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José A. Conca Martínez es
asociado senior de
Deloitte Abogados

VALENCIA. Desde 2011 estamos asistiendo en el ámbito de la Generalitat Valenciana a un proceso de reestructuración y adelgazamiento de su sector público empresarial y fundacional (entidades de derecho público, sociedades mercantiles y fundaciones públicas), acometido de forma necesaria como consecuencia de la situación económica de los últimos ejercicios y que ha supuesto una reducción muy notable de los entes que lo componían y del gasto público asociado a cada uno de ellos.

El proceso no ha concluido todavía pero se ha ejecutado de forma sustancial. De los 82 entes que componían el sector público en junio de 2011, a finales del año pasado se habían extinguido 37 y cinco están en fase de liquidación, calculándose que al finalizar el proceso se habrá reducido en un 80%. En cuanto al gasto público, se ha pasado de un presupuesto total en 2011 de 2.796 millones a 1.228 millones para 2014.

El caso más notable sin duda es el de Radiotelevisión Valenciana, S.A., pero también han sido importantes los cambios en entes que han pasado a aglutinar otros, como CulturArts, Ivas, Ivace, Fisabio o la Entidad de Infraestructuras, que actúan como cabeceras de grupos funcionales, manteniéndose otros entes con grandes ajustes como FGV, Epsar, Vaersa, etc.

Pero pensando en el futuro, los entes que queden tienen que ser aquellos que desarrollen actividades no cubiertas por la iniciativa privada y que se consideren de interés general o que sirvan para la ejecución de determinadas políticas públicas, por ejemplo, infraestructuras y transportes públicos, atención social, cultura o medio ambiente.

Además estos entes pueden ayudar a la Administración Pública a reducir su déficit mediante la venta de parte de su inmovilizado (Epsar, Vaersa, o la Entidad de Infraestructuras...) o mediante fórmulas de colaboración público-privada a través de procesos de externalización de la gestión que permitieran una menor carga en los presupuestos públicos (FGV, CulturArts, Aerocas - en trámite-, Cacsa...).

Desde el punto de vista de la gestión, estos entes que nacieron como una huida del Derecho Administrativo están cada día sujetos a más normativas.

Así, desde el punto de vista presupuestario deben contar con un presupuesto anual real y equilibrado, especialmente porque la Ley Orgánica 2/2012 les obliga a ejecutar presupuestos con equilibrio financiero (sin pérdidas o con pérdidas que no requieran la aportación de recursos extras por la Administración) y además actuar bajo el principio de sostenibilidad financiera, es decir, con capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de la deuda comercial (pago a 60 días).

Por otra parte, a estos entes y a los altos cargos de las mismas, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno les va a obligar a ser más transparentes en su actividad económica, sometiéndose cada vez más al control del ciudadano y a actuar con austeridad, imparcialidad y responsabilidad, imponiendo sanciones (incluida la destitución) a los altos cargos de los entes que, por ejemplo, ordenen pagos sin crédito suficiente o no adopten planes económico-financieros o de reequilibrio cuando estén obligados a ello por la Ley Orgánica 2/2012.

Recordemos que estos entes están sujetos también a la normativa de contratación del sector público, presupuestaria, patrimonial, contable, laboral y empleo público, planes de pagos a proveedores, facturación electrónica, mercantil en el caso de sociedades mercantiles, fiscal, penal, etc.

Para controlar y cumplir con todo lo anterior se deberían potenciar los llamados contratos programa o contratos de gestión entre cada ente y la Generalitat Valenciana para regular cuestiones tales como los objetivos de la entidad, los recursos personales, materiales y presupuestarios disponibles para ello, pero también las consecuencias derivadas del incumplimiento de dichos objetivos y especialmente, a mi entender, el procedimiento a seguir para la cobertura de los déficit anuales que tengan.

En definitiva, nos encontramos ante un escenario para el sector público empresarial y fundacional de la Generalitat Valenciana que vendrá marcado por la necesidad de una recuperación económica real, el cumplimiento de los objetivos de déficit y una todavía mayor eficiencia en la gestión del gasto público.