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VALENCIA. En muy poco tiempo la Comunidad Valenciana ha perdido el control efectivo sobre las pocas entidades financieras que tenían en ella sus sedes sociales. Sin duda ello no es favorable para los intereses empresariales valencianos, y contribuye de paso a reducir un poco más el mercado local de trabajo altamente cualificado, al eliminar o desplazar fuera de la región la parte más sustancial de los puestos directivos de estas entidades. Las Cajas de Ahorro valencianas constituían un valioso instrumento de intermediación financiera, que, utilizado con prudencia, podía servir a fines específicos de desarrollo regional.

Ahora ese instrumento ha sido arruinado, desde la perspectiva de los intereses regionales, y se ha visto obligado a transformar completamente su naturaleza. Lo que ha ocurrido es muy grave: la sociedad civil valenciana ha perdido, o va a perder definitivamente, el control sobre unas instituciones de crédito que con mucho esfuerzo y años de trabajo había ido construyendo. La broma del ‘poder valenciano', resulta ahora algo más amarga.

A la hora de encontrar explicaciones a este hecho desgraciado resulta obvio que la sobreexposición al sector inmobiliario y la exagerada expansión llevada a cabo a lo largo de la última década son factores muy importantes, a lo que sin duda hay que añadir una mala gestión y un exceso de politización. Se trata de errores en que también han incluido otras Cajas españolas, aunque en pocas con la gravedad de lo que ha ocurrido en nuestra región. En 2010, las Cajas de Ahorro españolas tenían el 68% de sus activos crediticios concentrados en los sectores de promoción inmobiliaria, industria de la construcción y crédito hipotecario para la adquisición de viviendas.

Además, y al contrario que la Banca privada, habían llevado a cabo a lo largo de la década anterior una gran expansión de su capacidad instalada, precisamente la que ahora se están viendo obligadas a desmantelar con consecuencias sociales dolorosas. No solamente eso, sino que la acelerada expansión de su actividad crediticia hizo que la financiación con cargo a depósitos resultara abiertamente insuficiente y obligó a un apalancamiento financiero demasiado elevado, como se ha puesto de relieve cuando la crisis internacional ha secado los mercados financieros mayoristas.

CENTENARES DE NUEVAS OFICINAS

Algunas cifras referentes a las dos grandes Cajas valencianas pueden resultar suficientemente ilustrativas en relación a lo que se acaba de comentar. Entre 2000 y 2007 la Caja de Ahorros del Mediterráneo incrementó en un 365% el crédito total a su clientela, y creó 368 nuevas oficinas, incrementando su red en un 47%. Por su parte Bancaja aumentó el crédito en un 383%, abriendo 337 nuevas oficinas, lo que representaba un aumento del 43% en relación a las sucursales previamente existentes.

El abuso de la capacidad de designación de sus mandatarios por parte de las instituciones autonómicas ha conducido a que determinados puestos en los Consejos de las Cajas, fueran ocupados por políticos a los que se quería compensar o recompensar por el partido afín, y también por algunos empresarios bien vistos por los gobernantes para los que el acceso a la financiación de la entidad en condiciones muy favorables constituía sin duda un aliciente importante a la hora de aceptar un puesto en los Consejos de Administración.

Probablemente ni unos ni otros tenían un incentivo potente para implicarse a fondo en el conocimiento del derrotero que su entidad estaba siguiendo, y corregirlo cuando aún era tiempo. El garantizar la presencia de otros intereses sociales -impositores, entidades fundadoras etc.- no servía sin duda para modificar un problema de fondo referido al control de la gestión, y hacerlo con criterios profesionales.

Sin embargo reviste también interés intentar una reflexión algo más amplia, que en cierto modo abarque e incluya los aspectos mencionados, pero en un marco de referencia de más largo alcance. Resulta ilustrativo para ello tener en cuenta lo que hace pocos años, antes de que estallara la burbuja inmobiliaria pero cuando ya la expansión desorbitada del crédito debía haber encendido todas las señales de alarma, se afirmaba por parte de algunos buenos conocedores del sector.

Así en un trabajo publicado en 2005 en una revista editada por la Fundación de las Cajas de Ahorro, y dedicado precisamente a formular un conjunto de preguntas clave sobre las Cajas, se podía leer que "las decisiones de inspiración política ‘sin racionalidad económica' deben preocupar poco en entidades que operan en el mercado y están sometidas a la competencia. El mercado obliga a una actuación racional". Estoy convencido de que los autores de ese trabajo se lo pensarían ahora mucho más a la hora de vincular indisolublemente ‘mercado' y ‘racionalidad'.

