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VALENCIA. El anuncio del magnate del juego Sheldon Adelson de instalar la versión europea de Las Vegas en España provocó debates y luchas de todo tipo entre los gobiernos catalán y madrileño por ubicar el proyecto en su territorio.

Cuando Las Vegas Sand se decidió por Madrid, inmediatamente el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, en septiembre de 2012, anunció un macroproyecto de juego denominado BCN World, de la mano de La Caixa como propietaria de los terrenos y de la promotora de inversiones Veremonte, liderada por el empresario Enrique Bañuelos.

El macrocomplejo turístico se ubicaría junto a Port Aventura (Vila Seca-Salou), y constaría de seis parques temáticos de los principales países del mundo, 12.000 plazas hoteleras, casinos, centros de convenciones... que generarían entre 20.000 a 40.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

Todos sabemos el fiasco del proyecto de Eurovegas en Madrid, de ahí que se haya vuelto los ojos a ese proyecto que a mi juicio muestra las mismas carencias y dificultades de realización que aquél. Se podrían señalar entre otros, la falta de información y de transparencia sobre cómo se llevan las cosas, presencia de inversores con reputación dudosa, y carencia de estudios rigurosos que señalen su impacto ambiental, infraestructuras y viabilidad económica.

Sin embargo, este proyecto además de lo anteriormente señalado, tiene problemas económicos y políticos específicos. Respecto a los aspectos económicos, la empresa patrimonial Veremonte hizo una fuerte inversión en la empresa tecnológica Amper hasta alcanzar una participación de más del 25% de las acciones, lo que le ha obligado a un fuerte desembolso.

La evolución posterior de la mencionada empresa no ha dado los resultados esperado con la llegada de Bañuelos, lo que ha motivado que sus acciones hayan bajado de cotización y que algunos socios, con importantes paquetes de acciones, la hayan abandonado, como la empresa TuiKap. Ahora está pendiente de la reestructuración de su deuda con entidades financieras, que caso de no seguir llevarse a cabo podría dar al traste con la operación financiera del proyecto.

En cuanto a los aspectos políticos, hay que señalar que poner en marcha BCN World pasa porque el Consell Executiu de la Generalitat, que sólo cuenta con el apoyo de CiU en este proyecto al no tener mayoría absoluta en el parlamento catalán, necesita el apoyo de otros grupos que no han decidido su voto, unos a la espera de conocer mejor el proyecto y otros votando en contra.

En estos momentos la Comisión de Economía del Parlament de Catalunya está estudiando la modificación de la ley 2/1989 sobre centros recreativos turísticos y establecimientos comerciales para poder instalar este megaproyecto de juego, permitiendo un gran aumento de la edificabilidad y una rebaja sustancial de la fiscalidad sobre el juego de casinos.

No se habla para nada de cuestiones 'colaterales' tan importantes para el sector y para este proyecto y que confiaban que consiguiera Adelson, como el permitir fumar, los junkets, autorizació de apuestas a crédito, blanqueo de capitales, modificación de la legislación de extranjería y del juego online.

En la misma han comparecido alcaldes de municpios donde se va a ubicar que están a favor y grupos sociales como ecologistas, sindicatos, universidades -como la de Rovira i Virgili- señalando que esta iniciativa no encaja en el modelo de turismo que reclama y necesita este territorio, y alertan de su impacto negativo en el sector turístico, medio ambiente, demandas energética y de infraestructuras, poniendo en duda que se creen el número y calidad de esos puestos de trabajo.

Para añadir más confusión, habría que recordar las declaraciones del consejero delegado de Veramonte, Xavier Adserá, avisando que "si este proyecto no se hace en la Costa Daurada, se hará en Madrid, donde el marco legal está ya aprobado y la rebaja fiscal está hecha".

A todo ello habría que añadir que no se sabe en cómo va a afecta al proyecto el proceso soberanista iniciado por los partidos nacionalistas catalanes, ya que en caso positivo los promotores han declarado que tampoco lo harían en una Catalunya fuera de La Unión Europea.

No sé cómo acabará este proyecto, pero es más que probable que tenga el final de todos los anteriores que han intentado establecerse. Pero lo que si está claro es que la oferta del juego en España está sobredimensionada y potenciada por todas las Administraciones responsables del juego, ya que su fiscalidad cada vez es menor, se está autorizando y permitiendo publicidad engañosa en todos los medios de comunicación y se desprotege a los sectores más frágiles de población de las consecuencias no deseadas del juego, sobre los jóvenes y los que sufren ludopatías.