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VALENCIA. El Levante UD denunció el año pasado a la Generalitat Valenciana por el impago de algo más de un millón de euros que le adeudaba por la publicidad de Comunitat Valenciana que luce en sus camisetas.

Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la denuncia se produjo en el marco del concurso de acreedores que presentó el club presidido por Quico Catalá. El juez que llevó el proceso, Fernando Presencia, titular del mercantil número 2, consideró que el patrocinio debía formar parte de los ingresos con los que la entidad deportiva debía hacer frente a su deuda.

Sin embargo, la Generalitat, según consta en una sentencia difundida ayer y en la que el Tribunal Supremo considera competente al juzgado par adoptar esa resolución, intenta evitar el pago de esa cantidad por considerar que no se trata de un pago por prestación de servicios si no una subvención, con lo que no se le aplica la misma norma.

Presencia, que rechazó ese argumento de la Generalitat y ahora ha visto ratificada su postura, ya se ha mostrado inflexible en otros procedimientos concursales con las deudas pendientes de cobro que tienen los concursados. El más conocido fue el conflicto planteado contra Inmochan, la inmobiliaria del grupo Auchan (Alcampo en España), por el que obligó a la cadena de distribución a cumplir con un contrato firmado con Llanera, pese a que la inmobiliaria no podía ejecutarlo en los plazos marcados.

El juez, según ha explicado en alguna ocasión, aplica la política que más beneficie a la masa concursal, intentando reducir al máximo la deuda y buscando el cobro de las deudas pendientes, tratando así de garantizar la viabilidad de la empresa.

El Levante UD salió de la situación concursal tras lograr un convenio de acreedores que aplicaba una quita a la deuda y un periodo de carencia que, curiosamente, ahora desaparece al permanecer el equipo en primera división.