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VALENCIA. Feria Valencia vuelve a ejecutar nuevos despidos. La dirección ha trasmitido a siete de sus trabajadores el cese en sus funciones. Aunque la mayoría son empleados de base, entre los afectados también se cuenta el director de Relaciones Institucionales y Protocolo de la institución, Gerardo Santos, que llevaba casi dos décadas en el cargo.

La medida se ha justificado por causas económicas, debido a la delicada situación que atraviesa la entidad desde hace años y que ya se ha traducido en dos expedientes de regulación de empleo (ERE) que han llegado ha reducir su personal a menos de la mitad.

Con una deuda millonaria que resultó de la ampliación del complejo para convertirlo en uno de los mayores de Europa, la crisis en el propio negocio de los certámenes feriales ha afectado gravemente a sus ingresos, hasta incapacitarla para mantener su estructura actual.

Distintas fuentes coinciden en que el comité ejecutivo del próximo lunes 24 de marzo servirá para sentar las bases del acuerdo entre Feria Valencia, el ayuntamiento de la ciudad y la Generalitat sobre la naturaleza jurídica de la institución, fijando definitivamente si es una empresa pública o privada.

LA DOBLE NATURALEZA

De este modo se cumpliría el calendario anunciado por el nuevo presidente, José Vicente González, en su toma de posesión el pasado mes de diciembre. Hasta ahora, los anteriores responsables de la institución habían insistido en la condición privada de la feria, lo que les permitía no rendir cuentas a la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, esta convención se desmoronó cuando el Banco de España advirtió a principios de 2013 que se había convertido en una sociedad pública al contribuir la Generalitat en más de un 50% de sus ingresos. De este modo, la Administración valenciana se ha visto obligada a apuntarse en su deuda consolidada los 572 millones de euros que tiene de pasivo Feria Valencia y esta, a su vez, ha podido abrir definitivamente el frente de su definición jurídica.

Sin embargo, fuentes de la institución advierten que "la transformación no será cosa de dos semanas", por la complejidad y el tiempo que requerirán determinadas medidas, por los procedimientos burocráticos y el efecto que tendrá  sobre terceros.

ERE FUNCIONAL ANTES DE VERANO

A partir del momento de la transformación se procedería a la división de la empresa en dos. Por un lado estaría el recinto, que sería asumido por la Administración, mientras que las actividades relacionadas con la gestión de certámenes pasarían a ser el objeto de negocio de una sociedad privada.

Sería en ese punto en el que la empresa aplicaría un ERE funcional: una vez fijado qué se va a hacer con la empresa, se establece qué hace falta para cumplir este cometido. Se prescindiría de aquellas personas que asumieran funciones que no tuvieran relación con el negocio y, aunque resulta menos probable, se reforzarían determinadas áreas.

Fuentes conocedoras de la medida señalan que, con los tiempos actuales de trabajo y la urgencia en la adecuación de costes de la entidad, el proceso de reestructuración laboral podría completarse antes del verano.