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VALENCIA. El vicepresidente del Consell, José Ciscar, ha reconocido que la salvación de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana está en manos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, último responsable de la operación de rescate público de la entidad.

Según ha señalado al término del pleno del Gobierno valenciano, la Generalitat está pendiente de la autorización "del propio ministro" para que salga adelante el acuerdo entre la Administración valenciana y el pool de bancos implicados en el crédito de 500 millones de euros que ha de salvar de la liquidación a la entidad avalista.

"El Gobierno valenciano ha hecho todo lo que tenía que hacer" para salvar la SGR, según José Ciscar, pero el visto bueno definitivo a todas las medidas tomadas desde Valencia dependen de la actitud de Montoro, preocupado por el cumplimiento de los compromisos del déficit y la reducción de la deuda autonómica.

ESFUERZOS DE RESCATE

La noche del 8 de enero, los responsables de la SGR, la Generalitat valenciana y las entidades Sabadell CAM, Bankia, BBVA y CaixaBank acordaron un crédito que permitía evitar la liquidación de la entidad, a falta de unas horas que la hicieran inevitable.

El acuerdo, que alcanza los 500 millones de euros, según fuentes conocedoras de la operación, no sólo permitiría cubrir el desfase contable generado durante el gobierno de la anterior dirección de la entidad, que dimitió en abril del pasado año; sino poder afrontar los crédito fallidos en los últimos años, que rondan los 400 millones.

La financiación se instrumenta mediante dos líneas o tramos de financiación. Por un lado, un tramo senior equivalente a un 63% de cada reclamación frente a la SGR; y por otro lado, un tramo participativo, por un importe equivalente al 37% de cada reclamación.

En la propuesta, se establece un periodo de seis años para la devolución del dinero. Aunque no se trata de los cinco años que planteaba en un principio Sabadell CAM (condicionado por el necesario visto bueno del Fondo de Garantía de Depósitos), este plazo está lejos de los ocho años a los que inicialmente aspiraba la Generalitat.

RIESGO DE PAPEL MOJADO

El pasado martes se cumplía el tercer mes de esta espera que, de no resolverse antes de 9 de mayo, abocará a la entidad a la solicitud del concurso de acreedores y, de forma inmediata la designación de un equipo liquidador que salde los restos de la entidad y reparta la deuda entre los accionistas.

Aunque la Generalitat responde por el 41% de la propiedad, la mayor de los accionistas son pequeñas y medidas empresas que han sido beneficiadas por los créditos de la sociedad avalista y se han incorporado a su accionariado, viéndose obligadas ahora a responder ante los acreedores en el porcentaje que les corresponda.