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BARCELONA. Pocos podían pensar hace tan solo unos meses que las cajas de ahorros, unas instituciones centenarias que disfrutaban de la mayor consideración del público y de un halo de solidez y probidad forjado durante décadas, entrarían en una crisis que llevará a su desaparición de forma irreversible. No sabemos qué otras transformaciones nos deparará la crisis que vivimos, pero creo no errar afirmando que el completo cataclismo que está sufriendo el sistema financiero español estará entre las más significativas. Las cajas de ahorros, como es sabido, representaban la mitad de la actividad de intermediación bancaria en España. Aunque al final de proceso sobrevivan algunas de ellas, lo harán sobre premisas completamente diferentes, esto es reconvertidas en sociedades bancarias por acciones, con participación de capital privado y cotizadas en bolsa.

Una pérdida de capital social

Una primera pregunta que cabría hacerse es si tal desaparición es de lamentar. No es pregunta ociosa ni baladí. Para muchos defensores acérrimos del sistema de propiedad privada, las cajas -al igual que otras formas colectivas de organización empresarial- representaban una anomalía en el correcto diseño de una sociedad capitalista. Aquellos que piensan que solo la maximización individual de la utilidad conduce de forma eficiente al desarrollo económico, estarán de enhorabuena. A mi entender, sin embargo, la desaparición de las cajas representa, antes que nada, una gravísima y trascendente pérdida de capital social.

El capital social lo constituyen el conjunto de valores, costumbres e instituciones que facilitan la acción colectiva. Para muchos analistas, su carencia constituye una de las principales dificultades para el desarrollo. Las cajas son un ejemplo claro de capital social. Nacieron para fomentar los valores de previsión y para vehicular el ahorro popular hacia finalidades de carácter social, fueran estas colectivas o individuales. Su acción ha evitado la exclusión financiera de los menos favorecidos, ha facilitado el acceso a la propiedad y la financiación de infraestructuras y, finalmente, mediante la aplicación de sus beneficios a la obra social, ha contribuido a la mejora de la calidad de vida y del nivel cultural de amplias capas de la población. Es por ello, que su razón de ser, su misma esencia, está ligada a dos factores fundamentales, la cercanía a sus socios/clientes y una operativa respetuosa con las finalidades sociales citadas.

En mi opinión, el progresivo alejamiento de muchas cajas de estos principios esenciales ha significado poner en cuestión su legitimidad social o, si se quiere, la necesidad de su existencia como entidades de crédito específicas alternativas a los bancos. El hecho de que su desmantelamiento acelerado no haya suscitado protestas ni por parte de sus clientes ni por parte de asociaciones o entes locales es una buena prueba de la pérdida de sintonía entre las cajas y sus clientes. Este ‘desapego' de las cajas respecto a su propia esencia ha ido de la mano con una serie de cambios regulatorios que han permitido e incluso estimulado la adopción de políticas de expansión e inversión que se han demostrado radicalmente erróneas.

Los orígenes de esta deriva son recientes, pero tiene raíces antiguas. El primer estatuto formal de las cajas, de 1929, y su versión reformada de 1933 (que iba a estar vigente hasta 1975) contienen algunos de los principios que iban a prevalecer en las décadas posteriores, en especial el carácter ‘privado' de las cajas, compatible con la inexistencia de propietarios, y también la quasi-equiparación operativa con los bancos.

Del intervencionismo franquista a la liberalización

Bajo el franquismo, las cajas -como toda la economía- estuvieron estrictamente sujetas al control del Estado, especialmente en lo referido a la distribución del crédito. El nombramiento de consejeros se hacía por cooptación en el caso de cajas de fundación privada (la mayoría) y por el organismo público correspondiente en las de fundación pública. La gestión de las cajas, en este contexto, no resultaba ni conflictiva ni arriesgada. Los tipos de interés activos y pasivos venían impuestos por el Estado, y estaban fijados para asegurar un margen suficiente. Al no haber control alguno sobre la rentabilidad, los gestores tendían a ser generosos con las reivindicaciones de los empleados, aunque fuera a costa de una reducción de los beneficios potenciales.A su vez, una plantilla satisfecha e identificada con la entidad permitía ofrecer a los clientes un servicio amable, que al no haber otros mecanismos de competencia, resultaba decisivo para atraer depósitos cada vez más abundantes en una sociedad en rápido desarrollo.

