VALENCIA. Juan Carlos Galindo es presidente de la asociación española de prevención del blanqueo de capitales y máximo responsable de la asociación por la transparencia y la prevención de la corrupción. También es formador, tertuliano de radios y televisiones y sobre todo experto en estrategias y acciones de prevención de delitos.
Este miércoles participó en Valencia como orador en una jornada sobre la nueva ley de Transparencia organizada por Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. En conversación con Valenciaplaza.com Galindo adelantó la inminente creación por parte del alcalde Joan Ribó de una oficina anticorrupción. Pero además, desgranó una bateria de propuestas que, a su entender, han de atender las administraciones para conseguir erradicar la corrupción.
-¿Ha hablado con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sobre las mejoras a introducir en el Consell para mejorar en transparencia?
-Con Ximo Puig hablé en campaña. Y somos la primera asociación que ha solicitado al nuevo conseller de Transparencia una entrevista. A Manuel Alcaraz le voy a proponer la creación de un Consejo de Transparencia y que cuente con la sociedad civil. Los gobiernos no pueden perder de vista la calle, como ha pasado en los últimos 20 años en la Comunitat Valenciana con el PP. El Consell jamás contó con la opinión del ciudadano de a pie. Por ello, el cambio ha de ser radical, de arriba a abajo.
Es cierto que el último gobierno (el de Fabra) dio un acelerón en esta materia. Y la ley nacional de Transparencia aquí se apretó un poco, con dos figuras: la auditoría externa y el hecho de que el silencio administrativo sea positivo y no negativo. Son los dos aspectos más destacados. Pero a mi entender son completamente insuficientes.
-¿Crees que la ley de Transparencia actual es insuficiente?
-La ley va a cambiar en breve. En campaña hemos estado hablando con Compromís, PSPV y Podemos y todos se han comprometido a darle una vuelta de tuerca a la norma (aunque sea nueva, a su juicio se hizo con prisas). La van a estudiar y la van a mejorar seguro. No podemos tener una ley de mero trámite. Es imposible. ¡Pero si han creado una conselleria a propósito!, ¿cómo no van a mejorar la ley?
-Una de vuestras máximas es la prevención del delito ¿Es clave para la transparencia?
-Nuestra asociación aboga por gobiernos que pivoten en torno a modelos de prevención del blanqueo de capitales. Somos expertos en financiación del terrorismo y especialistas en elaboración de planes de autoproteccion y emergencias, así como en prevención de delitos en organizaciones. Nuestra experiencia se basa en esa implementación de la prevención. Pero ya te adelanto que con la ley de Transparencia se van a crear muchas asociaciones que van a atender esa necesidad de los Ayuntamientos. Aunque nosotros primaremos la excelencia; nuestro objetivo es ir mucho más allá de lo que pide la letra de la ley.
-¿Qué medidas concretas solicitáis?
-Son absolutamnete necesarios dos grandes avances. Por una parte, en la asociación somos especialistas en mapas de riesgos. No nos costará hacer las auditorías. Pero el problema es que el ciudadano ya no se fía del político. Necesitamos que esa fiscalización la haga alguien completamente independiente. La pregunta que nos hacemos nosotros es: ¿Colgar una factura es transparencia? Nuestra respuesta es que no. Hay mucho trabajo por hacer.
Y en segundo término, hay que auditar la usabilidad y la utilidad. Por ejemplo, si se cuelga una factura no vale de nada. Si yo vivo en Torrefiel, Valencia, en el portal del Ayuntamiento yo debo poder encontrar con facilidad la partida concreta de los presupuestos municipales destinada a mi barrio, porque si no no hay transparencia. No vale para nada la factura. Yo he de poder saber cuánto destina el Ayuntamiento a farolas en mi barrio, a gasto social, a limpieza de calles, etc. Y en ese sentido, la utilidad a la que hacemos referencia habla de colgar lo que realmente sea útil; no llenar por llenar. Creemos que se busca un cumplimiento estricto de la ley. Por ello, quien esté con nosotros y nos pida asesoramiento se lo pondremos muy difícil. Estamos preparando una guía con 10, 12, o 15 puntos básicos.
-¿Qué experiencia tenéis respecto a la transparencia en la administración?
