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VALENCIA (X.A/EP). El informe hecho público este viernes por el Ministerio de Hacienda sobre la reforma de la Administración local tendrá, de llegar a aprobarse en los términos presentados, un fuerte impacto en ciudades importantes como Valencia.
En los consistorios mayores de 500.000 habitantes, el número de asesores no podrá superar el equivalente al 0,7% de la plantilla municipal. En los de 75.000 a 500.000 habitantes, no podrán haber más asesores que concejales; en los de 50.000 a 75.000 no más que la mitad de los concejaeles y por debajo de estas poblaciones, sólo se podrá contratar a siete, dos o un asesor (pueblos de 5.000 a 10.000 vecinos).
E
n el caso de Valencia capital, con estas previsiones, el consistorio perderá al menos 15 asesores, si atendemos a la plantilla municipal, que ronda los 5.500 funcionarios. En la actualidad, el ayuntamiento podría albergar 57 empleados eventuales, si bien el PP mantiene libres cinco puestos, con lo que existen 52 asesores contratados. Aplicando una aproximación con la cifra de trabajadores en plantilla actual, el número de asesores sería de 37 como máximo, según señalaron a este diario fuentes del consistorio.
Como ya informó este diario, en la actualidad el PP dispone de 31 asesores en el ayuntamiento -tiene cinco plazas además sin ocupar-, por 12 del PSPV, cinco de Compromís y cuatro de Esquerra Unida. Una reducción de 15 asesores resultaría, sin duda, delicado tanto para el partido en el gobierno como la oposición, si bien todavía quedan diversos trámites para que esta reforma de la ley se haga efectiva y posiblemente no vea la luz hasta 2014.
No menos importante resulta la reducción de ediles liberados. Según lo dispuesto en el informe, de los 68.285 concejales, solo 12.188 (el 18%) podrá tener dedicación exclusiva y cobrar del consistorio.
En Madrid, podrán cobrar 45 (son 57) y en Barcelona, 32 (son 41). De 700.000 habitantes a un millón, situación en la que se encuentran ciudades como Valencia, Sevilla y Zaragoza, serán 25 ediles con retribución. En la capital del Turia, existen actualmente 33 concejales, lo que significaría que ocho ediles no podrían tener dedicación exclusiva ni cobrar íntegramente un salario del consistorio.
EL TOPE SALARIAL PARA ALCALDES SERÁ DE 100.000 EUROS
El Gobierno mantiene el anuncio inicial de que los alcaldes de las poblaciones mayores no podrán cobrar más que un secretario de Estado. Montoro ha aclarado sin embargo que este sueldo puede llegar a los cien mil euros (sueldo base más complementos) y que será el límite para los municipios de más de 500.000 habitantes: Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Valencia.
Por debajo, de 300.000 a 500.000 habitantes, el máximo será de 90.000 euros; de 150.000 a 300.000 vecinos, se cobrará como máximo unos 80.000 euros; por debajo de aquí, por ejemplo, en los de 20.000 a 50.000, unos 65.000 euros; y en los de mil a dos mil, unos 20.000 euros de máximo. Por debajo de esa población, no habrá sueldo.
En cualquier caso, en el informe se remite a los Presupuestos Generales del Estado de cada año el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las corporaciones locales por todos los conceptos retributivos, según criterios de población.
Montoro ha explicado que el Gobierno finalmente no reducirá el número de concejales, sino el de aquellos con retribución, una opción que "ahorra mucho más". El objetivo, ha dicho, es impulsar la participación en política "y si esa participación es voluntaria, mejor".
También se limitarán los sueldos de los presidentes de diputación, que podrán cobrar como máximo, incluidos todos los conceptos retributivos y la asistencia, lo que el alcalde de la corporación más poblada de su provincia.
AHORROS PREVISTOS
El Gobierno calcula que la reforma de la administración local que está preparando puede suponer un ahorro de 7.129 millones de euros, 5.500 de los cuales serán fruto de la clarificación de competencias y de la eliminación de duplicidades, es decir, de evitar que dos administraciones presenten un servicio.
Se calcula además un ahorro de 73 millones por la desaparición de mancomunidades y entidades locales menores, aquellas que no cumplan unos mínimos de eficiencia y calidad. Otros 145 millones de ahorro procederán de la reducción de personal eventual y de cargos locales y otros 1.397 millones, por la limitación del sector público local.
COMPETENCIAS FINANCIADAS
La reforma define con precisión la lista de competencias que deben ser desarrolladas por la administración local; tendrán unas competencias obligatorias y unos servicios mínimos que prestar no podrán ofrecer otros añadidos hasta que aquellos no estén garantizadas.
Se busca así que desaparezcan las llamadas competencias impropias, aquellas que han venido ejerciendo los ayuntamientos pese a ser de titularidad autonómica. La pretensión del Gobierno es que si una comunidad quiere que los ayuntamientos presenten un servicio que le compete, deberá garantizar su financiación, a riesgo de que Hacienda les reste la cantidad impagada de su participación en los ingresos del Estado. Para no llegar a este extremo, se permite por primera vez, la compensación de deudas pendientes entre administraciones.
En el informe se fija que las competencias de Educación y Sanidad serán exclusivas de las comunidades, aunque se les da un periodo transitorio de cinco años para el cambio progresivo de titularidad de las competencias. En el caso de los servicios sociales, el periodo transitorio será de un año.
Otro de los objetivos del Gobierno es establecer además un coste estándar de los servicios municipales y comparar todos los que prestan los municipios. Los resultados obligarán a que se dejen de prestar servicios ineficientes o a que estos sean ejercidos por las diputaciones si se trata de ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. En el caso de los municipios mayores, podrán ceder esa competencia voluntariamente o delegarla a la CCAA.
MENOS ENTIDADES Y MÁS CONTROL
Las mancomunidades y las entidades locales menores se someterán al mismo proceso de evaluación. Si no lo superan, serán disueltas. Los servicios de las mancomunidades pasarán a depender de las Diputaciones, mientras que los de las entidades locales menores dependerán de los municipios.
Asimismo, se revisa en profundidad el sector público local y sus organismos dependientes para reducir su número. Los Ayuntamientos no podrán crear ningún organismo nuevo mientras tengan vigente un plan de ajuste y deberán sanear las empresas dependientes o liquidarlas.
En el plazo de tres meses, entidades menores y mancomunidades deberán presentar sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y la Comunidad Autónoma respectiva para no incurrir en causa de disolución. Igualmente, se someterán a la evaluación de sus servicios.
Otro importante aspecto de esta reforma es el que refuerza la función interventora en las entidades locales y se habilita al Gobierno para establecer las normas sobre los procedimientos de control. Montoro ha explicado que se busca un control "más riguroso" del que se ha tenido en los últimos años.
Con ese ahorro solucionamos el deficit en 2 años como mucho. En el 2015 superavit. Jajajajajaja
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