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VALENCIA. La Universitat de València (UV) se encuentra en rebelión. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está llevando al límite los decretos de medidas urgentes en materia presupuestaria y este miércoles el golpe se lo llevó la institución valenciana. Desde el Ministerio se ha pedido la anulación de una convocatoria de 55 plazas de profesores titulares y catedráticos publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero el Consell de Govern de la Universitat cree en su legalidad por tratarse de promociones de personal y pretende continuar adelante.

La clave para entender la posición de la Universitat son los dos decretos a los que alude el Ministerio de Hacienda. El primero, el Real Decreto-ley 20/2011, prohíbe la incorporación de nuevo personal, algo que, según el Ministerio, se había llevado a cabo. En segundo lugar se hace referencia a la Ley 2/2012, donde se establece una tasa de reposición del 10% para los cuerpos de personal investigador de las universidades, que se daría en caso de jubilaciones y fallecimientos. Partiendo de estas dos normas, el Ministerio determina que se sobrepasa el número de plazas que se podían convocar.

Pero la Universitat no interpreta así la ley. Según cuenta el decano de la Facultad de Economía, Vicente Soler, no se trata de una inclusión de nuevo personal sino de una promoción del ya existente. Cuando los profesores titulares llegan a una determinada puntuación por méritos pueden ascender a catedráticos. Eso no conlleva la creación de nuevas plazas sino de una subida de escalón. "La norma dice que la plantilla puede incrementarse hasta un 10%, pero nosotros no estamos aumentando el personal, sólo promocionamos" apunta Soler.

"Con este decreto el sistema revienta, los méritos acumulados por los profesores no sirven para nada" explica. Y esta interpretación del Ministerio no solo ha afectado a esta convocatoria, sino también a una segunda que ya se encuentra a punto de efectuarse en las mismas condiciones en la que promocionaban entre 20 y 30 plazas. Según explica Soler, estos ascensos representan la buena situación docente en la que se encuentra la Universitat ya que refleja la calidad de su personal. "Es una forma de incentivar, como en las empresas privadas".

UNA INTERPRETACIÓN AMBIGUA DE LOS DECRETOS

"La norma que llega del Ministerio tiene una interpretación ambigua" apunta. Hay juristas que lo han interpretado de la forma más radical y creen que no hay opción a realizar convocatorias de ningún tipo y reputados profesionales de la UV creen que el espíritu de la norma es que no entre personal nuevo. En la Universitat le han dado la vuelta, no se incrementa la mano de obra sino que se premian los esfuerzos del personal docente que ya pertenece a la institución. "Como existe una lectura legítima jurídica podemos entender que estamos haciendo lo adecuado, plantamos cara al Ministerio porque creemos que tenemos razón" explica el decano.

Este decreto ha podido afectar a más universidades españolas, aunque la interpretación entre unas y otras puede ser muy dispar. Soler apunta a que la Universitat actúa conforme a su situación, porque todas las universidades no tienen tanto docente que acumule méritos.

Según explica, la decisión de seguir adelante con la convocatoria lo único que hace es dar coherencia a algo que realizaron a principio de año y que ya estaba establecido. En el BOE están publicadas las convocatorias de plazas de toda España, el presidente del tribunal ya ha salido y también los candidatos. "No tienes porqué desmontar el reglamento interno, sólo aplicamos el principio constitucional de la autonomía universitaria de gestionar a nuestro propio personal" apunta de forma rotunda Soler.

Según se refleja en el documento enviado por el Ministerio de Hacienda a la UV, en el caso de que se rechace la petición de anular las convocatorias se solicitará a la Abogacía del Estado la interposición de un recurso contencioso-administrativo, que sería la única forma de parar la convocatoria si el juez diera la razón al organismo del Estado.

Soler se indigna por la situación. "El Ministerio de Educación no se ha caracterizado por las formas, no ha negociado, no ha querido tener 'feeling' con las universidades". Según explica, han sometido las políticas a un análisis coste-beneficio brutal y en todas la UV se han posicionado en contra. "Los recortes en educación son una desinversión" asiente.

LOS ÚLTIMOS DECRETOS CON RECORTES AL PROFESORADO

Soler recuerda otras medidas llevadas a cabo en los últimos meses por real-decreto referentes a los profesores y con las que también discreparon. El decreto ley 1/2012, publicado el 5 de enero, fija la reducción del 50% del complemento salarial de los sexenios, relacionado con los años de investigación del profesorado. Esto supone minorar el sueldo entre 51 y 274 euros al mes, en función de los acumulados. "Nos creó malestar, no por la remuneración sino por cambiar las reglas a mitad de camino" explica Soler.

También por decreto fue aprobado el adaptar el régimen de dedicación del profesorado universitario según cumplieran sólo con la función docente, investigadora o con ambas. Así, los funcionarios docentes sin sexenio en activo o vivo, ampliarán su dedicación máxima docente de 24 a 32 créditos al año y los que mantengan los sexenios vivos y acrediten estar investigando, seguirían en la misma situación de dedicación máxima, los 24 créditos anuales.

Esta medida hizo que la Universitat tuviera que tomar la decisión de prescindir de profesores asociados, debido a que los funcionarios docentes ya pasarían a cubrir las horas que antes ocupaban los asociados. Recordar que estos profesores proceden del ámbito laboral y para los alumnos son una conexión del mundo académico con el mundo exterior. "Eran gente muy barata y su pérdida será un gran coste para la buena docencia" apunta Soler.

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