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VALENCIA.La desaparición en menos de un año de las tres entidades financieras que tenían su sede central en la Comunidad Valenciana y, más general, la desaparición de las cajas de ahorro en España y su transformación en bancos, plantea un panorama completamente nuevo respecto a la situación que ha existido durante, al menos, el último siglo. Ello, al margen de la situación excepcional de la Comunidad Valenciana en donde el gobierno del Partido Popular tiene el dudoso privilegio de haber aportado en esta crisis financiera las dos entidades de mayor tamaño intervenidas por el Banco de España. Eso sí parece asombrar al mundo como subrayaba el slogan publicitario de Rita Barberá y no los grandes eventos que tras tantas promesas lo único que han dejado es un espectacular déficit que ahora toca pagar entre todos los contribuyentes. 

Tanto la desaparición de instituciones centenarias como las Cajas de Ahorro o la intervención de la CAM y Banco de Valencia y la absorción de Bancaja por una entidad mediocremente gestionada como Caja Madrid plantean algunas duras constataciones. Y ninguna concuerda con lo que se suele escribir acerca de la crisis financiera en España y en la Comunidad Valenciana. Sin pretensión alguna de abarcar todas las dimensiones hay, al menos, tres que merecen ser enunciadas. En parte han sido ya mencionados en contribuciones previas en este debate sobre La desaparición del sistema financiero valenciano: causas y consecuencias, pero no está de más volver a reiterarlas dado que el resultado de la crisis ha sido el desmantelamiento de lo que hasta hace bien poco era la mitad del sistema financiero español.

1. Crisis evitable

La percepción habitualmente transmitida sobre la crisis es que lo ocurrido era inevitable. O, si se prefiere, que carece de sentido especular sobre escenarios alternativos contrafactuales. Ello lleva a considerar que las normas liberalizadoras de la actuación de las cajas de ahorro podían ser parte del problema. En especial el Real Decreto de 1977denominado Decreto Fuentes Quintana, que equiparó la operativa de las cajas de ahorros con los bancos en todo excepto en el control y responsabilidad de sus administradores tratados en la LORCA (1985) y en la posibilidad de ampliar capital por otras vías que no fuera la recurrencia de los beneficios o emisión de subordinadas dado su menor coste frente a las cuotas participativas (a pesar de que en 2002 Rodrigo Rato modificó el articulo 14 la Ley de 1985 e introdujo una nueva regulación sobre las cuotas participativas. Pero se mantuvo su falta de atractivo).

Este marco legal impuso severas limitaciones a una eficiente gestión de estas entidades como ha puesto de relieve Manuel llueca en su contribución a este debate y mencionado también por Ernest Reig en la parte final de la suya. Pero si fuera esta gobernanza deficiente, en palabras de Illueca, o la ausencia de mecanismos de disciplina interna, en las de Ernest Reig, a los que hubiera que considerar responsables del desastre, ¿no debiera esperarse que todas y no sólo una parte de las entidades hubieran acabado presentando problemas de viabilidad?

Pero esto no es así. Joaquín Maudos ha expuesto en diversos foros el contundente indicador que ha elaborado en el que mide la ratio entre activos adjudicados (activos no corrientes disponibles para la venta+ inversiones inmobiliarias+ existencias) y activo total. El mismo puede considerarse, por tanto, una aproximación a la debilidad o fortaleza de las entidades (bancos y cajas) provocada por su exposición a la burbuja inmobiliaria según sea el valor que adopte en cada entidad. El mismo muestra que las diferencias entre cajas son muy sustanciales con algunas (la Caixa, BBK, o Caixa Ontinyent por ejemplo) con valores que no llegan a la tercera parte de las más expuestas. Por tanto, si con la misma legislación la actuación ha sido heterogénea, las normas existentes pueden considerarse en todo caso una condición necesaria pero no suficiente para explicar lo ocurrido.

