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VALENCIA. El PP se enfrentará de nuevo en el Congreso de los Diputados a la reforma valenciana del Estatuto de Autonomía que ya aplazó en el pasado en dos ocasiones. Una modificación a la que se llegó por acuerdo en Les Corts en 2010 a propuesta de la formación 'popular': una maniobra orquestada en su día por Francisco Camps para poner contra las cuerdas al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dado que se contemplaba en ella un blindaje en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de las inversiones en la Comunitat Valenciana. Una prerrogativa que situaba en una posición incómoda al entonces gobierno socialista.

Sin embargo, la reforma estatutaria no llegó a abordarse en esa legislatura y pasó a la siguiente, teniendo que ser el nuevo gobierno de Mariano Rajoy quien la asumiera. Ahora bien, los dos aplazamientos que ha sufrido este proceso -ambos propiciados por la formación 'popular'- evidencian que el acuerdo alcanzado en Les Corts no es del agrado del PP nacional, que ha permitido el retraso en las dos ocasiones para evitar que los 'populares' valencianos tuvieran que votar contra su propia propuesta de reforma. 

Pese a ello la rueda parlamentaria sigue girando -este tipo de propuestas van entrando en el orden del día cíclicamente- y el PP deberá enfrentarse de nuevo a ella. En concreto, está previsto que el próximo miércoles 16 de septiembre vaya al pleno del Congreso la reforma estatutaria para su toma -o no- en consideración, algo para lo que se desplazarán a Madrid los tres portavoces elegidos para tal efecto -Manuel Mata (PSPV), Fran Ferri (Compromís) y Jorge Bellver (PP)- con la intención de defender sus respectivas posiciones. 

Una situación difícil para el PP, en especial para los diputados valencianos, puesto que votar en contra de la reforma estatutaria les situaría contra lo aprobado con su respaldo en Les Corts Valencianes en 2010 y, hacerlo a favor, implicaría romper la disciplina de voto del partido. A no ser que la formación 'popular' decidiera dejar pasar la reforma y respaldar su toma en consideración ya que, por plazos parlamentarios, no daría tiempo probablemente a abordarse en lo que resta de legislatura y el debate se pospondría a después de las elecciones generales. 

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