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El Consell debe decidir si prorroga los recortes incluidos en el decreto Vela, cuya vigencia concluye a finales de este año, lo que provocaría una nueva oleada de protestas sindicales

VALENCIA. El vicepresidente del Consell, José Císcar, mantuvo este jueves una reunión fuera de agenda oficial con líderes de los sindicatos UGT, CCOO, CSI·F y FSES, organizaciones integradas en la Mesa de Negociación de la Función Pública.

Este encuentro se ha celebrado en medio de un clima de tensión con la expiración del decreto Vela como telón de fondo. Ese documento, que implicó diversos recortes para los empleados públicos, fue anunciado por sorpresa en enero de 2012 con una vigencia de dos años. La aprobación de este decreto, con el impulso del entonces conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, desembocó en una oleada de protestas por parte de los funcionarios que se prolongaron durante varios meses.

El pulso está servido entre Gobierno valenciano y sindicatos: si el Consell de Alberto Fabra decide reeditar el decreto, todo apunta a que los funcionarios volverán a echarse a la calle. No prorrogarlo, significará mayor desembolso para el Ejecutivo, que tiene por delante un año muy difícil con un objetivo de déficit casi imposible de cumplir.

Según fuentes de la Generalitat, el encuentro celebrado este jueves entre Císcar y los representantes sindicales no concluyó con ningún acuerdo definido sobre la continuidad o no del decreto, sino que consistió en una toma de contacto de cara a futuras negociaciones que deberán celebrarse antes de final de año.

En este sentido, cabe recordar que hace dos días el vicepresidente del Consell se reunió con Intersindical Valenciana, que protagonizó el viernes pasado una protesta en el Palacio de Fuentehermosa minutos antes de la rueda de prensa que debía ofrecer José Císcar tras la reunión del pleno del Consell.

El próximo mes de octubre, según señalaron fuentes sindicales, está previsto que vuelva a reunirse la Mesa General de Negociación, que no se convoca desde el debut de Juan Carlos Moragues como conseller de Hacienda en enero de este año. Si se produce finalmente, habrían pasado nueve meses desde el primer y único encuentro, una circunstancia que ha causado malestar en las organizaciones sindicales, que han considerado que Moragues está evitando reunirse con los representantes de los trabajadores.

El llamado decreto Vela afectaba a diversas núcleos de empleados públicos, dado que recortó la jornada a los interinos de la Administración de la Generalitat, redujo los sexenios a docentes y dejó en la mitad el complemento de carrera y desarrollo profesional de los sanitarios. Además, los funcionarios sufrieron la pérdida de la paga extra aplicada desde el Gobierno central. Según la Cuenta General de 2012, los gastos de personal en ese ejercicio fueron de 4.657 millones de euros, 548 menos de lo que se había presupuestado inicialmente. De ellos, 189 millones en Sanidad y 287 en Educación.

LA TENSIÓN CRECE: PLANTE CONTRA LAS MUTUAS

No fue el único encuentro sindical este jueves. Los presidentes de Juntas de Personal acudieron ayer a la reunión convocada por el Gobierno valenciano para informar a los trabajadores de la contratación de mutuas en lugar de la Seguridad Social para cubrir las contingencias profesionales.

Los representantes del Consell asistieron al encuentro, celebrado a las 11 en la Sala Tirant lo Blanch de la Ciudad de la Justicia, con un responsable de la mutua a la que han recurrido en la provincia de Valencia. No obstante, antes de que comenzara la reunión, a la que habían acudido unas 70 personas, diferentes presidentes de Junta se levantaron para manifestar su oposición a la contratación de mutuas.

Así, el presidente de Junta Juan José Teruel (CSI·F), entre otros representantes de los empleados públicos, acusaron a los responsables del Gobierno autonómico de "no negociar, de provocar pérdida de puestos en el sector público y no proporcionar información sobre la contratación".

En este sentido, los portavoces de los empleados públicos denunciaron "falta de suministro de datos a los trabajadores" y la "ausencia total de negociación" sobre la transferencia de esa cobertura a empresas privadas, dado que el Consell no ha llevado esta iniciativa a mesa técnica alguna. Tras una decena de intervenciones, los representantes sindicales abandonaron la sala.