Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

VALENCIA. El proyecto del nuevo modelo público-privado de sanidad sigue en fase de estudio en los servicios jurídicos de la Generalitat sin que haya fecha para su elevación al pleno del Consell. La poca concreción de los 58 folios presentados ha sembrado de dudas a la Abogacía de la Generalitat.

Un mes después de que el conseller de Sanidad, Luis Rosado, anunciara la presentación inminente del documento, el texto definitivo sigue sin salir del horno y la fecha tope para superar las diferentes fases obligadas y sacar adelante el proyecto, el 30 de noviembre, se echa encima. Los trámites obligados para un contrato de colaboración público-privada incluyen diversas fases como, aparte de las preceptivas publicaciones en los diarios oficiales, un plazo no inferior a 37 días para la inscripción de las empresas.

Según afirman fuentes de la conselleria, se han empezado a barajar algunas opciones alternativas al modelo de contrato público-privado inicialmente planteado. Una de ellas, según ha podido saber este diario, iría dirigida a acometer la reforma con un proceso de contrato de gestión de servicios públicos ‘tradicional'. Esta opción agilizaría los trámites pero eliminaría, no obstante, la fase del diálogo competitivo, que permite a las empresas candidatas participar en el proceso de elaboración de los pliegos definitivos a través de sugerencias.

Sin embargo, para que pudiera elaborarse un concurso que no quedara desierto, la administración tendría que reunirse con empresas interesadas y conocer las condiciones con las que están dispuestas a entrar en el modelo. Una especie diálogo 'informal' por así decirlo que evitaría fases intermedias y acortaría los plazos.

Este modelo de contrato, tendría el obstáculo según la Ley de Contratos del Sector Público de duración temporal. "Diez años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios", reza la citada legislación, siempre que no esté comprometida la ejecución de obras, donde se elevaría a 50 años el margen. A priori, el documento descriptivo elaborado por la Conselleria de Sanidad establecía una concesión de entre 15 y 20 años.

En el propio documento descriptivo presentado por la conselleria se hacía hincapié en que esta modalidad contractual "podría encajar para el desarrollo del proyecto del nuevo modelo de gestión compartida". No obstante, se puntualiza el descarte de esta figura dado que "no resulta idónea ante la multiplicidad de prestaciones y la excesiva complejidad de determinar de antemano la totalidad de mecanismos jurídicos y financieros para llevar a cabo el contrato".

De la misma manera, se subraya que el elemento esencial de este tipo de contratos es el hecho de que los destinatarios de los mismos "sean los ciudadanos, extremo que no se daría en su totalidad en el presente caso en el que la prestación fundamental es establecer una gestión compartida de los departamentos mediante la introducción de la gestión privada en determinadas esferas de su actividad".

Así pues, esta figura contractual podría ser válida pero también requeriría de un estudio profundo para esquivar los posibles problemas jurídicos que chocaran con el modelo proyectado.

Con estos mimbres, las incógnitas en el sector empresarial se multiplican. Fuentes de este ámbito consultadas por este diario reconocen que la posibilidad de abordar un contrato sin diálogo competitivo es una opción posible aunque mantienen su argumentarlo principal: la reducción del canon que deben pagar las empresas y la entrada de la ‘bata blanca', es decir, la posibilidad de controlar la gestión del personal.