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VALENCIA. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es indudablemente uno de los primeras espadas del Gobierno de Mariano Rajoy. Gran parte de las cuestiones fundamentales y polémicas pasan por sus manos: la gestión presupuestaria, la financiación autonómica, el control del déficit o la redimensión de las administraciones públicas.
Esto hace que, desde la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy en 2011, varios asuntos de envergadura que atañen a la propia supervivencia económica de la Generalitat, deban esperar los ‘tempos' marcados por Montoro. La agonía de los impagados, la tensión respecto a la flexibilización del déficit, la incógnita sobre la reforma del modelo de financiación o la autorización para avalar los préstamos de entidades financieras que han de permitir la viabilidad de la SGR, son cuestiones que se amontonan en la Generalitat a la espera de que el Ministerio de Hacienda tome decisiones.
Precisamente este pasado jueves, Cristóbal Montoro sembraba de nuevo las dudas sobre una flexibilización del déficit por autonomías que se daba por supuesta, a la espera de la autorización de Bruselas. Diversos medios informaron de la negociación de una cifra para Cataluña, Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Baleares situada entre el 1,8% y el 2% de cara a 2013, muy por encima del 0,7% exigido a priori.
Sin embargo, el ministro replicó asegurando que estas informaciones carecían "de fundamento" y recalcó que "a estas alturas no hay cifras" porque tiene que haber diálogo con todas las comunidades y con la Comisión Europea, declaraciones que posteriormente matizó pero que volvieron a sembrar las dudas en las CCAA y, en especial, en la Comunitat Valenciana.
La flexibilización del déficit es una cuestión esencial para la Generalitat. El propio conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, admitía este jueves en Les Corts que sería incluso "complicado" conseguir el registro de 1,8% en 2013. El dirigente valenciano es realista, dado que la autonomía valenciana fue la que presentó un registro más alto de déficit en 2012, con 3,45%.
En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), se acordó la creación de un grupo para estudiar la flexibilización del déficit y otro para la futura reforma del modelo de financiación autonómica. Mientras el primero se considera prioritario para el ministerio, de hecho la primera reunión se producirá este lunes, el más importante para el Gobierno valenciano es el referido a la reforma del modelo de financiación, dado que con el actual sistema la Generalitat seguirá con problemas económicos durante toda la legislatura por los insuficientes ingresos que llegan del Estado.
Fruto de las necesidades y urgencias, la tensión entre Generalitat y Ministerio de Hacienda en los últimos meses ha sido constante. La espera para la aprobación de unos hipotéticos hispabonos que finalmente vieron la luz en forma de Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la lentitud en la constitución del mismo con la administración autonómica a la espera con el agua al cuello; y actualmente, la necesidad de un nuevo FLA o la siguiente tanda del plan de proveedores, mantienen en un puño el corazón del Gobierno valenciano... en la mano de Montoro.
LA SGR Y LA LEY DE RÉGIMEN LOCAL, DOS EJEMPLOS MÁS DE UNA RELACIÓN DIFÍCIL
La relación entre Hacienda y Generalitat tiene otros casos de fricción. El Consell necesita que el ministerio avale el crédito de 500 millones de euros a devolver en ocho años acordado por el Gobierno valenciano y las entidades financieras para salvar de la liquidación a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), una desaparición que afectaría a decenas de pymes valencianas. Desde entonces, tres meses y medio después, la cuestión sigue en el escritorio del ministro sin recibir ‘luz verde'. En poco más de quince días expira el plazo y, de no haber firma, se liquidará la SGR. A finales de este mes se espera una reunión en la que se desatasque el asunto.
Por otro lado, también ha levantado ampollas la Ley de Régimen Local diseñada desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En este caso, las estructuras provinciales han sido las más molestas con ciertos aspectos del anteproyecto presentado. Así, uno de los más críticos ha sido el presidente de la Diputación de Valencia, presidente de la Comisión de Diputaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y líder del PP provincial, Alfonso Rus, que ha elevado sus diferencias acerca de la propuesta del ministerio.
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