-Muy negativa. No existían consellerias de Transparencia, aunque ahora van a romper una lanza por ella. Creo que será un cargo muy importante y todo indica que van a producirse cambios significativos. Sin embargo, mi experiencia personal a nivel político era nefasta, porque la transparencia carecía de todo valor. Los políticos son personas y por mucho que el partido político diga "vamos a ser más transparentes", después el alcalde hace lo que le da la gana. Y puede hacer como que cumple la ley, aunque no sea cierto.
Por ello es tan importante apretarles desde fuera. No es suficiente con el cumplimiento de la ley, porque en España no se ha tenido en cuenta al ciudadano. Hemos sido el último país de Europa en legislar sobre la materia. Aunque es cierto que va a haber un antes y un después. Hasta ahora solo se podía hacer oposición preguntando por escrito, en un pleno, o presentando mociones. Ahora se podrá preguntar las veces que sean necesarias y el silencio administrativo será afirmativo. En definitiva, es una herramienta potentísima de fiscalización para la oposición.
-En la mesa de trabajo en la que ha participado se han abordado las exigencias actuales y los cambios en materia de contratación pública ¿cuál es la principal novedad?
-La contratación electrónica obligatoria a partir de 2016. Significa que se tendrá que contratar a través de internet y supondrá, por si sola, garantizar la libre concurrencia, publicidad, etc de todas las plazas que se pretendan cubrir. Un hecho que supone muchísimo trabajo para alcaldes, tesoreros, secretarios e interventores, porque se tiene que formar y adaptar el Ayuntamiento a la nueva legislación... Y la mayoría no están preparados.
Hay cuatro pautas importantes en las cuales vamos a rebufo de Europa:
1. Primero habrá que implementar la ley de Transparencia. Esto obligará al secretario a redactar un organigrama interno ¿Quién ha de ser el encargado de colgar en internet y qué es lo que va a tener que colgar? ¿Con qué periodicidad?
2. En segundo término, habrá de cumplir unos mínimos de la norma (ya sean licitaciones, exposiciones de motivos, etc).
3. En tercer lugar, alguien tendrá que decir que se están haciendo bien las cosas y la ley dice que es una empresa externa la que ha de certificarlo. Nosotros, como asociación, no queremos entrar en los Ayuntamientos, en la certificación normal; sino en las grandes certificaciones (unas diez al año). No podemos ir donde va a acudir todo el mundo.
4. Y por último, la contratación electrónica; que servirá para que en la mesa de contratación no haya ni alcaldes ni políticos. Será un grandísimo avance.
-¿En qué consiste la titularidad real? ¿También será exigida?
-Desde 2010 en mi profesión de prevención del blanqueo de capitales es obligada: Todas las entidades con actividad deben hacer una manifestación de titularidad real. El que tenga más del 25% (de la propiedad de una empresa) tiene que ir a la notaría y certificarlo. Y ésto no se está pidiendo en estos momentos en las administraciones públicas.
Por ello, vamos a pedir que se exija, porque ¿a quién le doy la adjudicación si realmente no sé quién manda en la empresa? Es un asunto gravísimo y con una simple ordenanza municipal es sencillo de aplicar. Luego, en Ayuntamientos de más de 25.000 habitantes, promocionaremos el establecimiento de una oficina técnica de prevención de delitos. Se van a tener que tomar gestos importantes en Ayuntamientos valientes, porque hasta hace nada parecía que se estaba cumpliendo la ley y lo que realmente estaba pasando es que se robaba a manos llenas.
-¿Qué comparación puede hacer con Europa y el resto del mundo respecto a nuestro nivel de transparencia?
-Con un ejemplo basta para comprobar lo lejos que estamos: El presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, tiene su correo electrónico público, es completamente accesible a todo el mundo, pese a que la seguridad del Estado prima por encima de todo ¿Cómo es posible que sepamos la trazabalidad de un pepino (cuándo, quién lo recoge, cuánto tiempo está en el almacén, si se rompe la cadena del frío, etc) y no sepamos nada de una empresa que trabaja con un Ayuntamiento? ¿Cómo es posible?
Por tanto, debe ser de obligado cumplimiento llevar a cabo un plan de prevención de delitos. Debe estar obligado por ley. Además, su implantación no sería costosa, porque serían los mismos funcionarios o abogados del consistorio los que lo ejecutaran, con una formación que les impartiríamos totalmente gratuita.
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