Con la transición política llegó la inevitable liberalización del sector financiero en su conjunto y del subsector de las cajas en particular. La remodelación del marco regulatorio se hizo, en gran parte, aceptando las reivindicaciones de las propias cajas. Los cambios iban a centrarse en tres elementos fundamentales: la composición de los órganos de gobierno; el tipo de operaciones autorizadas y el régimen de apertura de nuevas oficinas.

La regulación de los órganos de gobierno, además de ratificar indirectamente el carácter privado, aunque ‘social', de las cajas, vino a configurar sus órganos de dirección con representantes de los empleados, de los entes locales y autonómicos y de los impositores. Un sistema que ponía las bases de una triple alianza entre empleados (cuyo lógico afán es mejorar sus condiciones de trabajo); representantes políticos (dedicados preferentemente a conseguir recursos para las entidades que representan y, eventualmente, para sus partidos); y ejecutivos, (cuya voluntad es acrecentar la dimensión de la entidad y con ella sus emolumentos).

Ninguna de estas aspiraciones es ilegítima, el problema es que de los grupos en presencia, ninguno tenía como prioridad la mejora de la rentabilidad y la eficiencia de la entidad, ni -menos todavía- asegurar el mantenimiento de su cometido fundacional. La cesión de parte de la competencia legislativa sobre este asunto a las comunidades autónomas vino a empeorar las cosas. Algunas de ellas -como las de Madrid y Valencia- aprovecharon la ocasión sin ningún recato para asegurarse el control efectivo de las cajas bajo su jurisdicción o, como mínimo, una influencia suficiente para imponer su participación en los proyectos impulsados por el respectivo gobierno, por extravagantes que estos fueran.

Las cajas consiguieron también, en 1977, la equiparación operativa con los bancos. Se trataba de una antigua reivindicación que, sin embargo, venía a coincidir con el desmantelamiento del entramado interventor que hasta ese momento había asegurado la obtención de una rentabilidad suficiente. La nueva situación exigía implantar una gestión financiera profesional y exigente, algo que resultó difícil en muchas entidades, en parte por la política endogámica de personal que les era propia.

Una expansión excesiva

La tercera gran innovación, perseguida también por las propias cajas, fue la modificación de la normativa sobre la creación de nuevas oficinas. El sistema de autorización sobre la base de un plan previamente aprobado por el Gobierno, fue substituido ya en 1975 por la libertad de establecimiento, pero limitada a la provincia de origen y a aquellas otras donde ya se tuviera presencia de alguna importancia. El proceso culminó en 1988 con la aprobación de la libertad de establecimiento en todo el territorio nacional. Bajo estas nuevas condiciones todas las cajas -sin casi excepción- aprobaron amplios planes de expansión. Las dos grandes, ‘la Caixa' y Caja Madrid disponían en el punto de partida de una situación que les permitía pensar en una expansión nacional que les equiparara con los mayores bancos, ya que contaban con un notable número de oficinas fuera de su área de origen. Parecía claro, sin embargo, que lo que era factible para las dos mayores entidades no podía serlo para todas las demás que, sin embargo, se empeñaron en ello. Entre 1990 y 2009 el conjunto de cajas -exceptuadas ‘la Caixa' y Caja Madrid- abrieron 6.300 nuevas oficinas, de las que 70 por ciento estaban situadas fuera sus áreas propias.

¿Qué puede explicar esta política de expansión a toda costa seguida por la mayoría de las cajas? Dos factores parecen esenciales, la emulación (o competencia mal entendida) entre ellas mismas y la ya citada voluntad de sus ejecutivos de aumentar el volumen de balance. Una vez decidida la expansión, esta debía hacerse con rapidez ante la inmediata competencia que surgió por las mejores ubicaciones. Y debía hacerse preferentemente en otras comunidades, ya que en la propia el grado de saturación era ya excesivo. Este proceso de desconcentración territorial tenía no pocos riesgos. Por un lado, la ya citada desconexión de las necesidades y características del entorno de origen, y los problemas de gestión derivados de la propia dispersión; y en segundo lugar, y tanto o más grave, el desconocimiento de los nuevos mercados, que hacía difícil la tarea de atraer negocio a las oficinas recién creadas.

