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VALENCIA. Del sopor informativo en el que nos suele sumir la Pascua en la Comunitat Valenciana -seguro que en toda España pero cada uno que hable de lo que sabe- solo ha conseguido despertarnos, como siempre, la corrupción. La de antes y la de ahora.

La de antes con un Francisco Camps desmemoriado para lo que quiere, convertido en un esperpento de si mismo dejando frases para el recuerdo tras declarar (otra vez) como testigo del caso Nóos. La de antes con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana despejando a córner el juicio a Milagrosa Martínez y Angélica Such por los contratos de Fitur con la trama Gürtel -a este paso veremos sobre qué es competente el TSJCV, porque si no va a servir para nada mejor nos lo ahorramos- y endosándole la perla a su ahijada la Audiencia de Valencia. 

Pero también la de ahora. La que afecta a la administración de Alberto Fabra. Porque fue ya durante su mandato cuando se firmó la compra de Valmor Sports, una sociedad quebrada y con una deuda millonaria que la Generalitat compró por un euro (en realidad 0,99 céntimos) a cambio de quedarse con el muerto.

Vale la pena detenerse sobre esta operación. De hecho, vale la pena detenerse sobre todo el entramado que afecta a la celebración del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en Valencia. Desde el acuerdo que cerraron Francisco Camps y Rita Barberá con Bernie Ecclestone (vinculado a la victoria de Camps en las elecciones autonómicas, valga recordarlo) a la repentina aparición de una empresa privada, Valmor, que formalmente asumía el riesgo de la celebración de la carrera.

Me van a permitir que me ahorre volver a escribirles todo lo que aquello implicaba. La verdad es que ya lo hice. Corría el mes de septiembre de 2011 cuando en una Taula de canvis reclamaba -ingenuo de mi- transparencia urgente en la Fórmula 1 tras anunciarse la compra de Valmor por la Generalitat. 

Decía entonces que la recién estrenada presidencia de Alberto Fabra tenía que aplicar su discurso de transparencia sin necesidad de que nadie se lo exigiera. Sin embargo, han tenido que ser los grupos de la oposición quienes, a base de peticiones parlamentarias a las que el Consell no puede escapar pese a que lo intenta, hayan hecho públicos buena parte de los papeles que afectan a todo el entramado de la Fórmula 1.

Este mismo miércoles el diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco hizo público el contrato de compra de Valmor. Un documento que provoca desvela hasta qué punto la operación de rescate de aquella sociedad fue indecente. Ya no se trata de que se comprara la empresa asumiendo la deuda que había acumulado, algo que de por si ya despierta dudas sobre el uso del dinero público para tapar el agujero de una empresa privada. 

Lo que resulta del todo inaceptable es que la Generalitat aceptara firmar el documento de compra con unas cláusulas que eximían a los dueños de la empresa de cualquier responsabilidadcomprometiéndose a no presentar concurso de acreedores de Valmor en los dos años siguientes -el periodo en el que en un proceso concursal se pueden pedir cuentas a los gestores- y a no interponer acciones de responsabilidad frente a los anteriores consejeros directa o indirectamente.

Con esa firma, el Consell liberaba de cualquier riesgo económico y social a Fernando Roig, Jorge Martínez Aspar, Vicente Cotino y a Bancaja, accionistas de Valmor.

Cabe preguntarse la razón por la que la Generalitat fue tan magnánima (con el dinero de todos, dicho sea de paso) con una empresa que, supuestamente, asumía el riesgo de organizar las carreras. Creo, y es solo una sospecha, que aún queda un documento por desvelarse. Aquel en el que todos estos accionistas acordaron con Camps hacer de mampara en el negocio de la Fórmula 1 a cambio de que si había pérdidas las asumiría la Generalitat.

Quizá sea un documento al que no tengamos acceso. O tal vez fue de palabra. Pero lo que está claro es que los promotores de Valmor no asumieron ni riesgos ni responsabilidades. Cuando el Consell, ya con Alberto Fabra en la presidencia, decide comprar Valmor y asumir su deuda sin pedir cuentas a cambio, cometió, cuanto menos, una irresponsabilidad. Los juzgados deberán decir si hubo también una ilegalidad.