VALENCIA. Feria Valencia se quiere quitar lastre. El nuevo equipo gestor de la institución que preside José Vicente González y dirige Enrique Soto, está a punto de iniciar el proceso de transformación de la entidad que pretende sacarla adelante, después de años lastrada por el mantenimiento de un recinto que resulta económicamente inasumible.
La intención es iniciar el proceso de transformación el próximo mes de marzo, cuando el comité ejecutivo tendrá en el orden del día su redefinición mercantil, que según fuentes conocedoras de este plan "ni será sencillo ni tampoco corto". Por delante, González y Soto tendrán una carrera de obstáculos que pasa por seguir suavizando la actitud de las administraciones autonómica y municipal, paulatinamente más favorable; y tomar las medidas legales necesarias.
Desde un punto de vista mercantil, la definición jurídica de Feria Valencia es una prioridad para José Vicente González, como ya expuso en su toma de posesión a finales de octubre. Hasta ahora, los anteriores responsables de la institución habían insistido en la condición privada de la feria, lo que les permitía no rendir cuentas a la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, esta convención se desmoronó cuando el Banco de España advirtió a principios de 2013 de que, el hecho de que la Generalitat contribuyera en más de un 50% de sus ingresos, la convertía automáticamente en pública. De este modo, la Generalitat se ha visto obligada a apuntarse en su deuda consolidada los 572 millones de euros que tiene de pasivo Feria Valencia y esta, a su vez, ha podido abrir definitivamente la puerta a su definición jurídica.
UN CONJUNTO, DOS EMPRESAS
Los estatutos de Feria Valencia recogen en su capítulo primero la definición de la naturaleza jurídica de la empresa como "una entidad con carácter de asociación de utilidad pública" y "sin ningún fin de lucro". El presidente ya explicó el pasado mes de diciembre a los miembros del patronato presidido por Rita Barberá que esta definición sitúa a la empresa en el sector privado, en el que ha estado trabajando desde su configuración en 1935.
Con la propuesta de reestructuración que ya planteó la actual dirección a distintos agentes sociales y políticos la pasada primavera, el plan pasa por separar la gestión de los certámenes del mantenimiento de la estructura del complejo, con sus ocho pabellones (ocupados en su práctica totalidad estos días por la celebración conjunta de Cevisama, Habitat y Fimma-Maderalia, un hecho que no se producía desde hace años).
La nueva Feria Valencia seguiría el ejemplo de Reed Exhibitions, el principal organizador de ferias del mundo. A pesar de su envergadura, la empresa no cuenta con ningún recinto propio, sino que explota los certámenes que organiza, celebrándolos en un destino u otro según las indicaciones de los clientes y la demanda del mercado.
RESPALDO PÚBLICO EN ESPECIE
A su vez, la propia infraestructura ferial sería el activo de una segunda empresa (con buena parte de su pasivo), que asumiría la Generalitat. Este edificio es la base de buena parte de los problemas de la institución. Cuando se completó el complejo, el segundo mayor de Europa, fuentes feriales aseguran que la demanda justificaba su envergadura, muy lejos de la situación actual.
Sin embargo, la escasa actividad ferial de los últimos años hace cada vez más difícil a Feria Valencia digerir aquella inversión. Por contra, sus competidores, como Ifema en Madrid o la Fira de Barcelona, cuenta con importantes inyecciones de dinero público que, teniendo en cuenta la situación de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia, en este caso resultan prácticamente imposibles.
Con la asunción de una nueva mercantil que cargue con el complejo y su pasivo, las instituciones valencianas seguirían sin aportar capital, pero liberarían a Feria Valencia de un baldón que ha estado obstaculizando su estrategia de resistencia contra la crisis, emprendida hacer tres años y que ha significado la aplicación de dos expedientes de regulación de empleo (ERE).
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