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VALENCIA."Tenemos que ser discretos debido al nivel de vigilancia del Ministerio". Esta fue la frase de la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la Universitat de València (UV), María Vicenta Mestre, recogida en el acta del último Consejo de Gobierno extraordinario de la universidad, realizado el 25 junio. Mestre hacía referencia a la forma en que la institución conseguirá burlar la normativa de la cartera de Hacienda y evitar que les sigan anulando convocatorias de profesores.
El ministerio de Cristóbal Montoro enviaba en junio un burofax a la dirección de la UV para que anulara la convocatoria de concursos para la provisión de plazas de personal docente publicada el 4 de junio. Basándose en la normativa Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el Gobierno apuntaba a la ilegalidad de una resolución que hacía referencia a plazas de personal docente contratado con carácter indefinido, es decir, que iban a pasar a ocupar el puesto de doctor.
La vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, según consta en el acta, apuntaba a la necesidad de garantizar la permanencia de los afectados por las anulaciones. "Tenemos que decir por qué procedimiento hacerlo" explicaba. "La figura del contratado interino genera dudas, pero según los servicios jurídicos, es la única forma que tenemos". Mestre mencionaba que la opción más viable sería contratar a los doctores interinos sin concurso, apoyándose en su Reglamento y en que la Conselleria de Educación había autorizado las plazas el 23 de mayo.
RETIRAR LA CONVOCATORIA O SUSPENDERLA, PERO NO ANULARLA
Partiendo de que había pocas posibilidades de llegar a buen puerto manteniendo el concurso, la propuesta más apoyada era retirar la convocatoria o que se supendiera, pero en ningún caso anular el proceso y, a medida que se acabaran los contratos del personal, se les contratara como doctores interinos. La intención de la universidad es mantener a este profesorado y aplicar la mejor solución para que queden protegidos delante de un recurso contencioso administrativo.
"Es un profesorado acreditado que no podemos perder" explicaba en el Consejo la vicerrectora. El informe jurídico recomienda alegar el requerimiento y suspender cautelarmente las convocatorias. De hecho, la UV también se reunió con los afectados, que manifestaron por unanimidad que prefieren ser contratados internos a medida que finalizan sus contratos, ya que crea incerteza concursar y continuar con la convocatoria y esperar a la resolución definitiva del contencioso.
La vicerrectora indicaba dos diferencias importantes respecto a las convocatorias de plazas de funcionarios recurridas anteriormente: que se encuentran en el principio del procesos y que si la sentencia anula la convocatoria los ayudantes de doctor se quedarían sin nada porque su contracto no es prorrogable, por lo que no parece muy congruente mantener la posición firme frente al Gobierno, aunque en ningún momento han dudado de su legalidad.
En el acta, se menciona que la UV se puso en contacto con otras universidades que estaban en una situación similar como la de Alicante, Zaragoza o Alcalá de Henares. La Universidad de Alcalá de Henares iba a llevar el tema al Consejo de Gobierno, la Universidad de Zaragoza había hecho una revisión de oficio para retirar la convocatoria y contratar a los doctores interinos mediante concurso urgente y la Universidad de Alicante también había decidido retirar la convocatoria.
MORCILLO: "TENEMOS UN MINISTRO MUY DURO, PERO PUEDE SER PEOR"
El rector de la Universitat, Esteban Morcillo, indica que no es partidario de retirar la convocatoria porque sería un error estratégico y la figura de la suspensión cautelar implica un resolución del rector, que salió publicada en el DOCV el 31 de julio. Su propuesta fue contestar el burofax desestimando el requerimiento del Ministerio de Hacienda apuntando a la legalidad del proceso y a la autorización de Conselleria.
También mencionaba la posibilidad de hacer los nombramientos de contratados doctores interinos a la espera de que se resuelva el proceso y estudiar más la conveniencia de contratación directa o de concurso para las personas afectadas. "Tenemos un ministro muy duro, pero la situación puede ser aún peor, ya que no se ha conseguido una interlocución con fluideza con el Minsterio de Hacienda".
El decano de la Facultad de Economía, Vicente Soler, reflexionaba sobre el conflicto de competencias entre la administración central y autonómica "al que se ha de hacer referencia". El decano de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, Carles Padila, manifiestaba la repulsa más absoluta a la imposición del Ministerio. "Es un nuevo ataque a la universidad pública y parece que quieren eliminar la institución, el profesorado en formación y su integración en la universidad".
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