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VALENCIA. El Gobierno valenciano entra en la recta final de cara a presentar la reforma sanitaria con los nervios a flor de piel. Fuentes de la Administración consultadas por este diario han confirmado que ha diluido la posibilidad del cobro de un canon de 360 millones de euros a las empresas tal y como estaba previsto inicialmente.

Esta noticia ha causado cierto malestar en la conselleria de Hacienda que encabeza José Manuel Vela y en la de Economía que lidera Máximo Buch. Los fondos previstos a ingresar por la puesta en marcha de este modelo aparecían en el Plan de Reequilibrio presentado por la Generalitat al Ministerio de Hacienda para el cumplimiento del déficit, por lo que ahora los ingenieros económicos del Consell se verán obligados a cuadrar las cuentas y buscar alternativas para compensar los ingresos que no se percibirán.

Además, el Consell quiere tener lista la reforma para que pueda avanzarse en el Debate de Política General que se celebrará el 25 y 26 de septiembre, martes y miércoles de la próxima semana. A renglón seguido, la intención del titular de Sanidad, Luis Rosado, es de que sea presentada con mayor profundidad el viernes 28 tras la rueda de prensa del pleno del Consell.

Una fecha ésta para la que todavía existen reticencias desde el sector económico y jurídico de la Generalitat: todos los flecos deben estar perfectamente recortados antes de ‘saltar al ruedo', lo cual no resulta tarea fácil dada la complejidad del proceso.

A LA BÚSQUEDA DE LA FIGURA CONTRACTUAL ADECUADA

El anuncio del nuevo sistema de gestión sanitaria llevaba consigo el establecimiento de la colaboración público-privada acompañada del diálogo competitivo, que serviría para que Administración y empresas interesadas pudieran contribuir a la elaboración de un pliego que resultara atractivo para ambas partes.

La paralización por parte del servicio jurídico del documento descriptivo remitido por la Conselleria de Sanidad condujo al fracaso de la fórmula primigenia que anunció el Gobierno valenciano en marzo. Los obstáculos legales y los plazos reducidos obligó al Ejecutivo a variar la estrategia.

Desde entonces, se ha estudiado utilizar el modelo de contrato de gestión de servicio público en la modalidad de concesión y, en última instancia, se está sopesando aplicar el modelo de contrato de servicios, que incluiría un conjunto de servicios generales pero dejando fuera la gestión de la prestación farmacéutica. Para su adjudicación, se utilizaría el concurso mediante procedimiento abierto.

A priori, permanece según el plan previsto que se adjudiquen una serie de lotes, inicialmente distribuidos en seis o siete zonas territoriales, en los que entrarán un conjunto de servicios generales y algunos asistenciales entre los que podría incluirse los laboratorios. Para otros, como la diálisis, se estudia utilizar concursos transversales. Como ya informó este diario, la opción que se baraja desde la Generalitat es distribuir por fases el proyecto para que sea abordado paulatinamente.

En definitiva, un laberinto en el que la Conselleria de Sanidad transita a la búsqueda del encaje final pero que dista mucho del anuncio inicial que se hiciera en marzo. La principal diferencia -y quebradero de cabeza para el Gobierno valenciano- será la ausencia del canon anticipado de 360 millones de euros que pensaba ingresarse gracias a la participación de las empresas: un nuevo reto para los economistas del Consell.