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VALENCIA. El cambio de modelo sanitario dirigido a la privatización de servicios tal como se anunció a finales del mes de abril, avanza hacia el fracaso. El plan B ofrecido por Sanidad de redactar un contrato de gestión de servicios públicos, una modalidad que no incluiría el diálogo competitivo con las empresas acortando así plazos, también ha sido rechazado por los servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana, según apuntan fuentes conocedoras del proceso.
Así, el modelo de contrato de gestión de servicios públicos, que tendría una vigencia de diez años, tampoco termina de ajustarse legalmente a lo pretendido para la sanidad valenciana. La tercera opción que se encuentra ahora sobre la mesa es la utilización del contrato de servicios, una figura que podría encajar aunque también posee obstáculos no poco importantes. Uno de ellos es su corta duración, cuatro años y dos más en caso de prórroga y otro, más fundamental si cabe, radica en la dificultad legal que entraña un pago de un canon en este tipo de contrato.
Con estos mimbres, fuentes de conselleria consultadas por este diario reconocieron la delicada situación que atraviesa el proyecto. El modelo inicialmente programado está fuera de plazos: cabe recordar que debía formalizarse el 30 de noviembre como fecha tope y los trámites de este modelo contractual son ya casi imposibles de cumplir, dadas los problemas legales existentes todavía no resueltos.
La segunda opción planteada desde Sanidad de abordar una figura contractual de gestión de servicios públicos tampoco ha recibido ‘luz verde' por la Abogacía de la Generalitat. La tercera opción puesta sobre la mesa es de duración demasiado corta y dejaría al Gobierno valenciano con pocas probabilidades de ingresar el canon (360 millones); algo que lastraría el objetivo del déficit al que se ha comprometido la Generalitat con el Ministerio de Hacienda.
Las opciones se agotan. La semana pasada, se reunían altos cargos de la Conselleria de Sanidad con empresas especializadas en oxigenoterapia para sondear la posibilidad de 'sacarlas' del macroconcurso. Este encuentro apunta a otra vía de actuación: la apertura de concursos más pequeños y concretos. En cualquier caso, más variantes que se alejan del plan inicial anunciado y que el conseller de Sanidad, Luis Rosado, trata de sacar adelante.
DEL ANUNCIO ‘SORPRESA' AL SILENCIO
El Consell, a través de su vicepresidente y portavoz, José Císcar, y del titular de Hacienda, José Manuel Vela, presentaron a finales del mes de abril el plan de reequilibrio financiero remitido al Ministerio de Hacienda para acceder al plan de pago a proveedores. En esa rueda de prensa, también anunciaron el cambio de modelo sanitario dirigido a la agrupación y privatización de servicios en este ámbito.
De este proyecto, se apuntaba un ingreso de 360 millones de euros en concepto de canon -uso de las instalaciones- para la Generalitat a pagar por las empresas participantes. Estas empresas, serían adjudicatarias a través de un contrato de colaboración público-privada y tras un diálogo competitivo, procedimiento por el que las compañías sugerirían a la conselleria las condiciones bajo las cuales estarían dispuestas a entrar en el modelo. Tras ello, se pasaría a la redacción del pliego definitivo y a la convocatoria.
Más de tres meses han pasado desde este anuncio sin que se hayan dado pasos firmes en la implantación del nuevo modelo. El documento descriptivo inicial elaborado por la Conselleria de Sanidad junto a la consultora PwC fue entregado a mediados de junio a los servicios jurídicos de la Generalitat. El propio Luis Rosado señaló que se haría público una semana después. Sin embargo, los problemas legales encontrados en el proyecto han congelado su avance.
Mientras, las empresas han mostrado abiertamente su postura: inconformidad con el pago de un canon de 360 millones y exigencia para gestionar el personal de ‘bata blanca'. Un acercamiento al ‘modelo Alzira' que ha sido descartado públicamente por Rosado, precisamente cuando se ha conocido que la Generalitat se ha retrasado en el pago a las concesionarias de este modelo, lo que ha repercutido en las nóminas del personal de hospitales como el de Manises. Un inoportuno retardo que genera más dudas y reticencias a las empresas interesadas en el nuevo modelo sobre la solvencia de la Generalitat.
Pero entonces, ¿quién está rechazando los contratos?¿los servicios jurídicos o las empresas?¡Psss!.¡Ppssst! ¡Minguillón!, ¡Salvador! ¡Comisión de Defensa de la Competencia!: ¡qué están pactando bajo manga los pliegos con algunas empresas antes de iniciar el procedimiento! ¡Qué como algunas empresas han hecho "piña", se los están haciendo a medida/repartiendo! (Técnica de contratación propia de la famosa Escuela Valenciana). ¿Hay alguien?..... ¿Hay alguien más?
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