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VALENCIA (VP / EFE). Roberto López Abad, el que fue todopoderoso director general de Caja del Mediterráneo (CAM). López Abad asumió en 2001 el cargo tras un agrio enfrentamiento entre el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y el director general José Antonio Gisbert que acabó con la salida de este último de CAM.
La Guardia Civil detuvo a cinco antiguos directivos de la CAM, entre ellos a López Abad, por orden del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez por realizar cinco operaciones supuestamente irregulares con la Valfensal, una de las participadas de la caja.
Fuentes de la investigación han explicado a Efe que cuatro de los arrestos se han producido en Valencia y uno en Madrid, dentro de una operación que continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones.
A primera hora de la mañana agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han arrestado a López Abad y al exresponsable de proyectos inmobiliarios Daniel Gil Mallebrera y, poco después, al exdirector de la división internacional y negocio hotelero de la caja Cesar Veliz, a los que el juez empezará a tomar declaración mañana.
En total, según fuentes jurídicas, Gómez Bermúdez, que mantiene bajo secreto estas diligencias, ha dictado cinco órdenes de detención, aunque no ha trascendido la identidad de los otros dos arrestados.
Las detenciones se han producido después de que ayer la Guardia Civil registrara, también por orden del magistrado, un despacho de abogados en Valencia, uno en Alicante y una oficina mercantil en Mallorca.
López Abad y Gil fueron imputados a raíz de una querella presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que también se dirigía contra los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, que, según las fuentes consultadas, no figuran entre los arrestados.
Según la querella, los imputados obtuvieron "un lucro personal" utilizando la compraventa de tres hoteles y la adquisición de dos parcelas en República Dominicana y México como "pantalla" para una "transferencia de fondos no justificada" desde la CAM hacia Valfensal.
Esta sociedad está participada en un 70 % por dos empresarios alicantinos muy vinculados a López Abad y en un 30 % por la filial de la caja Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), que fue utilizada por el ex director general y Daniel Gil como "una zona opaca de gestión al margen de los mecanismos habituales de CAM".
La primera de las operaciones cuestionadas es la financiación para la compra del hotel Caracol en la Riviera Maya (México) cuando TI todavía no estaba autorizada por CAM para operar en el mercado hotelero.
La segunda es la compra de una parcela en Bávaro (República Dominicana) en la que parte de la financiación servía para pagar una comisión de intermediación a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.
La tercera consistió en la financiación para la compra del Hotel Gala en México, en la que determinadas condiciones fueron ocultadas a los responsables de la CAM de la cuenta de Valfensal y en la que también intervinieron sociedades en paraísos fiscales.
En los créditos concedidos para la adquisición de dos parcelas en Playacar (México) también se procedió al "pago de comisiones de imposible justificación económica".
Por último, se encuentra la financiación para la entrada del grupo Valfensal en el accionariado de la compañía Eco Resort San Blas, dedicada al hospedaje en Tenerife.
López Abad está además imputado en la pieza principal de CAM junto con la también ex directora general María Dolores Amorós, el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores de recursos y planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb, a los que el pasado mes de junio impuso una fianza solidaria de 35 millones de euros.
CAM fue intervenida el 22 de julio de 2011 por el Banco de España y, posteriormente, se conoció que había acumulado unas pérdidas de 1.136 millones en los seis primeros meses del año.
Meses después, el organismo regulador capitalizó la entidad mediante una aportación de 2.800 millones de euros y nombró al FROB como su administrador provisional.
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