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VALENCIA. El hombre que llevó a Caja Mediterráneo (CAM) a la mayor expansión de su historia en solo diez años, Roberto López Abad, se va a enfrentar en los tribunales a un futuro que puede llevarle definitivamente a prisión, una institución en la que ya ingresó por riesgo de fuga el pasado mes de noviembre, y de la que pudo salir tras abonar una fianza de 1,5 millones de euros.

La pasada semana, la Fiscalía pidió por la concesión de "dietas irregulares" cuatro años de cárcel para López Abad, mientras que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) elevaba la cifra hasta seis por apropiación indebida y administración desleal, al ser él quien estableciera un supuesto sistema de cobro irregular de dietas, según el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez.

Sin embargo, éste no es el único caso en el que López Abad está causado de comportamientos indebido, sino que se suma a las acusaciones en otras cinco operaciones y a otra más por graves deficiencias en la gestión de la caja, que se tradujeron en pérdidas millonarias por inversiones inmobiliarias arriesgadas o en el cobro de onerosas prejubilaciones tramitadas de manera irregular. Estos son sus siete pecados capitales:

#1 Cobro irregular de dietas: López Abad, junto al expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés, está acusado de diseñar "una estrategia" para que los miembros de la Comisión de Control de la CAM recibieran "cuantiosas sumas de dinero" entre los años 2007 y 2011 en forma de "dietas irregulares" que no se correspondían con la realización de "ninguna actividad real".

Para ello, López y Avilés habrían creado la Comisión de Seguimiento y Control de la sociedad Tenedora de Inversiones y Participaciones, participada por la entidad financiera. La resolución judicial concreta que, en lugar de abandonar su cargo, como debía haber hecho, Avilés siguió percibiendo unos honorarios como presidente de la sociedad creada que ascendieron a 40.000 euros entre enero y julio de 2011, cuando fue destituido, y de otros 3.336 euros como responsable de la Comisión de Control.

El juez Gómez Bermúdez señala en su auto que "la idea de retribuir a los miembros de la comisión de control de la CAM, con unos emolumentos superiores a los que tenían derecho, partió de López Abad". De hecho, especifica que fue él quien explicó los pormenores de estos pagos en una reunión de la comisión de retribuciones de la caja y otra del consejo de administración celebradas en marzo y diciembre de 2005, respectivamente.

La investigación partió de un informe del Banco de España emitido el 25 de enero de 2012 en el que se apuntaba que Avilés habría cobrado dietas irregulares entre los años 2007 y 2011 y también incluía la obtención de "créditos en condiciones ventajosas" para empresas vinculadas a su familia, un aspecto sobre el que también está acusado.

#2 Compra del hotel Caracol en la Riviera Maya (México): López Abad y Daniel Gil Mallebrera, exresponsable de proyectos inmobiliarios, están imputados a raíz de una querella presentada por el FROB, que también se dirige contra los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.

El pasado mes de noviembre, la Guardia Civil detuvo a cinco antiguos directivos de la CAM, entre ellos a López Abad, por orden del juez Gómez Bermúdez por realizar esta operación y otras cuatro más supuestamente irregulares con Valfensal, una de las sociedades participadas de la caja.

El juez decidió su ingreso en prisión al sospechar que el exbanquero podía intentar huir a Curaçao, en las Antillas Holandesas, un país "sin convenio de extradición con España" donde estaba domiciliada la sociedad a la que, según el magistrado, desvió 247 millones de euros.

Según la querella, los imputados obtuvieron "un lucro personal" utilizando la compraventa de tres hoteles y la adquisición de dos parcelas en República Dominicana y México como "pantalla" para una "transferencia de fondos no justificada" desde la CAM hacia Valfensal.

Esta sociedad está participada en un 70% por dos empresarios alicantinos muy vinculados a López Abad y en un 30% por la filial de la caja Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), que fue utilizada supuestamente por el ex director general y por Daniel Gil como "una zona opaca de gestión al margen de los mecanismos habituales de CAM". La financiación para la compra del hotel Caracol en la Riviera Maya (México) se produjo cuando TI todavía no estaba autorizada por CAM para operar en el mercado hotelero.

#3 Compra de una parcela en Bávaro (República Dominicana): Incluida en la querella anterior, parte de la financiación en esta operación habría servido para pagar una comisión de intermediación a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas que repercutiría en beneficio de López Abad.

#4 Financiación para la compra del Hotel Gala en México: Determinadas condiciones fueron ocultadas a los responsables de la CAM de la cuenta de Valfensal y en la que también intervinieron sociedades en paraísos fiscales.

#5 Adquisición de dos parcelas en Playacar (México): En los créditos concedidos también se procedió al "pago de comisiones de imposible justificación económica", según el juez Gómez Bermúdez.

#6 Entrada en el accionariado de Eco Resort San Blas, dedicada al hospedaje en Tenerife: En esta ocasión, se considera irregular la toma de decisiones para la financiación de la entrada del grupo Valfensal en el accionariado de Eco Resort San Blas. Esta acusación se incluye junto a las cuatro anteriores en la misma demanda y señala a López Abad como beneficiario irregular en esta operación.

#7 Graves deficiencias en la gestión de la caja: López Abad y María Dolores Amorós, como exdirectores generales de CAM, así como el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores de recursos y planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb están imputados por la presunta toma de decisiones en la gestión de la caja alicantina que perjudicaron a la entidad.

Por este motivo, el juez Gómez Bermúdez impuso una fianza solidaria de 25,8 millones de euros a los cinco exdirectivos, tras recibir el informe elaborado por los inspectores del Banco de España en el mes de enero de 2013 en el que denunciaban graves deficiencias en la gestión de la caja, que se han traducido en una acusación por delitos societarios, estafa, manipulación del precio de las cosas y apropiación indebida.