VALENCIA. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) es propietario del 13% de unos multicines en Logroño y puede que dentro de poco lo sea también del estadio Rico Pérez de Alicante, donde juega el Hércules CF, así como de las acciones del club, situación similar a la que ronda al Valencia CF y su Fundación. Además, tiene varios solares que se ha adjudicado por el impago de alguno de los préstamos que tiene concedidos al sector privado.
La actividad crediticia y avalística del IVF puede acabar convirtiendo al organismo en un auténtico 'banco malo' de la Generalitat. La crisis económica, igual que ha afectado a las entidades financieras privadas, ha lastrado los resultados y el balance de este instituto, según se desprende del informe de gestión anual presentado junto con la Cuenta General.
El IVF nació con la finalidad el actuar como instrumento de la política de crédito público de la Generalitat, así como el contribuir al ejercicio de las competencias de la Generalitat sobre el sistema financiero. En sus orígenes fundamentalmente se dedicó a realizar las emisiones de deuda, actividad que ahora realiza de forma casi residial con pagarés a corto plazo dada la crisis. De igual manera también canalizó créditos a empresas públicas, donde tiene centrada la mayor parte del riesgo crediticio.
Pero con el tiempo también fue adquiriendo presencia en el sector privado, especialmente en empresas con necesidadades crediticias que el mercado no satisfacía por los problemas que arrastraban las sociedades. Fueron casos sonados y penosos, como el de Ferrys o el de Kelme, empresa esta última que sí logró sobrevivir.
El papel del IVF se fue acercando al del Instituto de Crédito Oficial (ICO) pero sin llegar a ser el banco público que han reclamado las empresas. Pero como ocurrió hace años con el ICO, que acabó siendo accionista de muchas empresas cuyos créditos resultaron fallidos al ejecutar los avales o capitalizar los préstamos.
Según las cuentas de 2011, el IVF mantiene créditos vivos con empresas por 311,97 millones de euros. A corto plazo, es decir, que vencen este mismo ejercicio, se contabilizaban 71 millones, en los que se contabilizaron deterioros de 17 millones. Del resto, vencimientos a largo plazo, ya se han apuntado deterioros por casi 34 millones, aunque las devoluciones de capital se alargan más allá de 2016, con lo que la situación puede variar con el tiempo.
Es en este escenario en el que el IVF, por una parte, ha recibido activos como dos naves industriales en Montaverner, una parcela y una zona industrial en Vila-real o los mencionados multicines de Logroño, procedentes de empresas que no han podido devolver el préstamo.
Pero además, el IVF también actúa como avalista de préstamos cerrados por las empresas con entidades financieras, y ahí es donde se acumula también buena parte del riesgo crediticio, con 143,48 millones de euros comprometidos. Se da la circustancia de que las dos mayores operaciones de aval que tiene concedidas el organo público son con dos fundaciones vinculadas con dos clubes de fútbol: 81 millones de euros con la Fundación Valencia CF y 18 millones con la Funación del Hércules CF.
En el primera caso, el aval está en serio peligro ante la imposibilidad de la Fundación Valencia CF de atender el pago de los intereses a Bankia, entidad que le prestó el dinero para comprar las acciones del club en la última ampliación de capital. En caso de que la Fundación no pague, el IVF deberá atender el coste y podría implicar, además, la exigencia de la devolución de la totalidad crédito.
Esto es lo que ha ocurrido con la Fundación Hércules CF. El año pasado el IVF tuvo que abonar casi medio millón de euros de intereses del crédito concedido por CAM al no hacerlo la entidad propietaria del equipo de Alicante. Según consta en la memoria del IVF se ha procedido a demandar a la empresa que garantizaba el aval, Aligestión, una empresa vinculada al empresario Enrique Ortiz que tiene la propiedad del estadio Rico Pérez. El IVF puede acabar siendo propietario del campo de fútbol y de las acciones del club. De hecho, no ha dotado el quebranto del crédito al considerar que hay activos para recuperarlo.
A estas tensiones crediticias hay que añadir otras inversiones que atiende directamente el IVF, ya sea a través de sus fondos de capital riesgo, cuya rentabilidad en las desinversiones futuras está por ver, pero en las que de momento ya se aplican deterioros del capital aportado, como en la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana, un agujero en el que la Generalitat ha inyectado en este año 60 millones de euros, con lo que la participación ha pasado del 11% en la que cerró 2011 a cerca del 40% actual.
Al margen de los créditos con empresas privadas, el IVF también tiene concedidos 814,76 millones de euros en préstamos a empresas públicas. En este caso no se apuntan deterioros ya que la Generalitat no puede hacerse impagos. En todo caso, se trata de dinero difícilmente recuperable en estos momentos, si bien la deuda de las sociedades públicas pasará a las cuentas de la Generalitat de forma directa.
Me parece muy equivocado el titular y el enfoque. Quizá demasiado dependiente de una nota de prensa del propio IVF. Un “banco” malo es una entidad que se destina expecíficamente para agrupar los activos financieros deteriorados, los de difícil o dudoso cobro. Son transferidos desde entidades crediticias con problemas, para sanear sus balances, concentrando los problemas en esa tercera entidad, en “banco malo”. En este sentido un “banco malo” no es un banco mal gestionado o que cuenta con malas operaciones como consecuencia de su actividad. Nadie ha transferido malas operaciones de otros bancos al IVF. Otra cosa es que su cartera esté llena de favores “políticos” o “personales” que ningún ´buen” gestor financiero, público o privado, debiera haber realizado. ¿Por qué se han hecho? Nadie parece interesado, como siempre, en exigir responsabilidades, pero al menos exijan explicaciones, ¿por qué se financia a las fundaciones de los clubes de fútbol? ¿es eso legal? ¿qué actividad de desarrollo económica realizan estas fundaciones, insolventes por definición? ¿qué justifica que se preste dinero a entidades insolventes para actividades no productivas? ¿por qué no se reclama la deuda a quienes ordenaron o autorizaron esas operaciones? Como paganos/contribuyentes tenemos derecho a preguntar y obtener respuesta.
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