CONFIANZA EN LA CAPACIDAD AUTORREGULATORIA DEL MERCADO

Hay que decir que por supuesto no eran los únicos en sustentar esa opinión en aquellos momentos. La confianza en la capacidad autorregulatoria del mercado la compartían una amplia generalidad de profesionales de la economía, cuyas referencias teóricas y prácticas correspondían al mundo anterior a las hipotecas ‘sub-prime' y la caída de Lehman Brothers. Hoy en día sería en cambio más difícil encontrar quienes suscribieran esa confianza sin plantear a la vez todo un cúmulo de condicionantes.

Las dificultades actuales de las Cajas de Ahorro son en buena medida el fruto de una asimetría entre la fuerte desregulación que las ha afectado a lo largo de los últimos 20 años y la inadecuación de su sistema de gobernanza, que no utiliza los incentivos adecuados. Los que ya tenemos cierta edad recordamos aquellas Cajas que tenían fuertemente regulado el destino de buena parte de sus activos, vedadas ciertas operaciones que estaban autorizadas en la Banca privada y que veían limitada su expansión a las áreas provinciales o regionales de implantación tradicional.

Buscando la eficiencia y la igualación del terreno de juego con la Banca se fueron eliminando todas estas restricciones, se fue a un modelo de banca universal, y se dio paso a las Comunidades Autónomas en su supervisión y también a la hora de designar una parte de los componentes de sus instituciones de gobierno. Esto último era desde luego coherente con la aparición de nuevas instituciones regionales representativas en un nuevo Estado democrático y descentralizado. Pero no se hizo nada, o en todo caso no lo suficiente, para prevenir que unas entidades de crédito como las Cajas que por su propia naturaleza carecían de representantes del capital en sus Consejos de Administración -no había accionistas que arriesgaran patrimonio personal -, hicieran mal uso de su nueva y amplísima libertad de actuación.

En las Cajas no han existido mecanismos adecuados de disciplina interna sobre la gestión, como se ha visto con las prácticas de riesgo de equipos directivos que literalmente han llevado a la ruina a algunas de estas entidades. Por ello puede decirse que las insuficiencias del gobierno corporativo han permitido que fueran secuestradas por los intereses -la expansión a toda costa como vía para mejorar estatus y salarios- de sus ejecutivos. No operaban tampoco mecanismos externos que pudieran obligar a la prudencia: la capacidad de disciplinar externamente la gestión a través de un activo mercado de control corporativo mediante adquisiciones estaba vedada en lo que se refiere a las Cajas, por sus propias características institucionales. Ellas podían comprar bancos, pero no a la inversa. En cuanto a los reguladores y supervisores, hoy puede decirse que tanto el Banco de España, como la Generalitat, a través del Instituto Valenciano de Finanzas, han fallado claramente en su cometido.

BANCOS Y CAJAS NO SON IGUALES

¿Era acaso malo perseguir la eficiencia y promover la competencia en el sistema financiero? Naturalmente la respuesta es que no. Pero si uno presta atención a las características que definen el objeto social de las Cajas de Ahorro, y al papel que de hecho juegan en la economía regional de donde surgieron, se encuentra que la eficiencia hubiera debido entenderse bajo una perspectiva más amplia, y bajo esa perspectiva Cajas y Bancos no debieran juzgarse con los mismos parámetros.

Por otra parte la obsesión con ganar cuota de mercado ha acabado resultando nefasta. El entender la ganancia de cuota de mercado como un fin en sí mismo es, en el caso de las Cajas, una clara distorsión de su objeto social, y sin duda ha constituido una justificación, a lo largo del último ciclo expansivo de la economía española, para que sus gestores decidieran crecer rápidamente mediante la penetración en nuevos mercados regionales. Esto último sólo era posible asumiendo aquellos riesgos, y por tanto aquellos clientes, que las entidades con larga implantación local, no deseaban para sí mismas.

A posteriori es evidente que dejaron de tomarse medidas que hubieran sido claramente positivas, y que quizás hubieran evitado, o al menos reducido, la dimensión del desastre: impedir a las entidades financieras poseer empresas de tasación inmobiliaria, controlar exhaustivamente en los Consejos de Administración de cada entidad las características de los contratos de alta dirección, cambiar el sistema de incentivos económicos de los directivos, para que una parte de su remuneración se desplazara en el tiempo a aquel momento en que fuera posible apreciar los resultados de su gestión con perspectiva temporal, dar más peso a los órganos internos de control del riesgo, etc. Y dotar de autonomía política efectiva y no meramente nominal, y de un carácter eminentemente técnico, al órgano autonómico encargado de la supervisión de las Cajas.

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(*) Ernest Reig es catedrático de Economía Aplicada
de la Universitat de València

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