional cuarta del Decreto 33/1999 de 9 de marzo del Consell, una norma relacionada con la carrera administrativa del personal de la Función Pública Valenciana.

LA PROMOCIÓN INTERNA YA TUVO PROBLEMAS

Sin embargo, a pesar de que la Universitat de València apunta en el decreto la legalidad de las plazas que convoca, tanto de puesto libre como de promoción interna que no se acogen a la tasa de reposición del 10%, sino a la ley de la Generalitat de promoción de personal de la función pública, ya tuvo problemas con el Ministerio de Hacienda.

Desde el departamento de Montoro se pidió la anulación de una convocatoria de 55 plazas de profesores titulares y catedrático que iba dirigida a la promoción de personal por sobrepasar el límite de plazas que incluía la tasa de reposición que se da en el caso de jubilaciones y fallecimientos. De hecho, la UV mostró sus quejas porque apuntaba a la necesidad de que los profesores titular, a una determinada puntuación por méritos pueden ascender a catedráticos. Según explicaban, con este decreto el sistema "revienta" los méritos acumulados por los profesores por no poder seguir ascendiendo.

TAMBIÉN SE SUSPENDIERON CONCURSOS

La UV también suspendió de forma cautelar la convocatoria de concursos para la provisión de plazas de personal docente hace un año. La resolución hacía referencia a plazas de personal docente contratado con carácter indefinido, es decir, que iban a pasar a ocupar el puesto de doctor. Hacienda instó a la UV a que anulara la resolución de su rectorado al entrar en conflicto con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. A pesar de que el Rectorado de la universidad mostró convencido de que su decisión se hallaba dentro de la legalidad, cumplió la petición del Gobierno.

YA SE BUSCARON FÓRMULAS ALTERNATIVAS

La universidad ya se planteó medidas para acabar con los despidos y apuntó a que, cuando se acabaran los contratos del personal, se les contratara como doctores interinos. La intención de la universidad era mantener a este profesorado y aplicar la mejor solución para que quedaran protegidos delante de un recurso contencioso administrativo. "Es un profesorado acreditado que no podemos perder" explicaba en un Consell de Govern la vicerrectora.

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