2. Dación de cuentas y transparencia inexistentes

Los problemas proceden, por el contrario, de las lagunas en esta legislación y de las decisiones políticas para no superarlas. Entre estas carencias sobresale el nulo esfuerzo de los sucesivos gobiernos por avanzar la dación efectiva de cuentas de ejecutivos y administradores que quedó en manos de asambleas ignaras en la mayor parte de los casos en todo lo relacionado con la economía y nombradas directa o indirectamente bien por los partidos políticos bien por las propias cajas de ahorro. De esta forma, se dejaba en manos de los gobiernos autonómicos y municipales, o de los propios ejecutivos, el ser más o menos estricto en el cumplimiento de los principios declarados.

Por ejemplo, el fraude de ley en relación con que los nombrados debían ser "personas de reconocido prestigio en el campo de la economía y las finanzas" ha sido, si no general, muy frecuente. No el color político de los administradores puesto que Caja Castilla La Mancha y CAM pertenecían a comunidades autónomas gobernadas por partidos de diferente signo y han acabado igual de mal. El elemento determinante ha sido el diseño de estrategias por parte de los ejecutivos y la ausencia real de control a su gestión por los administradores (al margen del supervisor).

Mucho se ha hablado de las injerencias políticas cuando las cajas que no han presentado problemas no tenían un sistema de elección de consejeros diferente, pero muy poco de las responsabilidades de los administradores. Me refiero tanto a los "amigos políticos", cuando no directamente a políticos, jubilados o en activo, y a esas entidades creadas ad hoc para poder sus impulsores formar parte de los órganos de gobierno. Pero también a aquellas otras que por la indolencia de sus gestores en conseguir fuentes de financiación han venido dependiendo de las aportaciones de las propias cajas para su actividad. Y todo ello sin que se hiciera nada por corregirlo.

En estos casos, la independencia de criterio -que ha existido como excepción- ha estado gravemente comprometida por falta de conocimiento, de interés o por la dependencia presupuestaria. Y sobre ello nada se avanzó porque los gobiernos, de Aznar primero y de Rodríguez Zapatero después, no han tenido el más mínimo interés en hacerlo. Por ello parece más adecuado centrar el problema en ese desinterés y no en las medidas de liberalización adoptadas hace casi medio siglo.

A esta ausencia de control real sobre la labor de ejecutivos y administradores (y sobre los cuantiosos fondos destinados a las obras benéficas sociales a menudo meros departamentos bis de las conserjerías autonómicas) se ha sumado un segundo foco de problemas: la ausencia completa de transparencia, nula hasta la desaparición de las entidades. Ni retribuciones, (en dinero y en especie en forma de viajes y regalos varios), ni estructura salarial de los ejecutivos ni de los propios miembros de los órganos de gobierno, empezando por los presidentes, han sido no ya públicas sino ni siquiera de conocimiento de los órganos de gobierno. Y cuando finalmente se crearon las comisiones de retribuciones, (que no de control de las atenciones protocolarias nunca fiscalizadas) sus acuerdos han sido mantenidos reservados. Como cuando se obligó a hacerlas constar en los informes anuales que se permitió hacerlo de forma agregada manera óptima de no informar de nada. Pero de nuevo, es la falta de normas en ese sentido, y no la equiparación en la actividad financiera con la banca privada, a la que se debe atribuir la responsabilidad de lo ocurrido.

3.-Gestión de la crisis no neutral

Y una tercera constatación nada subrayada es que el abordaje de la crisis de las cajas de ahorro por parte del regulador (gobierno a través del Ministerio de Economía) y por parte del supervisor (Banco de España e IVF en el caso valenciano) no ha sido, como insinuaba Carles Sudrià en este debate, el único posible. En modo alguno. Desde el inicio de las dificultades, uno y otro se han movido entre el extremo de negar que las entidades tuvieran problemas al de acabar con ellas en pocos meses. Al IVF ni se le ha visto a pesar de la constante injerencia de la Generalitat en cargos e inversiones.

