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VALENCIA. Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), la empresa municipal que el nuevo Gobierno local se ha propuesto liquidar lo antes posible, sigue generando polémica. A la existencia de cajas metálicas con dinero en efectivo y contrataciones de personal afín al Partido Popular -tal como avanzó Valencia Plaza-, se une ahora 661.000 euros en pagarés pendientes de pago, contrataciones "a dedo" y cesiones ilegales de trabajadores.
El consejo de IPG, con representación de todas las fuerzas políticas del Consistorio, ha constatado que los gestores del anterior equipo municipal, que presidía el popular Arturo Torró, gastaba 200.000 euros mensuales en nóminas y, al mismo tiempo, realizaba contratas con empresas externas para evitar engrosar el capítulo de nóminas. Una cifra que podría aumentar si se corrobora la existencia de trabajadores autónomos, según han afirmado diferentes fuentes a Valenciaplaza.com.
Ante estos hechos, el representante de Ciudadanos Daniel Martí apunta que hasta el 13 de junio el personal contratado por la mercantil pública era de 132 personas. De estos, 43 finalizaron su contrato el 13 de junio y unos 65 trabajadores tienen contratos fijos. "La gran mayoría de los contratados fueron puestos a dedo por el anterior ejecutivo del Partido Popular y empresas externas tenían en nómina a personas que trabajaban en el mismo Consistorio, vía contrata externa desde IPG", sostiene.
Martí explica que las empresas se están dirigiendo a IPG para reclamar el pago de las facturas correspondientes a las nóminas y, a su vez, los trabajadores están llamando a IPG solicitando su cobro, cuando "lo normal es que se dirijan a la empresa que les contrató y les paga las nóminas".
Asimismo, los nuevos miembros del consejo de IPG han recibido una carpeta con 17 pagarés cuya suma asciende a 661.411 euros. Fuentes próximas a la empresa han explicado que estos pagarés fueron firmados por el entonces alcalde en funciones y presidente de IPG, Arturo Torró, con fecha de 1 de junio de 2015. Sus vencimientos tienen fechas entre este jueves, 25 de junio, y el 1 de julio.
Los nuevos gestores sospechan que los pagarés no están asentados en la contabilidad de IPG. Además, el personal de la empresa pública desconoce la existencia de estos documentos.
PAGO A LA PROMOTORA DEL PARQUE ACUÁTICO
La carpeta, color rojo, fue entregada este jueves por la mañana -fecha del vencimiento de los primeros pagarés- por Lola Moncho, miembro del consejo de administración de IPG por parte del Partido Popular, y en ella figuran facturas con importes de hasta 118.000 euros. Según ha podido saber Valenciaplaza.com, entre las empresas beneficiarias figuran Ossido Comunicación, la editorial Altoclaro y Profun Management, firma norteamericana promotora del proyecto del Parque Acuático de Gandia. Este último pagaré es de 43.000 euros. El proyecto, del que no se ha puesto ni la primera piedra, ha servido de apoyo a la imagen de Arturo Torró desde hace más de un año.
La sociedad Altoclaro, editora de la revista Sociedad y Política, ideológicamente identificada con Torró, ha estado en los últimos meses en el ojo del huracán al haberse negado el hasta hace poco alcalde a facilitar a la oposición las factras de IPG con esta empresa.
En las lista de 17 empresas beneficiarias hay más firmas vinculadas a Torró, según las mismas fuentes. El nuevo consejo ha solicitado un par de días para analizar esas facturas, su procedencia y el concepto de las mismas. De hecho, al carecer de cobertura contractual, fueron motivo de una reunión de urgencia.
A todo ello hay que sumar la incógnita de las dos cajas con dinero en efectivo que fueron encontradas este lunes y de las que todavía se desconoce el importe exacto. Según han explicado desde el consejo de administración de IPG, ese dinero era empleado por el gerente de la empresa pública para pagar a sus proveedores evitando "transferencias y operaciones bancarias", para evitar embargos.
La situación de la empresa se describe como "crítica" desde el consejo, especialmente teniendo en cuenta que en abril la empresa pública tuvo una inyección de 3,5 millones de euros y, a fecha de doy, "no queda nada de ese dinero", solo unos 6.000 euros, y sí unas deudas que pagar en las próximas semanas.
Espero que este señor y sus cómplices estén muy pronto ante un juez para dar explicaciones de su turbia gestión
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