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El Consell se apunta los 572 millones de euros de deuda de la institución que preside Alberto Catalá y abre la puerta a que la Sindicatura de Comptes la fiscalice al menos parcialmente

VALENCIA (JOAQUIM CLEMENTE ) . Ha tenido que llegar el Banco de España para acabar con una ficción absurda y consentida: Feria Valencia es una empresa de la Generalitat Valenciana y no un organismo privado.

El hecho de que más del 50% de sus ingresos procedan de las arcas públicas, fundamentalmente de la Generalitat, pero también del Ayuntamiento de Valencia, supone, según la normativa contable del regulador que Feria Valencia es una empresa pública a efectos de la contabilización de la deuda.

El cambio se ha producido este ejercicio, cuando Feria Valencia ha ingresado más dinero público del que obtiene por su negocio ordinario. Estas aportaciones se deben a que la institución que preside Alberto Catalá no puede hacer frente al pago de los intereses y del capital de los préstamos que solicitó para la ampliación del recinto. La Generalitat es avalista de esos préstamos, con lo que la parte que Feria Valencia no puede atender cada año de esos pagos corre a cargo de la Generalitat. 

Por ese motivo, la Generalitat se ha visto obligada a apuntarse en su deuda consolidada los 572 millones de euros que tiene de pasivo Fera Valencia. Este dinero lo sigue debiendo la institución, pero a efectos contables ya forma parte de la deuda total del Gobierno valenciano, según la contabilidad nacional.

PUERTA ABIERTA PARA UNA FISCALIZACIÓN A LA QUE FERIA SE RESISTE

La consideración de Feria Valencia como una empresa pública a efectos contables tiene una derivada importante, ya que abre la puerta a que la Sindicatura de Comptes fiscalice las cuentas de la institución. El Síndic Major, Rafael Vicente Queralt, se ha quejado en repetidas ocasiones -la última de ellas en Les Corts hace unas semanas- de la negativa de Feria Valencia ha ser auditada por el organismo que preside.

Fuentes de la Conselleria de Hacienda consultadas por ValenciaPlaza.com matizaron que pese a la obligación impuesta por el Banco de España de asumir la deuda, Feria Valencia no puede considerarse estrictamente una empresa pública porque no está participada accionarialmente por la Generalitat. En todo caso, el departamento que dirige Juan Carlos Moragues confía en que la Sindicatura audite al menos la parte vinculada a los pagos que tiene que afrontar el Consell. 

Desde Feria Valencia se mostraron prudentes ante este cambio y aseguraron que están abiertos a ser auditados por la Sindicatura precisamente "en la parte que afecta a las aportaciones públicas". Sin embargo, la institución alegó que obligarla a cumplir las normas de contratación de la administración pública supondría bloquear su actividad comercial.

FERIA VALENCIA Y TURISMO VALENCIA, SOCIEDADES EN EL LIMBO

El caso de Feria Valencia y las dudas sobre su consideración como empresa pública o privada son similares a los de Turismo Valencia Convention Bureau. Ambas sociedades se nutren de dinero público, hasta el 80% en el caso de la segunda, que depende económicamente del Ayuntamiento de Valencia. Sin embargo, en ambos casos estas instituciones escapan del control público y de las exigencias de la administración en las contrataciones. 

El caso de Turismo Valencia Convention Bureau y su vinculación con el consistorio que preside Rita Barberá ha saltado en las últimas semanas a la primera página de la actualidad por su implicación en el caso Nóos, ya que fue la que contrató con la fundación de Iñaki Urdangarin. Barberá ha tratado de alejar de su alcaldía la polémica, que puede acabar con su imputación por una contratación irregular, alegando que la empresa que dirige José Salinas es una sociedad de carácter privada, a pesar de que el presupuesto es prácticamente municipal.

La obliagación del Banco de España de que la Generalitat incluya en su deuda el pasivo de Feria Valencia apunta hacia qué consideran y qué no las instituciones nacionales empresas públicas, más allá de las manifestaciones de los políticos municipales.