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VALENCIA (VP). La futura sede de la Apple Store de Valencia encierra un entramado de herencias, denuncias fraternales, irregularidades y detectives que bien podría tratarse de un guión hollywoodiense con la poderosa familia valenciana Gonzálbez Alberola.

El juzgado de Instrucción número 12 de Valencia investiga la denuncia interpuesta por José Antonio Gonzálbez, antiguo propietario del edificio de la calle Lauria, número 28-30, esquina con Colón, a un arquitecto y un agente inmobiliario, por un presunto fraude en las tasaciones del inmueble que albergará la tienda de la compañía de Steve Jobs. El reparto de una herencia en la alta esfera empresarial es la clave. El litigio, sin embargo, no afectará a la próxima apertura de la tienda, que como ya anunció ValenciaPlaza.com, se estima para el último trimestre del año.

Los Gonzálbez Alberola amasan una importante cantidad de activos y bienes inmuebles por sus negocios en la industria del Acero: Proderac es la trefilería que desde 1924 gestiona la familia. Los padres, Antonio Gonzálbez y Ángeles Alberola, fundadores de la empresa, decidieron ceder a sus hijos la herencia aún en vida. Entre los bienes constaban fincas rústicas, el edificio número 23 en Don Juan de Austria, otro inmueble en Guillem de Castro, tierras en Mogente, terrenos industriales en Catarroja y una finca de gran valor en la calle Hermanos Bécquer, número 4 en Madrid, cerca del Paseo de la Castellana, una de las zonas más caras de España.

En el reparto de la herencia, a José Antonio Gonzálbez le correspondió el edificio de Lauria, entre otros. Cuando fallecieron los progenitores, los herederos, plantearon una retasación de todos los bienes para redistribuirlos. Además de José Antonio Gonzálbez, constaban sus hermanos Javier y Ángeles (esposa del propietario de Waksman Inmobiliaria) y los hijos de Celia, la hermana fallecida: Luís, José Antonio, Gema, Celia y Belén Jordana de Pozas Gonzálbez. 

En declaraciones a este periódico, Mario Gil, abogado de José Antonio Gonzálbez, recuerda que en el momento de repartir la herencia, en Valencia estaba establecido el antiguo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que sólo permitía generar negocio en los bajos y altillos de los edificios, dejándose el primer piso y siguientes para vivienda.

Por entonces, y antes de recibir la oferta de compra del edificio, Tinsa valoró el edificio en 10 millones de euros, y la Compañía General de Valores Mobiliarios lo hizo por 12 millones. La sociedad de inversión RL30, vehículo de la promotora Corpfin Capital Real Estate Partners contacta con el propietario para adquirir la finca, y la compran por 18 millones de euros. 

Es en este momento cuando empieza el litigio. Los hermanos de José Antonio acuden al juez para pedir una retasación del edificio vendido.  El magistrado encargado del asunto pide a la Oficina de Designación de Peritos que adjudique dos tasadores, pero según el abogado del demandante, las dos personas designadas nunca tuvieron notificación de que se les precisase. Aquí siguen las irregularidades. Se trata de un peritaje que podía suponer una ganancia de 200.000 euros a las dos arquitectas designadas, pero del que no recibieron aviso.

EL PERITO AMIGO

Así, sin informar a estas dos peritos de su trabajo, el Decanato nombró a un agente de la propiedad inmobiliaria, José Morell Navarro. Este arquitecto de Oliva, sin experiencia previa en peritaje, "mantiene vínculos geográficos con la familia Gonzálvez", según explica Juan de Dios Vargas, el detective privado de la agencia Distrito 46 que ha investigado todas las presuntas irregularidades. Se sabe, además, que días después de realizar el tasación, la deuda de 130.000 euros de Morell con su entidad financiera, fue saldada.

Ángeles Gonzálbez, por su parte, contrató otro perito, el arquitecto José Ramón Cercós Espejo, de Arquitasa, la Sociedad del Colegio de Arquitectos.