La solución a este segundo problema se encontró en la inversión inmobiliaria, donde la competencia se basa en el precio y las condiciones del crédito y no en el conocimiento del cliente y del mercado. Así las cosas, observamos cómo eran las entidades que intentaban introducirse en territorios hasta entonces ajenos las que ofrecían mayores facilidades a constructores y compradores de inmuebles. Un proceso que se vio facilitado por la posibilidad de titularizar los créditos concedidos y de colocar los bonos correspondientes en un mercado internacional rebosante de liquidez.

Los elevados costes de salariales, sumados a la expansión desmesurada y al recurso excesivo al crédito hipotecario constituyeron el caldo de cultivo sobre el que se abatió la crisis financiera general de 2007. Ante una caída de la demanda de crédito y un aumento de la morosidad, las cajas se encontraron en una situación comprometida. El estancamiento de la actividad y de la cifra de negocio, por un lado, y las mayores dotaciones para impagados, por otro, hacían disminuir el volumen de beneficios asignado a reservas y limitaban las posibilidades de mejorar la capitalización. El cierre de los mercados de crédito mayorista, de otro lado, añadía elementos de incertidumbre al poner en cuestión la necesaria renovación del pasivo exterior. La ‘tormenta perfecta' estaba servida.

Como ha quedado expresado, mi opinión es que estos desequilibrios encuentran su raíz en el olvido por parte de las cajas de los elementos que las distinguían y las identificaban con sus clientes y con un territorio. Un proceso que no puede separarse de la adopción de un sistema de gobierno que ha propiciado que los intereses particulares de hayan impuesto a los propios de cada entidad.

¿Reconversión o desaparición?

Dicho esto, tampoco parecen ajustadas a razón algunas de las medidas adoptadas por las autoridades para hacer frente al problema. Llama la atención, en primer lugar, la cascada de decisiones a menudo correctoras unas de otras, cuando no contradictorias, que ha generado desconcierto e incertidumbre allí donde no faltaba. No se entiende, por ejemplo, la obsesión del Banco de España por forzar las fusiones, por encima de cualquier consideración de coherencia de la entidad resultante. Si una de las causas de la desnaturalización de las cajas y de sus problemas ha sido una expansión territorial injustificada y empobrecedora, la fusión entre entidades con bases territoriales alejadas y diversas no hace más que agravar el problema ¿cómo van a poder organizarse para competir unas entidades creadas al arrebato y cuya base de trabajo está repartida de forma incoherente por el territorio?

Por otro lado, la exigencia de unos niveles de solvencia cada vez más elevados y superiores a los establecidos por las autoridades comunitarias, va abocar inevitablemente a la intervención de más entidades y a su forzosa integración en otros grupos. Un observador externo podría intuir en todas estas medidas una voluntad deliberada de dificultar la pervivencia de las cajas de ahorros o, yendo más allá, de cualquier entidad de crédito arraigada sobre un territorio específico y dedicada a su desarrollo.

Como es natural, estas críticas no son comparables con las que merece la vergonzosa rebatiña a la que parecen haberse entregado los directivos de algunas cajas en esta fase agónica de su existencia. Observar que algunas de esas personas estuvieron defendiendo hasta el último momento el mantenimiento de un sistema que garantizaba sus privilegios aduciendo su carácter social, desalienta al más fervoroso defensor de la bondad humana. Estos hechos lamentables no justifican sin embargo, a mi entender, la adopción de unas medidas de fuerza que han arrumbado innecesariamente unas instituciones centenarias que no pertenecían ni a sus directivos, ni a sus empleados ni a los políticos que tanto han contribuido a su derrumbe.
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(*) Carles Sudrià es catedràtico de Historia e Instituciones de la Universidad de Barcelona

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