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* José Vicente Belenguer es
socio (Derecho Público) de
Garrigues Abogados 

VALENCIA. Las medidas de austeridad puestas en práctica por el conseller Moragues y su equipo, relativas a la reestructuración del Sector Público Empresarial están dando sus frutos contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del déficit. Estas medidas han supuesto una reducción considerable del número de Empresas Públicas y el reagrupamiento de competencias y servicios prestados por ellas, bien en la propia estructura de la Administración o bien en las Entidades de Derecho Público creadas.

Sería deseable que no se perdiera esta inercia ni se expandiera la idea en la Generalitat Valenciana de que se ha alcanzado la meta. El objetivo no puede ser la reducción puramente cuantitativa de las Empresas Públicas. Medidas como esa tienen que ser coherentes con una visión a largo plazo del papel de la Administración. Y ahí, la perspectiva del principio de eficiencia es algo fundamental. En esa línea me permito apuntar algunas ideas:

1. Sería conveniente un marco jurídico claro que sometiera la decisión de creación de una empresa pública o un ente del sector público empresarial a un análisis exhaustivo desde la perspectiva de su rentabilidad económica y social.

La Comunidad Valenciana no tiene un Estatuto de la Empresa Pública, como tienen otras Comunidades Autónomas (Cataluña, Madrid, Andalucia, etc...). Por tanto, la creación de Empresas Públicas puede decidirse sin que exista un proyecto económico definido previamente y sobre todo sin que una vez creadas queden sujetas a criterios de evaluación del cumplimiento de sus objetivos, que sería loable estuvieran definidos de antemano y que su gestión esté regida por criterios puramente técnicos.

2. Dentro de este nuevo marco normativo resultaría extraordinariamente relevante una apuesta decidida por la Colaboración Público Privada.

Muchos países de la Unión Europea desde hace más de veinte años, tienen implantadas políticas decididas de Private Finance Initiative (PFI), orientadas a la aportación de eficiencia en todo el Sector Público, políticas que sorprendentemente quedan al margen del debate político que sobre estos temas se vive aquí. La eficiencia del sector público empresarial es un objetivo común para todas las opciones políticas y por tanto debería existir un consenso al respecto.

3. La colaboración público privada debería ser la piedra angular para un cambio de cultura en la Administración.

Desde la perspectiva de la gestión pública la colaboración público-privada debería de dejar de ser un lugar común, una expresión que todo lo soporta y que todo el mundo maneja para referirse a cosas de lo más variopintas, para convertirse en un profundo cambio de concepto de la Administración, asumido por todas sus instancias (funcionarios, políticos, etc...).

Ello implicaría aplicar, incluso, una metodología propia ("market testing"), que someta todas las funciones públicas, sin excepción, a un profundo proceso de revisión de tal forma que: (1) aquéllas que no sean propias de la Administración se supriman o se privaticen; (2) y si corresponden a la Administración se valore si podrían ser prestadas mejor por el sector público (mediante Empresas Públicas) o por el sector privado, mediante fórmulas de contratación pública que mantengan en manos de la Administración las potestades esenciales.

En cualquier caso, este cambio de mentalidad debería llevar a establecer normativamente que aquellos servicios que se mantengan dentro la Administración queden siempre sujetos a su continua comparación con el mercado, para comprobar si la provisión internalizada -in-house- sigue siendo competitiva o puede procederse a su externalización o a su privatización.

En definitiva, el camino iniciado en la restructuración del Sector Público Empresarial no puede ser más que un primer paso en un proceso constante hacia la búsqueda de la mejora en la prestación de los servicios públicos de tal modo que (i) manteniendo la calidad de los servicios tanto a los usuarios externos como a los internos de la propia Administración; (ii) proporcione a los usuarios de los servicios públicos mayor variedad de prestaciones y servicios; (iii) permita a los gestores centrarse en las actividades esenciales de la Administración; y (iv) aporte innovación en la prestación de los servicios públicos.