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* María Jesús Escobar y
Miguel Guillén son
directores de EY y
EY Abogados respectivamente

MADRID. El conseller de Hacienda y Administraciones Públicas valenciano está demostrando tener un conocimiento profundo de las finanzas y la economía de la región. También está mostrando, junto con su equipo, una gran valentía al afrontar el camino del equilibrio de las finanzas públicas a través de una gestión presupuestaria acertada en cuanto a los costes eliminados, de naturaleza esencialmente estructural.

Así, la reestructuración del sector público empresarial valenciano, la más avanzada de todas las Comunidades Autónomas, ha supuesto una reducción real en el gasto público que, al final, es de lo que se trata; y no tanto de disminuir nominalmente el número de entes. Además, de acuerdo con lo que transmite el Conseller, va a continuar con esta política de eficiencia administrativa y gestión del déficit mediante la reducción de costes estructurales y la contención de políticas públicas activas fuera del ámbito educativo, sanitario y asistencial.

En lo relativo a dichas políticas activas, la Generalitat tiene una buena oportunidad de aprovechar el nuevo período presupuestario de la Unión Europea (2014-2020) que está en pleno proceso de planificación y que, a pesar de comportar una reducción relevante en las tasas de cofinanciación de los fondos europeos en la región (que se situará con carácter general en el 50%), deberá dirigirse a mejorar la competitividad, apoyar el empleo joven, invertir en tecnologías y eficiencia energética y facilitar el acceso al crédito desde el lado empresarial, entre otros aspectos. Esto requerirá sin duda un cambio de paradigma en la gestión pública para el que la Generalitat debe prepararse.

Existen también algunos factores de naturaleza externa a la gestión de las finanzas públicas que van a tener un impacto -ya lo están teniendo- muy significativo en la consecución del ansiado equilibrio presupuestario y la reducción de la deuda financiera actual, puesto que la deuda comercial está ya más controlada. Por una parte, el coste de la financiación se ha venido reduciendo debido al acceso a fuentes de financiación relacionadas directamente con el riesgo país de España, cuya confianza en los mercados internacionales ha ganado puntos, elemento inversamente proporcional al coste de los intereses financieros.

Por otro lado, es previsible que la recaudación siga incrementándose después de años de reducciones consecutivas, no tanto debidas al descenso nominal de las cargas impositivas -estatales, autonómicas y locales- sino a la contracción de la propia actividad económica. Así, la región parece comportarse de manera "supercíclica", habiendo sufrido enormemente en términos de tasa de desempleo y de reducción de la actividad empresarial durante la crisis. También recuperándose ahora con mayor fuerza que otros territorios debido al repunte del turismo y a la llegada de nuevas inversiones directas, con un reflejo directo en la evolución del PIB previsto para 2014 y para los años siguientes.

Respecto de ambos factores, la posición de la Generalitat es responsable en términos de aprovechar de forma muy transparente los instrumentos puestos a disposición de las administraciones regionales por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como el Fondo de Liquidez Autonómica o los sucesivos planes de pago a proveedores). Algo que debe ser complementado por la consolidación de un clima de negocios propicio a la actividad económica -tanto de inversión exterior como de desarrollo del tejido empresarial local-, con pocas trabas burocráticas, pocos impuestos y poca intervención administrativa.

Hay, no obstante, otro elemento determinante de carácter mixto -interno-externo- donde existe cierta capacidad de actuación pero limitada. Se trata de una reforma del sistema de financiación autonómica que compense los distintos ritmos en los que se efectuaron las transferencias de competencias a las autonomías y disminuya las diferencias de financiación en términos de ingresos per cápita de los habitantes de las regiones (además de compensar el "gap" histórico generado por estas diferencias en el pasado).

Esta cuestión tendría un altísimo impacto en sus finanzas en términos de reducción drástica de la deuda financiera y, por tanto, del repago de la misma, junto con sus intereses ya que, en estos momentos, todo sale de la misma caja: la de la Generalitat. Esto sin entrar a juzgar si este es el sistema de redistribución y financiación territorial más adecuado a la estructura poblacional, geográfica y económica del país. La cuestión será dilucidar cuánto esfuerzo merecerá la pena dedicar por parte de los responsables de la Generalitat a conseguir una reforma de la financiación autonómica en este sentido, habida cuenta de la ingente tarea que todavía tiene la Consellería en consolidar la gestión iniciada.

Por último, en cuanto las cuestiones tributarias que sin duda son un elemento relevante como palanca de recaudación y de incentivación de la inversión y la economía, la Consellería de Hacienda de la Generallitat va a tener que afrontar notables retos en un futuro cercano, algunos de ellos a raíz de la reforma fiscal que está preparando la Administración Central. Otros derivados de algunos asuntos controvertidos, como el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la normativa de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones propia de la Comunidad.

El compromiso del conseller en este sentido parece ser la no introducción de nuevos recortes en las bonificaciones y sí algún posible incentivo en el tramo autonómico del IRPF junto a alguna otra modificación de carácter social. En todo caso, algunas medidas como la creación del Instituto Valenciano de la Administración Tributaria parecen ir encaminadas a dotar a la Generallitat de un cuerpo de gestión e inspección de sus tributos mejor organizado y por consiguiente más eficiente.