Merece recordarse a este respecto que en diciembre de 2009, la ministra Elena Salgado afirmaba en el Parlamento que la normativa entonces vigente (la LORCA) respetaba los principios de "democratización y profesionalización" (seguramente no pensaba en Modesto Crespo ni en tantos otros ) y había contribuido "en parte" al "éxito" de las cajas en nuestro país, donde suponen un "pilar esencial" de nuestro "sistema financiero" porque además de su papel como entidades de crédito y captación de recursos desempeñan una importante "labor social".

Y a lo anterior añadía, "Dos años después del inicio de la crisis ha quedado de manifiesto la notable capacidad de resistencia de nuestro sistema financiero". Con semejante diagnóstico, cuando los balances de algunas entidades estaban repletos de suelo sin precio, no cabía esperar ningún acierto. Y así ha sido. Como el diagnóstico era completamente erróneo, la alternativa que se apuntaba de mantener las entidades cambiando su gobierno jamás se intentó. A fuerza de improvisaciones, que es como ha gobernado en todo momento Rodríguez Zapatero, lo que se ha impuesto en un gobierno que presumía de ser de izquierdas ha sido dejar a los administradores cobrando sus prebendas y acabar con las cajas de ahorro como entidades financieras relevantes. Ni un intento, como se anunciaba en esa comparecencia parlamentaria, de sanear primero y pactar después un cambio de normas -esas que sin sonrojarse se decía que habían contribuido al éxito de las cajas- para reforzar lo que era un "pilar esencial" del sistema financiero.

De la gestión del IVF, o del Consell, de la mano de gestores como Uncio, que han acabado presidiendo la Comisión de Control a del CAM, o Pérez Boada, tan responsable como el anterior, más útil que reiterar lo ya señalado en tantas ocasiones acerca de la pasividad de la actuación es copiar lo que el Gobierno Valenciano asume en la Ley sobre Cajas de Ahorros para comprobar la distancia entre el dicho y el hecho. En la misma se señala que:

"Las Cajas de Ahorros gozarán del protectorado de la Generalitat Valenciana, que se ejercerá en el marco de las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, de acuerdo con los principios siguientes:

a) Procurar el desarrollo y buen funcionamiento de las Cajas de Ahorros.

b) Velar para que en cada Caja de Ahorros exista una adecuada organización administrativa y contable y procedimientos de control interno adecuados.

c) Defender y proteger la independencia, prestigio y estabilidad de las Cajas de Ahorros.

d) Vigilar que las Cajas de Ahorros cumplan las normas de ordenación y disciplina".

No es necesario extenderse para confirmar que, desde la llegada de Eduardo Zaplana a la presidencia de la Generalitat hasta la dimisión de Francisco Camps, ninguno de esos cuatro principios ha sido seguido. No hay mejor constatación que el triste hecho de que hoy no existe ninguna de las dos principales cajas que han dominado la vida económica y financiera de la Comunidad Valenciana durante buen parte del siglo XX. Como, gracias a la gestión de Elena Salgado y Miguel Ángel Fernández Ordoñez no existen ya cajas de ahorro en España con capacidad financiera para hacer frente al duopolio bancario. ¡¡Ni adrede, el partido más conservador del panorama europeo, lo hubiera hecho mejor!!
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(*) Jordi Palafox es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Valencia

1.- CAM: más vale lo bueno por conocer que lo malo conocido (por Remedios Ramón)

2.- Cajas de ahorro, un desastre no anunciado (por Ernest Reig)

3.- Hay vida después del desastre (por Mª Ángeles Pons)

4.- Les caixes d'estalvi valencianes: ascens i fracàs (por Joaquim Cuevas)

5.- El triste final de una larga historia (por Carles Sudriá)

6.- Una desregulación fallida (por Manuel Illueca)