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MADRID (EFE). El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez calcula que la cuota defraudada por varios ex altos cargos de la CAM y empresarios a través de operaciones inmobiliarias en el Caribe asciende a 31 millones de euros.

Así lo afirma el magistrado en las resoluciones en las que ordenó el arresto del ex director general de la caja Roberto López Abad, el ex director general de Empresas Daniel Gil Mallebrera, el exdirector de la división internacional y negocio hotelero de la caja César Veliz y los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.

Los tres primeros figuran entre los nueve arrestados por la Guardia Civil en la operación "Mare Nostrum", pero los empresarios, cuya detención también se ordenó y que figuraban en la querella del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a raíz de la que se inició la investigación, están en paradero desconocido, han informado hoy fuentes jurídicas.

El juez les imputa delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración fraudulenta y apropiación indebida.

Gómez Bermúdez justifica en sus resoluciones las órdenes de detención diciendo que eran necesarias para evitar "la eventual fuga de los presuntos responsables, pues estos cuentan con medios económicos y relaciones con el exterior que les permitirían eludir la acción de la Justicia situándose en Curazao, país con el que no existe convenio de extradición".

El magistrado ya ha tomado declaración a uno de los cinco detenidos que el instituto armado ha puesto hoy a su disposición, César Veliz, que tras su comparecencia ha quedado en libertad, e interrogará a los otros cuatro esta tarde.

Las fuentes consultadas han señalado que el arresto de Veliz se produjo solo para evitar que destruyera pruebas, pero que no es uno de los detenidos de los que Gómez Bermúdez sospecha que estuviera preparando su huida de España.

En los autos, el juez atribuye a López Abad y a Gil un "papel esencial" en las negociaciones relativas a la financiación de proyectos de la sociedad Valfensal, de la que la CAM poseía el 30 %.

Añade que no tuvieron "ningún reparo" en situar inversiones de la caja "en territorio calificado de paraíso fiscal" cuando los empresarios Ferri y Baldó les informaron de su intención de adquirir una sociedad en un paraíso fiscal "o de baja tributación" a la que desviar los beneficios de varios hoteles que pensaban adquirir o construir en México y en la República Dominicana.

La estructura fiscal creada al efecto contó con el asesoramiento "del despacho Garrigues" y concretamente de su asesor fiscal Jaime Escrivá, que defendió en varios informes la legalidad de la utilización de una sociedad pantalla "con una actividad meramente aparente" domiciliada en Curazao, Jacksonport Corporation, para canalizar los beneficios de Valfensal.

López Abad y Gil utilizaron a su vez esos informes para justificar ante los órganos de control de la caja la legalidad de esa estructura societaria.

El objetivo de los empresarios Ferri y Baldó era utilizar Valfensal para obtener financiación de la CAM y transferir luego el dinero a sociedades radicadas en el extranjero, que serían las que hicieran las inversiones que tenían previstas.

Según el juez, "ese plan era conocido y consentido" por López Abad, Gil y Veliz, que imponían en la CAM sus decisiones sobre Valfensal, que tras adquirir Jacksonport -y la holandesa Bencos Holding- concentró en ella la facturación de los hoteles Caracol y Gala, adquiridos en México.

Jacksonport obtuvo entre 2004 y 2011 unos ingresos de 333 millones de dólares -247 millones de euros- que, afirma el magistrado, darían como resultado "un delito fiscal de cierta relevancia", con una cuota defraudada desde 2007 de más de 42 millones de dólares, unos 31 millones de euros.

Gómez Bermúdez añade que los empresarios y los ex altos cargos de la CAM decidieron también que Valfensal no repartiera dividendo, alterando para ello la contabilidad, y que en 2010 firmaron "en perjuicio" de la caja un contrato de gestión hotelera entre esa sociedad y Seabrezee, vinculada a Ferri y Baldó.

El contrato permitió a estos últimos facturar a Seabrezee, "en concepto de prestación de servicios, una importante suma económica sin que existiese una contraprestación similar en el caso de la CAM", que de este modo no obtenía ningún ingreso de los beneficios producidos por Valfensal.