Las irregularidades de tasación continúan. El perito de Arquitasa valora el edificio por 36.082.225 euros, y el agente designado por el juez, Morell por 32.157.584. Cantidades que triplican las primeras tasaciones en el momento del reparto de herencia y que duplican la cantidad final por la que se vendió a RL30, 18 millones. Por ello, los hermanos Javier y Ángeles y los hijos de la difunta Celia, todos ellos representados por Noguera Abogados, exigen a José Antonio una compensación de 15 millones de euros por la diferencia de tasación. Así, el ex propietario los paga a su hermano, pero sospecha de irregularidades en la tasación.

La demanda interpuesta posteriormente por José Antonio recoge: "se trató de una estrategia definida para, teniendo en cuenta ambos informes (sirviendo de claro apoyo el de una entidad del prestigio de Arquitasa), engañar al Juez. Pero no es una mera manifestación interesada del denunciante, sino que, conforme se expondrá a continuación, se ha constatado de forma directa e indubitada el hecho de que se falseó de forma consciente la realidad para incrementar el valor del inmueble ubicado en la Calle Lauria de Valencia".

La agencia británica de investigación Kroll realizó un primer informe de estas irregularidades, pero fue la empresa valenciana Distrito 46 la que realizó el trabajo posterior para el informe de 250 páginas que se entregó al juez. El informe aporta documentación audiovisual de la visita del investigador Juan de Dios Vargas, al arquitecto de Oliva. El detective pidió el mismo peritaje al agente inmobiliario, pero con una valoración final de 18 millones, es decir, la mitad de lo que se había peritado inicialmente. Refiriéndose a la peritación para los Gonzálbez, Morell Navarro alega "esa la hicimos para un conflicto familiar" y sobre la facturación del mismo "ya sabes como funciona esto".

SOBREVALORACIÓN DE LAURIA

Para estudiar esta disparidad de tasaciones, el propietario del edificio pidió además dos informes sobre el inmueble al Departamento de Valoración de la Universidad Politécnica de Valencia y a Arquibérica. Ambos coinciden en la sobreestimación del inmueble.

Fuentes cercanas a la investigación confirman a Valenciaplaza.com que pese a que la Audicencia Provincial ratificó el valor de Arquitasa "esas cantidades están distorsionadas porque se modificaron a sabiendas de que se sobrevaloraba el inmueble de calle Lauria y se infravaloraba el de Madrid". Se refiere al de Hermanos Bécquer, frente a la embajada de Estados Unidos, "una de las zonas más caras de España". Este edificio de 3.088 metros cuadrados se tasó por 19.910.000 euros, cantidad sensiblemente inferior a los 32 millones de la futura AppleStore, de 1.784 metros cuadrados y "en una zona de las mejores, pero no superior a la de Hermanos Bécquer".

Las mismas fuentes, esta comparación de ambos inmuebles de la familia resultaba "altamente llamativo". Por otra parte, José Ramón Cercós, el perito de Arquitasa, reconoció al detective privado Juan de Dios Vargas, de la agencia de investigación Distrito 46, que había sobrevalorado su tasación para la familia. Una tasación que supera en tres veces la de la posesión en Madrid. Este medio se ha puesto en contacto con la portavoz de Arquitasa, quien declina realizar ninguna declaración.

Las fuentes consultadas apuntan también a la "alteración de los testigos de valores comparativos se realizó a sabiendas". Es decir, "se recogió la valoración de los edificios de alrededor, y en lugar de elegir el valor medio, se cogió el de los más caros". El arquitecto señala que también se aplicó un "coeficiente de singularidad que multiplicaba el valor por el 50%, un coeficiente que sin embargo, no se aplica en el edificio de Balanza, de las mismas características en la misma calle".

Igualmente lo compara con el edificio de Don Juan de Austria número 32, también propiedad de la familia (de Ángeles). El inmueble contempla 2.709 metros cuadrados, tamaño similar al de Lauria, y está valorado en 19.328.780 euros. "Es un edificio de la misma época al de la Apple Store y está en perfecto estado, mientras que el de Lauria había que demolerlo completamente por dentro", explican fuentes conocedoras d ela operación.

Una vez interpuesta la demanda por irregularidades, la juez ordenó intervenir los discos duros de los dos peritos del conflicto y detuvo a ambos. Uno ya ha declarado como imputado ante el juez y el segundo, lo hará este viernes.