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VALENCIA (EP).  El Gobierno central abordará con la Generalitat sus "discrepancias" sobre la normativa autonómica que regula las zonas de gran afluencia turística, según el acuerdo adoptado en abril por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, que fue convocada por las "dudas" planteadas por el Ejecutivo estatal, han indicado a Europa Press desde la conselleria competente en comercio.

Ese acuerdo, comunicado al Tribunal Constitucional, ha sido publicado este miércoles tanto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) como en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Desde la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo han explicado que esta comisión bilateral fue convocada, a instancias de la Administración del Estado, con ocasión de la aprobación del decreto ley del Consell de horarios comerciales en la Comunitat Valenciana, por tener "dudas" sobre el artículo 21, que regula las zonas de gran afluencia turística, y la disposición transitoria segunda, relativa a la revisión en un plazo máximo de dos años de las zonas ya declaradas.

Ese órgano bilateral, reunido el pasado 23 abril, acordó "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas" en relación a ambos puntos y designar un grupo de trabajo, formado por representantes de ambas administraciones competentes en la materia, para que "proponer la solución que proceda".

Según han señalado a Europa Press desde la conselleria, el planteamiento de la Generalitat es "mantener las líneas generales del articulado, sin perjuicio de que, en el seno de las negociaciones, surja una propuesta de consenso".

"ES UNA PRÁCTICA HABITUAL"

Además, han remarcado que la celebración de una "comisión bilateral por discrepancias" es "una práctica habitual dentro de los principios de cooperación de las administraciones públicas".

De hecho, según las mismas fuentes, "en la mayoría de los casos se alcanzan acuerdos en el seno de esta comisión bilateral tendentes a proponer modificaciones en las normas en discusión".

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat tiene entre sus competencias analizar las normas con rango de ley, estatales o autonómicas, en relación con las cuales se susciten cuestiones susceptibles de dar lugar al planteamiento de un recurso de inconstitucional, con el fin de llegar a un acuerdo que evite su interposición.