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VALENCIA. El diputado y exconseller Rafael Blasco, procesado por el caso de Cooperación, no es buena compañía en la arena política. Esta semana ha venido marcada por la aparición del parlamentario en televisión, concretamente en el programa 'El cascabel al gato' de 13TV, donde repartió dardos con facilidad pasmosa mientras salía indemne de las graves acusaciones que sobre él pesan.

Gran parte de los periodistas y analistas políticos de la Comunitat Valenciana siempre han subrayado la capacidad estratégica de Blasco. Desde luego, y pese a la delicada situación que atraviesa, el exconseller es el único que parece tener un plan definido para sí mismo y su futuro, algo que contrasta con la 'yincana' de tesis y doctrinas que habitan a lo largo y ancho de Consell y PPCV.

De hecho, diversas fuentes populares consultadas por este diario señalan, no poco contrariados, que el diputado procesado ya ha comenzado a ensanchar las grietas entre pesos pesados del PP. Tras la entrevista de Blasco en 13TV, Alberto Fabra apuntó públicamente al estudio de las declaraciones del parlamentario con la intención de aplicar una sanción si fuera necesario.

La respuesta que le envió este viernes el secretario general del PSPV, Ximo Puig, en este caso, fue un disparo bien dirigido: "Fabra ahora se plantea sancionar a Blasco por denigrar la imagen del PP, pero por robar no hay problema".

El vicepresidente del Consell, José Císcar, se mostró ayer más contundente que su propio jefe de filas, Alberto Fabra, al abrir la puerta a la expulsión del partido y puntualizar que el caso de este diputado general "alarma social". El portavoz del Ejecutivo puso el acento sobre las declaraciones de Blasco respecto a la Abogacía de la Generalitat: "Son muy graves", sentenció Císcar, quien acusó al exconseller de "faltar a la verdad".

DIVISIÓN ENTRE PRIMERAS ESPADAS DEL PP

La contundencia de Císcar no es gratuita. Viene exhibiéndola desde tiempo atrás en la portavocía del Consell. Las declaraciones del vicepresidente se han mantenido siempre en la línea de tolerancia cero contra la corrupción, reflejándose en una frase que se ha hecho habitual en diversas ocasiones: "Si yo estuviera en su situación, me iría", ha respondido en varias oportunidades el portavoz del Gobierno a preguntas sobre imputados.

Según fuentes populares, Císcar se inclina por ir más lejos todavía que el presidente en situaciones como la de Blasco, y aboga por dar un paso al frente y tomar la decisión de expulsarlo del grupo parlamentario. Una opción que el jefe del Consell ha acariciado, sobre todo tras el escrito de la Abogacía de la Generalitat en la que solicitaba 11 años de cárcel para el exconseller, pero que no se ha deciddo a llevar a cabo.

En el extremo opuesto se encuentra el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, quien ha discrepado con la 'doctrina Fabra' esgrimiendo como argumento la presuncion de inocencia de los imputados y, en especial, de Rafael Blasco, con quien mantiene una buena relación desde hace años. 

En medio de estas posturas se encuentra el presidente, quien en la teoría coincide con su vicepresidente pero no termina de lanzarse a tomar una determinación en firme. De hecho, según ha publicado el diario El Mundo, el principal artífice de esta estrategia de resistir sin abordar la expulsión proviene del secretario general del PPCV, Serafín Castellano, lo que añade otro referente popular con una visión distinta a la de los barones provinciales.

La decisión no es baladí, puesto que con nueve imputados en el grupo parlamentario, forzar una expulsión del grupo implica dibujar una línea con la que habría que ser coherente a posteriori. Por si fuera poco, el caso más inminente ahora no es el de Blasco, sino el de la pieza separada de Gürtel relacionada con las adjudicaciones de Fitur, en la que todo apunta a que se abrirá juicio oral en las próximas semanas y donde podrían sentarse en el banquillo las exconselleras y diputadas Milagrosa Martínez, Angélica Such y tal vez Vicente Rambla, aunque la Fiscalía en este caso pidió el archivo para el exvicepresidente del Consell.

Pese a que diversas fuentes populares consideran que Fabra podría tantear la salida de estos diputados en caso de la apertura de juicio oral, las fuentes de Presidencia consultadas por este diario no confirmaron esta posibilidad. Así pues, la estrategia de la espera puede prolongarse, pese al desgaste que conlleva no solo para el presidente de la Generalitat, sino también para las propias sensibilidades dentro del partido que amenazan con agudizar sus diferencias debido al 'caso Blasco'.