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 Las direcciones provinciales dan por hecho que si el secretario general resulta imputado habrá sustitución y el relevo elegido contentará a Valencia y Alicante

VALENCIA (X. AGUAR). La recta final del periodo vacacional ha reavivado el debate interno en el PPCV acerca del futuro de la organización para lo que resta de legislatura. La delicada posición del secretario general del partido, Serafín Castellano, que corre el riesgo de ser imputado por los contratos concedidos en su etapa de conseller al empresario Taroncher, puede dejar al presidente del partido, Alberto Fabra, frente a un cruce de caminos del que dependerá directamente el futuro del propio líder.

De producirse la imputación, una circunstancia que dentro del PP se considera probable, ésta obligaría al líder popular a prescindir de los servicios -al menos temporalmente- de Castellano tanto en el partido como en el Consell. Una medida que debería adoptar en sintonía con el modo de actuar del jefe del Consell ante los dirigentes imputados.

Fuentes del PP del ámbito provincial, especialmente de Valencia y Alicante, coinciden en que si la salida de Castellano se produce, la decisión que tome Fabra será "clave" en el desarrollo de la legislatura. A juicio de las citadas fuentes, una buena elección contribuiría a la unidad del partido y aumentaría las posibilidades del PP de salvar los muebles en las elecciones de 2015. En cambio, una decisión que no sintonizara con las direcciones provinciales podría desestabilizar al partido hasta el punto de que Fabra quedara aislado dentro de la propia formación que lidera.

Por el momento, el presidente de los populares valencianos se ha encargado de fortalecer en el periodo prevacacional la relación con los presidentes provinciales y los representantes municipales. No obstante, también se ha ocupado de defender públicamente a Castellano frente a las denuncias interpuestas a su número dos.

Este juego de equilibrio tocará a su fin si finalmente se produce la imputación del secretario general del PPCV. En este punto también coinciden las fuentes consultadas del PP de Valencia y Alicante: el relevo no debe pertenecer al entorno de Castellano.

Así, las citadas fuentes apuntan a una "oportunidad" para que Fabra cierre definitivamente las heridas con la provincia de Valencia. Cabe recordar que Alberto Fabra procede de Castellón y el vicesecretario regional (número tres) del PPCV, César Sánchez, pertenece a la provincia de Alicante. En este sentido, el equilibrio territorial dicta que el secretario general debería ser de Valencia.

La designación de Castellano, una apuesta personal de Fabra que en su día causó malestar en Alfonso Rus y Rita Barberá, no ha aportado los frutos esperados por el presidente del PPCV. Más allá de los rifirrafes comarcales y locales por conseguir territorio, la gestión de Castellano no ha fomentado -a juicio de las direcciones provinciales- la unidad en el partido ni ha servido para restar poder a Rus: de hecho, el presidente provincial ha aumentado su influencia y partidarios.

LA OPCIÓN DE MIGUEL ORTIZ, RECHAZADA POR RUS Y CÍSCAR

Por otro lado, como ya informó este diario semanas atrás, Castellano busca, en el caso de tener que apartarse de la primera línea, el relevo de algún dirigente de su cuerda. En este caso, el vicesecretario y alcalde de Altea, Miguel Ortiz, sería el principal 'outsider'. Una posibilidad que no agrada al entorno del presidente provincial del PP alicantino, José Císcar, que en el último año ha tenido diversos roces con Castellano por su manera de conducir el partido en el ámbito regional.

En este sentido, fuentes del PP valenciano e incluso alicantino opinan que Fabra, de producirse la salida de Castellano, debería repartir la secretaría general del partido y la conselleria de Justicia en consenso con Alfonso Rus y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Un gesto que contribuiría a limar las asperezas surgidas desde el inicio del mandato de Fabra con los dos pesos pesados de Valencia y a cerrar filas de cara a una segunda parte de la legislatura que se augura complicada.

Mientras ya comienzan a surgir nombres que podrían ocupar estos cargos (entre dirigentes del PP se habla de la diputada nacional y exconcejal Marta Torrado o del parlamentario autonómico Vicente Betoret), tampoco se cierra la puerta a la posibilidad de que el propio vicesecretario general César Sánchez pudiera asumir las funciones que dejaría Castellano, aunque su condición de diputado y alcalde de Calpe dificulta esta opción dado que supondría una excesiva acumulación de cargos.