Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• PSPV, Compromís y Podemos presentan la proposición de ley para recuperar RTVV 
• El Gobierno manchego recurrirá el nuevo trasvase del Tajo al Segura
• Montiel (Podemos), con 67.500 euros, el portavoz con más retribuciones en 2014

VALENCIA. Donde duele. Ahí es donde golpeó este martes el secretario general del PSPV y diputado nacional, Ximo Puig, al aprovechar una respuesta parlamentaria procedente del Ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro a cuenta de la financiación autonómica, un departamento que prestó -una vez más- un flaco favor al Consell que preside Alberto Fabra.

Hasta ahora, el tira y afloja parecía solo centrarse en una cuestión de tiempos: además del Gobierno valenciano, todos los partidos políticos de la Comunitat han reiterado sus protestas por la infrafinanciación que sufre la región. Sin embargo, el Consell, a la vez que ha manifestado la necesidad de la reforma del sistema, ha asumido que esa remodelación no podrá llegar de inmediato, una perspectiva que la oposición ha atacado acertadamente dada la delicada situación económica de la Generalitat, que necesita recibir más dinero del Estado para poder sobrevivir.

Sin embargo, la respuesta parlamentaria del Ministerio de Hacienda remitida al diputado nacional ataca el concepto de base, al rechazar que la Comunitat Valenciana se encuentre por debajo de la media en financiación respecto al resto de autonomías. Al suelo que vienen los nuestros.

En concreto, las cuatro preguntas formuladas por el socialista Ximo Puig, se centraban en la reforma del modelo de financiación, apoyándose además en una entrevista en el diario El Mundo al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, en la que planteaba ceder más control de los impuestos a las autonomías, encaminando así el sistema hacia los conciertos forales.

Así, Puig interpelaba al Ministerio de Hacienda si coincidía con ese planteamiento y si este departamento se encontraba trabajando en ese tipo de reforma. Además, solicitaba saber si se mantenía la fecha de entrada en vigor del nuevo modelo para el 1 de enero de 2014. La última cuestión planteada, señalaba que Margallo admitía que la Comunitat Valenciana salía perjudicada con el actual sistema de financiación, por lo que el diputado socialista preguntaba al Ministerio de Hacienda por la existencia de algún informe que corroborara esta afirmación.

En la respuesta, fechada el pasado 3 de mayo de este año y registrada el pasado 5 de junio, el Gobierno asegura que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 21 de marzo de 2013, se acordó la creación de un nuevo grupo de trabajo, que tendrá encomendado "el análisis del efecto de la aplicación del actual sistema de financiación al objeto de elevar dicho análisis al Comité Técnico Permanente de Evaluación por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas".

A continuación, se describe la composición del grupo de trabajo, una información ya conocida, dado que ya se hizo público que se crearía un equipo de estudio para la flexibilización del déficit -que en este momento trabaja en este ámbito- y el citado grupo sobre la financiación que, según informaron en su día fuentes de la conselleria, comenzaría a trabajar en cuanto se resolviera la cuestión del déficit asimétrico.

No obstante, la respuesta prosigue, y aquí es donde surge la polémica. Textualmente, reza lo siguiente: "No hay informe en relación con la cuestión relativa a un posible perjuicio de la Comunidad Valenciana; es más, puede destacarse que la reforma de 2009 supuso un incremento en los recursos liquidados en 2009 del 21% para la misma, un 58% más que la media de las comunidades de régimen común. Además, en términos de financiación adicional derivada de la reforma por habitante, la Comunidad Valenciana supera en el primer año de aplicación del modelo la media del conjunto de las comunidades autónomas en casi 20 puntos. Gracias a esta reforma, en el año 2010, la Comunidad alcanza ya la media en términos de financiación per cápita, tal y como esta magnitud fue definida en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y no como se presenta por algunas informaciones periodísticas y estudios parciales".

