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VALENCIA. En la Alameda de Valencia hay un sobrio edificio que, ajeno a grandes alardes y fastos, guarda uno de los mayores tesoros de nuestra historia como pueblo. El Archivo del Reino de Valencia atesora seis siglos de historia de los valencianos, de sus instituciones propias, de sus costumbres y leyes. En sus legajos manuscritos, que narran momentos relevantes y hechos cotidianos, se sumergen a diario los investigadores que tratan de reconstruir toda una época.

Ingobernable porque lo que precisaba no era microcirugía. Necesitaba un tratamiento de choque. Dijo Alberto Fabra cuando llegó a su presidencia accidental que empezaba una nueva época. Hace algo más de un mes, cuando hizo balance de sus dos años al frente del Consell que durante su mandato no se había producido ningún caso de corrupción. Todo era de antes. Todo era herencia.

Cuando los historiadores tengan que reconstruir lo que ocurrió en la Comunitat Valenciana en la primera década del siglo XXI tendrán que recurrir a los archivos de los juzgados. Porque en las calificaciones de jueces instructores, fiscales, policía científica o peritos judiciales es donde se está escribiendo el relato de lo ocurrido durante esos años.

Es cierto que la historia es más compleja que unos hechos puntuales. Pero con el análisis de todos los casos de corrupción que se instruyen en los juzgados se elaborarán las teorías que expliquen a las generaciones futuras cómo la Comunitat Valenciana acabó donde quiera que acabe. Porque si algo resulta evidente es que esa historia, y sus consecuencias, aún se está escribiendo.

Será necesario, por tanto, que pase el tiempo para poder comprender en qué momento a los que los valencianos encargamos que nos gobernaran decidieron que su mandato no era perseguir el bien de los ciudadanos y se dedicaron a usar las administraciones y el dinero público en beneficio propio o de terceros de forma ilícita.

Independientemente de lo que acaben dictaminando los tribunales de justicia, lo que ya han desvelado las instrucciones de casos como Gürtel, Brugal, Blasco, Fabra, Nóos o Emarsa, por citar los más relevantes, es que durante toda una época se instaló en las instituciones valencianas una forma deleznable de hacer política deleznable.

Solo desde la impunidad, la falta de escrúpulos y el sentimiento de propiedad de las instituciones se puede explicar que distintas tramas de corruptos y saqueadores de dinero público camparan a sus anchas en consellerias, ayuntamientos y empresas públicas. Y lo peor es la sensación de que ese círculo vicioso se quebró porque se acabó el dinero con la explosión de la burbuja inmobiliaria y la llegada de la crisis.

El problema es que la corrupción estaba tan enraizada en las administraciones valencianas que resulta casi imposible, varios años después de que estallaran judicialmente los casos más relevante, zafarse de una herencia asfixiante. La lectura, por ejemplo, del escrito que la Fiscalía Anticorrupción presentó este mismo lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre le caso Nóos nos vuelve a recordar aquella época. Y este martes, sin solución de continuidad, el auto de apertura de juicio oral contra el exconseller Rafael Blasco por el uso ilícito de fondos públicos destinados a los más desfavorecidos, igual. Y lo que nos queda.

La consecuencia más directa de todos estos entramados de corruptos y corruptores es que dejaron a su paso tierra quemada. Y ese territorio yermo de credibilidad, dinero y capacidad de acción, infectado por la sospecha judicial permanente, se ha convertido en un ente ingobernable.

La gestión de la herencia ha sido la asignatura más compleja para Fabra. Sobre todo porque para romper con el pasado el presidente del Consell debía renegar de sus compañeros de partido y de su gestión. Y, al hacerlo, los efectos en la estabilidad del Partido Popular de la Comunitat Valenciana y en sus débiles apoyos orgánicos hubieran sido notables.

Pero el intento de navegar entre dos aguas no ha hecho más que prolongar el problema. Las permanentes novedades judiciales sobre los casos de corrupción salpican cualquier intento de Fabra de aparentar normalidad. Y al no haber marcado una clara línea de separación -pese a la famosa línea roja- con los protagonistas de la década perniciosa, el presidente sigue lastrado en su acción política.

Lo que viene por delante son meses en los que se agravará esta situación. Carlos Fabra será juzgado en octubre. Después los serán las exconselleras y aún diputadas del PP Milagrosa Martínez y Angélica Such. Y después, Rafael Blasco. Y a esos juicios se unirán los que vayan abriéndose una vez finalicen su instrucción. Y a Alberto Fabra se le seguirán pidiendo explicaciones sobre qué piensa hacer con sus compañeros de partido acusados. Y la nómina de sospechosos es larga.

Que en una situación de crisis económica el presidente de la Generalitat tenga abierto un frente que le aparte de la que debería ser su única prioridad no parece nada oportuno.