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VALENCIA. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya tiene sobre su mesa el 'manual de instrucciones' para intervenir las cuentas de la Comunitat. La exigencia al nuevo Consell para que presente un nuevo Plan Económico-Financiero (PEF) 2015-16, tras considerar el Ministerio que el anterior no es creíble, sitúan a la autonomía al borde de la activación de las "medidas coercitivas" que la Ley de Estabilidad Presupuestaria prevé para las comunidades incumplidoras.
La Comunitat, de hecho, está en la última de las tres fases de condiciones previas que se han de incumplir para la activación del envío de los temidos 'hombres de negro'. Si su revisión del PEF no pasa el examen del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a finales de este mes, la intervención de la Hacienda valenciana será un hecho, a menos que Montoro quiera incumplir la ley que él mismo impulsó.
Los supuestos para llegar a ese escenario no son nuevos. Están recogidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Lo que sí son nuevas son las extraordinarias circunstancias en las que se encuentran las cuentas valencianas. La última advertencia desde el Ministerio de Hacienda ha llegado en forma de documento sobre "actuaciones correctivas" exigidas a la Generalitat para adecuar sus previsiones a la realidad.
El informe de seguimiento del PEF del primer trimestre censura que el capítulo IV (transferencias corrientes) del plan que presentó el anterior Consell contempla un aumento de 1.298,79 millones de euros sin que consten las medidas concretas para lograrlos. Lo llamativo es que mientras el CPFF no puso reparos a esas previsiones cuando las presentó el anterior conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, ahora se exige la corrección bajo la amenaza de activar el mecanismo de intervención de las cuentas autonómicas.
¿En qué consiste ese mecanismo? El Artículo 23.3 de la mencionada Ley Orgánica 2/2012 especifica que, tras la exigencia a una comunidad autónoma para que presente un nuevo plan ante el CPFF, existen dos posibilidades para la activación de las temidas "medidas coercitivas": que el gobierno de turno no presente sus correcciones en el plazo exigido o que sí lo haga pero el CPFF estime que estas "no son suficientes para alcanzar los objetivos". Es decir, propuestas insuficientes a la vista del Consejo para cumplir el objetivo de déficit máximo autorizado que el Ministerio ha mantenido en el 0,7% este año y en el 0,3% el próximo, con el voto en contra de varias comunidades, la valenciana entre ellas.
SUBIR LOS IMPUESTOS ALEJA EL RIESGO DE INTERVENCIÓN
Para valorar si las soluciones aportadas por la región afectada son adecuadas, el CPFF tiene en cuenta el "uso de la capacidad normativa en materia fiscal". Es decir, que si la solución propuesta consiste en subir los impuestos, la comunidad en cuestión aumenta sus opciones para librarse de la intervención, aunque no se concrete con precisión la previsión de aumento de la recaudación. En este sentido, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ya dejó claro en la entrevista concedida esta semana a ValenciaPlaza.com que el Consell no contempla una subida de impuestos.
De hecho, según informaron a ValenciaPlaza.com fuentes de la Conselleria de Hacienda este jueves, el departamento que dirige Vicent Soler no tiene previsto aplicar correcciones en un PEF que el CPFF sí dio por bueno a finales del año pasado.
La incógnita que se abre ante ese escenario es si el Gobierno estaría dispuesto a poner en marcha este controvertido proceso. Aunque técnicamente sería posible a la vista de los supuestos detallados, se trata de una decisión cuestionable desde el punto de vista político, a falta de apenas cuatro meses para la celebración de las elecciones generales.
La activación de la intervención por falta de presentación o incumpliemiento del PEF o del plan de reequilibrio incluye una retahíla de exigencias para la comunidad autónoma objeto de la misma que también se pueden aplicar en el caso de que se incumpla dos meses consecutivos el plazo máximo de 30 días que marca la Ley de Morosidad para el pago a proveedores.
DE LOS RECORTES A LA PÉRDIDA DE COMPETENCIAS FISCALES
La primera de esas medidas obliga a aplicar por la fuerza medidas de reducción de gasto para garantizar "el cumplimiento del objetivo establecido", en alusión al déficit. El Ministerio da a la comunidad afectada 15 días para detallar esos recortes y para aprobar la no disponibilidad y retención de créditos, recursos que pasarían a estar destinados a cumplir los objetivos impuestos.
Esa situación se mantendría hasta que la Generalitat adoptase medidas que, a juicio del Ministerio de Hacienda, garantizasen el cumplimiento del objetivo del déficit impuesto. Adicionalmente, el departamento de Montoro se reservó la potestad para asumir las competencias de las comunidades autónomas sobre los tributos cedidos, que pasarían a ser ejercidas por el Estado.
Si el Gobierno valenciano se resistiese a aplicar esos recortes o lo hiciera en una medida insatisfactoria para el Gobierno, se produciría el envío de los temidos 'hombres de negro'. A saber, una "comisión de expertos" en Hacienda con potestad para acceder a "cualquier dato, información o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos" de la Generalitat. Con esa información, los técnicos de Hacienda harían una "propuesta de medidas" de obligado cumplimiento para la administración incumplidora.
En paralelo, la Generalitat, si así lo estima conveniente el Ministerio de Hacienda, estaría obligada a constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su PIB. En el caso de la Comunitat serían 198,6 millones de euros como garantía ante el Gobierno de que se aplicarán los recortes impuestos.
Si en tres meses no presentase un plan para cumplir el déficit, la región perdería hasta los intereses de ese depósito. Tres meses después, si persiste el incumplimiento del plan, el depósito se transformaría en una "multa coercitiva".
En último extremo, si no se aplicasen las medidas impuestas por los 'hombres de negro' o no se constituyera ese depósito en el Banco de España, el Gobierno, tras instar formalmente al presidente de la comunidad autónoma afectada a adoptar las exigencias, podría llevar al Senado la aprobación de un paquete de medidas para forzar a la región incumplidora a la "ejecución forzosa" del plan. Para ello, el Ejecutivo se reserva la potestad de dar "instrucciones a todas las autoridades" de la comunidad autónoma.
se produciría el envío de los temidos 'hombres de negro'. A saber, una "comisión de expertos" en Hacienda con potestad para acceder a "cualquier dato, información o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos" de la Generalitat, que vingan ja i acomençen a treure tota la merda dels seus companys de partit
Doncs si jo fora conseller ho tindria claríssim. Que vinguen ells i foten les retallades "manu militari". Si es volen suïcidar políticament és el seu problema. I en el fons crec que els nous responsable de conselleria ho tenen igual de claret que jo.
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