De esta manera, el Ministerio de Hacienda dejaba en evidencia las reivindicaciones del Consell y de las formaciones políticas valencianas, que han insistido en la infrafinanciación que sufre esta comunidad autónoma desde hace una década, pese a la reforma del sistema llevada a cabo durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

EL INFORME DEL IVIE Y DE LOS PREMIOS JAIME I

Pero esa respuesta parlamentaria no solo desmiente al Ejecutivo valenciano, sino también los estudios de prestigiosos entes como el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que en mayo de 2012 publicó un informe encargado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) titulado: ‘La financiación pública de la Comunitat Valenciana y sus consecuencias económicas'.

En este informe, del que la Generalitat se ha servido en múltiples ocasiones para exigir mayor financiación, se exponía que la financiación por habitante de la Comunitat Valenciana es la más baja de España tras la de Baleares. Asimismo, y como analizaba el catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Valencia, Jordi Palafox, apoyándose en los datos del Ivie, "si entre 2002 y 2009 la financiación por habitante hubiera sido igual a la media de las comunidades autónomas de régimen común y se hubiera gastado lo mismo, el endeudamiento sería inferior en 7.781 millones de euros.

Un dato que, a día de hoy, desde el Gobierno valenciano se eleva hasta 11.000 millones de euros, la conocida deuda histórica que el Consell de Fabra ha citado públicamente en más de una ocasión.

Por el contrario, fuentes del Ivie consultada por este diario recalcaron que, con los datos oficiales de liquidación de 2010 publicados, "el conjunto de recursos que proporciona el modelo son, por habitante o por habitante ajustado, menores en el caso de la Comunitat Valenciana".

Además de este informe, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, encargó a los premios Jaime I que elaboraran un estudio sobre el sistema de financiación. Según adelantó el jefe del Consell semanas atrás, las primeras conclusiones de este informe reiteran que la Comunitat Valenciana se encuentra infrafinanciada.

REACCIÓN DE FABRA Y PSEUDORECTIFICACIÓN DEL MINISTERIO

La respuesta del Ministerio de Hacienda desvelada por el diputado socialista Ximo Puig no dejó indiferente al equipo de Alberto Fabra. Fuentes de Presidencia señalaron que el jefe del Consell se puso en contacto con Cristóbal Montoro para pedir explicaciones sobre la respuesta parlamentaria publicada, que dejaba a los pies de los caballos las reivindicaciones del Gobierno valenciano.

A última hora de la tarde, fuentes del Ministerio de Hacienda matizaban la respuesta parlamentaria señalando que los datos reflejados en ella eran "provisionales", dado que solo correspondían "al primer año de aplicación del modelo de financiación y hay que tener en cuenta más años para poder hacer un buen análisis".

En este sentido, desde el ministerio recalcaron que el grupo de trabajo creado en el CPFF está estudiando un nuevo sistema de financiación autonómica y que, por el momento, "no hay ningún informe terminado, ni nada cerrado". Una explicación que no termina de aclarar si la respuesta parlamentaria fue mal resuelta por el Ministerio de Hacienda o si, en el peor de los casos, significa que en la batalla por conseguir la mejora de la financiación, la Comunitat ha retrocedido hasta el punto de salida.

Cabe recordar, entre la lista de desplantes del Ministerio, que el número dos de Montoro, Antonio Beteta, fue el encargado de echar un jarro de agua fría sobre el Gobierno valenciano precisamente en lo referido al sistema de financiación. El secretario de Estado de Administraciones Públicas hizo público en Valencia semanas atrás que la reforma del sistema no se hará efectiva hasta, al menos mediados de 2015. Eso, unido a la falta de un compromiso concreto por parte de Mariano Rajoy en el mitin del pasado sábado y a esta respuesta parlamentaria, siembra las dudas no solo sobre las fechas en las que se produzca la remodelación del mismo, sino también sobre los beneficios que pueda obtener la Comunitat Valenciana.