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VALENCIA (X. A. /AGENCIAS). El candidato de Esquerra Unida a la Generalitat, Ignacio Blanco, y la diputada provincial, Rosa Pérez, han denuncia este miércoles que el despacho de los hermanos Costa (Juan y Ricardo), exdirigentes del PP, habría facturado 300.393 euros entre 2010 y 2012 a una de las empresas vinculadas a la presunta trama de Imelsa. Por su parte, el citado bufete ha negado haber tenido "nunca relación profesional, comercial, ni de ninguna otra clase, directa o indirectamente" con la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia, y ha anunciado acciones judiciales contra los autores de estas informaciones.
Según los dirigentes de Esquerra Unida, que han señalado que incorporarán a su denuncia ante la Fiscalía esta nueva documentación, han recalcado que durante esos dos años el principal cliente del bufete Cas Legis SLP, posteriormente Juan Costa Abogados y Asesores de Empresa SLP, tuvo como principal cliente a Carsan Rent a Car, empresa supuestamente parte de la trama que apunta a actividades irregulares relacionadas con el ente público Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia.
Tanto Pérez como Blanco han asegurado en su comparecencia que Carsan Rent a Car se declaró en concurso de acreedores en 2010, antes de estas facturaciones, siendo nombrado administrador concursal José Vicente Roldán Martínez, que a su vez nombró abogados de Carsan Rent a Car a dos letrados socios de los hermanos Costa, Luis Mariano Manglano y Pablo Emilio Álvarez. Más tarde, en 2014, José Vicete Roldán dejó el despacho donde se encontraba, Magdaleno Abogados, donde era socio y director, y creó su propio bufete: Sigma Abogados SLP, situada en el mismo domicilio y con el mismo teléfono que el de los hermanos Costa en Madrid.
Sin embargo, José Vicente Roldán ha rechazado todos estos extremos y ha anunciado acciones penales contra la formación. Así, ha explicado que la asesoría de los Costa -Cas Legis- ha sido históricamente el despacho de asesores fiscales y laborales de Carsan Rent a Car desde 2008. El 28 de febrero de 2010 se declaró el concurso de acreedores de esta empresa y se nombró a tres administradores concursales, uno de ellos él mismo.
Roldán ha explicado que en la tramitación del concurso descubrieron que los anteriores administradores societarios antes de la declaración del concurso habían vendido numerosos coches a particulares pese a que tenían reserva de dominio a favor de entidades financieras. Por este motivo, los administradores pidieron al juzgado de lo mercantil la suspensión de facultades de esos administradores que, de acuerdo con su versión, fueron los que habían contratado con la empresa relacionada con Imelsa.
Carsan Rent a Car es una empresa de alquiler de vehículos que factura 56.376 euros de Berceo Mantenimientos, una empresa de un sólo trabajador propiedad al 99% de Marcos Benavent, exgerente de Imelsa e imputado judicialmente por malversación en gastos sin justificar. Precisamente, Pérez ha anunciado que en la comisión de investigación sobre Imelsa que se abre este jueves va a preguntar si esta empresa pública de la Diputación de Valencia alquiló coches y por valor de cuánto a Carsan Rent a Car.
"RESPONSABILIDAD POLÍTICA CLARA", SEGÚN EU
Por otro lado, Blanco ha señalado que por lo que se empieza a saber del caso Imelsa parece "una película de mafiosos" ya que ahora parece que era "vox populi" todos lo que allí pasaba y que Rus quiso a hacer de Marcos Benavent "un cortafuegos".
No obstante, ha señalado que no van a desvelar nada de las grabaciones y documentación adjuntada en su denuncia del pasado 30 de julio, a pesar de que entonces "caerían muchos", para no poner en peligro una investigación sobre una trama que "presuntamente saqueaba los fondos públicos" y de la que cree que "no puede haber sólo responsabilidades políticas sino que se han de determinar las penales".
Ignacio Blanco ha recalcado además que existe "mucha más información" sobre este caso que el juzgado está investigando y se encuentra bajo secreto de sumario. En este sentido, el candidato de EU ha insistido en que el fin político de Rus está "muy muy próximo" y le ha instado a abandonar su cargo ante la "gravedad" de las informaciones que están siendo publicadas y de la "profundidad" del contenido de la denuncia.
Por su parte, Pérez ha negado que las grabaciones sean "un montaje", como ha defendido Rus, y ha señalado que aunque personas que no reconoce de otras "además de identificarse claramente su voz también se dice el nombre" y ha cuestionado que "no es creíble" que Rus no supiera qué pasaba en Imelsa.
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