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VALENCIA. El Gobierno central ha calificado de "muy restrictivo" el decreto ley 1/2015 de 27 de febrero aprobado por el Consell y ha señalado que discrepa sobre todo del artículo 21 y la disposición transitoria segunda sobre zonas de gran afluencia turísitica.

Una divergencia que será tratada en una comisión bilateral (de la que informamos este miércoles) y sobre la que este jueves hemos conocido más detalles. Si la disparidad de criterio no se resuelve por la vía del diálogo el ejecutivo puede acabar presentando un recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque según fuentes del Ministrio de Hacienda, todavía hay mucho margen para tratar de consensuar la norma.

¿QUÉ CUESTIONA HACIENDA?

En síntesis, Hacienda cuestiona esos apartados del decreto porque, según estas fuentes, a su entender se alejan de la esencia de la norma estatal. En primer lugar, "porque infringen el principio de proporcionalidad", y en segundo término, "porque también afectan a la ley de unidad de mercado", precisan.

Respecto a la disposición transitoria, discrepan de la limitación a dos años de la aprobación de zona de gran afluencia turísitica. En el decreto ley se puede leer: "Las que estuvieran declaradas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto ley mantendrán esta consideración (...) durante un plazo máximo de dos años". Y según el Ministerio, "especificar que caducan a los dos años no lo contempla la ley estatal, ya que declara que serán zonas de gran afleuncia turística a perpetuidad".

Por otra parte, el artículo 21 señala que los "establecimientos ubicados en zonas de gran afluencia turística tendrán plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abietos al público en la Comunitat Valenciana".

Este primer punto no debiera ser motivo de controversia, pero sí el resto del artículo, cuando según el Ministerio, sin querer entrar en el detalle concreto de la letra que más molesta, sí matizan que, "en general la Generalitat ha sido mucho más precisa y restricitiva que la ley estatal, que no establece tantas condiciones para determinar las zonas de gran afluencia turística".  

Por ejemplo, según la norma aprobada por el Consell, se podrá declarar zona de gran afluencia turística "la existencia de una concentración suficiente de plazas en alojamientos y establecimientos turísticos (15 plazas por cada 100 habitantes)". O bien la "existencia de una concentración suficiente en el número de segundas residencia respecto a las que constituyen residencia habitual (al menos de un 20% del total de viviendas del municipio)". O además, que haya sido declarada "Patrimonio de la Humanidad"; "se localice un bien inmueble de interés cultural"; "se celebren grandes eventos deportivos"; o haya "proximidad a áreas portuarias con cruceros turísticos".

HAY TIEMPO PARA EL CONSENSO

Son a juicio de Hacienda "restricciones o condiciones" que la ley estatal no considera. Por tanto, concluyen que será necesario hablar y delimitar competencias. Aunque estas fuentes también han insistido en que hay margen para llegar a un acuedo y consensuar los cambios en la norma antes de presentar un recurso al Constitucional.

En principio, el calendario viene marcado por la necesidad de que tome posesión el nuevo Gobierno autonómico, que a la postre es el interlocutor con el Ministerio. En ese sentido, estas fuentes apuntan que se abre un periodo de unos tres meses para crear la comisión bilateral.

Después se abrirá un periodo de reuniones por vídeoconferencia de entre cuatro o cinco meses, con representantes del Ministerio de Hacienda por un lado, y del otro personal y expertos de la Conselleria de Economía o de vicepresidencia de la Generalitat (José Císcar, vicepresidente del Consell en funciones, es quien ha firmado el decreto ley, junto al ministro Cristobal Montoro). Sólo en última instancia (en total en un plazo de unos ocho meses), si no hubiera acuerdo, el Gobierno central presentaría el recurso ante el Constitucional.